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Parte 2 – Las ofensivas antigénero no cesan
Política de género: buenas noticias
Inevitablemente el escenario político descrito en la primera parte de esta edición está traspasado por la ofensiva antigénero, así como por los ataques a los derechos LGBTQIA+ y el derecho al aborto, que veremos a continuación. Sin embargo, hay buenas noticias.
En el ámbito transnacional, la noticia más importante, sin duda, fue la aprobación por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) de una resolución que reconoce las violaciones de los derechos humanos de las personas intersexuales. Hubo una enorme resistencia al texto por parte de los Estados conservadores, además la delegación de la Santa Sede actuó muy enérgicamente contra su aprobación. No obstante, las numerosas abstenciones, la resolución fue aprobada por 24 países miembros del Consejo, tras haber sido presentada por un abanico aún más amplio de países (de los cuales muchos no miembros del CDH en la actualidad). En un artículo escrito para el SPW, el activista y filósofo argentino Mauro Cabral junto al activista brasileño Amiel Vieira hablan de la importancia de este resultado para la comunidad intersexual.
Asimismo, se han producido dinámicas y cambios normativos auspiciosos en el ámbito de los derechos trans en diversos contextos nacionales. En Brasil, la misma semana en que se adoptó la resolución de la ONU, el Ministerio Público Federal hizo una solicitación al Consejo Federal de Medicina para revocar una resolución que autorizaba la cirugía precoz en niños intersexuales. A su vez, en abril el Parlamento sueco aprobó una nueva ley que rebaja de 18 a 16 años la edad mínima para cambio de género en el registro civil además de facilitar el acceso a la cirugía de reasignación de sexo. También en ese mismo período, el Congreso alemán aprobó una ley que reafirma el derecho a la autodeterminación de la identidad de género en los documentos oficiales, facilitando los trámites burocráticos. La decisión fue elogiada en un artículo de Human Rights Watch.
Del mismo modo, es muy significativo que en el Caribe – una región donde la mayoría de los países siguen manteniendo leyes penales heredadas del colonialismo británico – el Tribunal Supremo de Dominica haya despenalizado las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. Aún sobre el tema del matrimonio igualitario, en Estonia empezó a vigorar en enero la ley aprobada a mediados de 2023, convirtiendo este país en el primero del espacio postsoviético en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo mismo ocurrió en Grecia, donde la nueva ley garantiza también el derecho a la adopción. No menos importante, en Polonia – donde en 2023 el régimen ultraconservador del Partido Ley y Justicia fue derrotado electoralmente – la televisión estatal se disculpó públicamente por años de propaganda homófoba.
Otra buena noticia nos llega del Comité Olímpico Internacional. Como bien ha analizado Nana Soares en un artículo que publicamos el año pasado, el Comité se “lavó las manos” al transferir a las federaciones de cada deporte la definición de los parámetros biomédicos para la participación de las mujeres trans. Como hemos señalado, esto ha provocado desde entonces una avalancha de normas restrictivas en casi todos los deportes. Para frenar esta avalancha, un estudio encargado por el COI a la Universidad de Brighton generó una serie de datos cuyo hallazgo más importante fue que las mujeres trans no son hombres biológicos. La conclusión va en contra de los argumentos de las fuerzas que se oponen a la participación de las mujeres trans en las competiciones femeninas de élite. El resultado no contendrá inmediatamente la furia de estos sectores, pero trae nuevas anclas a las narrativas que se contraponen a estos ataques.
Por último, tomamos nota y celebramos la publicación del nuevo libro de Judith Butler, “¿Quién teme al género?”, que salió a la venta en marzo. En esta nueva obra, Butler reflexiona críticamente sobre los significados y efectos de las políticas antigénero, haciendo un mapeo de sus geografías y conexiones transnacionales mientras refuta las imágenes y narrativas que propagan. En este ejercicio, Butler revisa muchas de sus elaboraciones anteriores y elabora un nuevo marco para el “fantasma del género”. Como puede verse en la recopilación que hemos organizado desde el lanzamiento, y en las diversas entrevistas posteriores, Butler ha subrayado la naturaleza política de los ataques a la teoría de género, incluidas sus conexiones con el posfascismo.
Las ofensivas que no cejan
No obstante, las buenas noticias, las ofensivas antigénero no sólo han persistido, sino también se han vuelto más agresivas desde enero del 2024. El año comenzó con el recién elegido Javier Milei activando su “motosierra” contra el keynesianismo, el “marxismo cultural”, el “género” y el feminismo en el Foro de Davos. La performance, mucho más grotesca que el primer discurso de Bolsonaro en la ONU en el 2019, causó desconcierto en todas partes, incluso entre los actores neoliberales que hasta entonces se habían entusiasmado con la agenda económica de Milei. Un excelente artículo del periódico Página 12 describió la escena, señalando las partes más grotescas del discurso. Mientras tanto lo peor estaba por venir, Elon Musk publicó una imagen pornográfica tóxica en su plataforma digital para mostrar su excitación erótica con el líder libertario de Buenos Aires, como escribió Marcos Augusto Gonçalves en el suplemento Ilustríssima del diario Folha de São Paulo.
Otro evento global de destaque fue la publicación del Cass Review, una revisión técnica realizada por solicitación del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido sobre los enfoques biomédicos de la identidad de género en la adolescencia y la infancia (IGAI). Como era de esperar, el impacto mediático fue inmediato y tendencioso, pues esta cuestión es ahora el principal objeto de la ofensiva antigénero. Algunos medios llegaron a afirmar que la revisión había desvelado el mayor escándalo médico del siglo. En Brasil, tras la publicación de las notas de las agencias de noticias sobre el documento, los colectivos feministas transexcluyentes presionaron a los principales periódicos para que dieran más visibilidad a los resultados.
Tomás Ojeda y Rodrigo Sierra, en un excelente informe sobre la revisión, examinaron la hostilidad que reina en el Reino Unido hacia la IGAI y comparan la diferencia entre lo que dice el informe y lo que circuló en la prensa, puesto que el resultado no menciona el daño físico o psicológico de los enfoques médicos de la IGAI, ni recomienda suspender el uso de bloqueadores hormonales. Por otra parte, los autores señalan que la doctora Cass y su equipo no tienen experiencia en servicios de atención a la IGAI, sobre todo la revisión no ha sido sistemática y tampoco presentaba realmente “datos nuevos”. Muy probablemente debido a la avalancha de críticas procedentes tanto de activistas trans como también del ámbito biomédico – por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría e incluso el gobierno escocés – se detuvo el ciclón. Pero eso no significa que no vaya a haber otros.
Volviendo la mirada a las dinámicas nacionales, algunos hechos muy llamativos provienen de América Latina. En Argentina, en uno de sus primeros actos administrativos, Milei cerró el INADI, organismo responsable de las políticas antidiscriminatorias, y redujo el Ministerio de la Mujer, Igualdad y Diversidad a una Secretaría de Lucha contra la Violencia de Género dentro del Ministerio de Capital Humano. En junio, la secretaría, ya trasladada al Ministerio de Justicia, fue totalmente eliminada. Antes, en febrero, el gobierno vetó el uso del lenguaje inclusivo en los documentos de la administración pública. Del mismo modo, en El Salvador, Bukele ha arremetido contra la “perspectiva de género” y ha ordenado su exclusión de los materiales didácticos de la educación pública.
En Brasil, un estudio publicado en enero por el diario Folha de São Paulo hizo un mapeo de casi 300 proyectos de ley presentados a nivel federal, estatal y municipal con el objetivo de restringir los derechos de las personas trans en diversos ámbitos. Setenta y siete de estas leyes han sido aprobadas. Además, desde 2023, el Ministerio de la Mujer es objeto de ataques digitales sistemáticos por parte de colectivos feministas transexcluyentes que se han posicionado en contra de su política de protección contra la violencia dirigida a las mujeres en su diversidad, es decir, incluyendo a las mujeres trans e intersexuales. Y a principios de junio, poco después de la revisión de Brasil por el Comité de la CEDAW, que elogió la política, la ministra acudió a la Comisión de Educación de la Cámara Federal, presidida por el diputado Nikolas Ferreira, para “aclarar cuál es el concepto de mujer”.
Además de los ataques al “género”, un libro antirracista muy premiado, “O avesso da pele”, de Jeferson Tenório, fue prohibido en las escuelas públicas de los estados de Mato Grosso do Sul, Paraná y Goiás. Un estándar que, en gran medida, reproduce el de Estados Unidos, donde las ofensivas contra el género se combinan con ataques a la pedagogía antirracista.
En Perú, con el argumento de garantizar el acceso al tratamiento de la disforia de género en los seguros privados, el Ministerio de Salud ha adoptado un nuevo reglamento para la atención sanitaria de las personas trans. El protocolo, sin embargo, se basa en la anticuada CIE 10, que definía esta condición como un trastorno mental. En cambio, la CIE 11, aprobada en el 2018, sustituyó la definición de disforia por incongruencia de género y la situó en el capítulo de salud sexual. La reacción crítica fue amplia tanto a nivel nacional como internacional. En Lima, la comunidad trans organizó una marcha de protesta contra la medida.
En Estados Unidos, la ofensiva contra los derechos LGBTQIA+, especialmente contra las personas trans, sigue fuerte. En las legislaturas estatales, a principios de junio se habían presentado más de 500 proyectos de ley, superando el número de propuestas presentadas en todo 2023. Aunque esta virulencia asusta, en el debate promovido por los Diálogos Pendientes y Emergentes, Françoise Girard estima que estos ataques podrían tener un efecto negativo desde el punto de vista electoral.
Por último, a pesar de las buenas noticias sobre la investigación realizada bajo los auspicios del Comité Olímpico Internacional (COI), la saga de la prohibición de la participación de las mujeres trans en los deportes de élite sigue a niveles descentralizados. En EE.UU., la federación de boxeo ha determinado que los atletas trans deben someterse a cirugía de reasignación de sexo para poder competir en torneos y ha establecido un periodo de cuatro años de evaluaciones trimestrales antes de que puedan competir. Del mismo modo, la Federación de Alpinismo ha establecido nuevas normas que restringen la participación de atletas trans.
Arenas de las Naciones Unidas
La 77ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS) se reunió entre el 27 de mayo y el 1 de junio, y el género fue uno de los aspectos más llamativos. Durante el examen de varias resoluciones, en particular las relativas a la cobertura sanitaria universal, la participación social y la crisis climática, países conservadores como Pakistán, Irán, Arabia Saudí, Rusia, Nigeria, Bahréin, Siria y Egipto se opusieron a los términos “sensible al género” (“gender-responsive”) y “salud sexual y reproductiva”. El genocidio en Palestina también causó división en la AMS. Aunque se aprobó la resolución que autorizaba a Palestina a ampliar su papel en la Asamblea, la resolución sobre la salud en Palestina fue secuestrada por Israel, que logró insertar una enmienda que pedía la liberación de los rehenes en Gaza. Fuera de la Asamblea, el famoso autobús de la organización antigénero CitizenGO cruzó Ginebra, esta vez con los colores azules de la OMS, para oponerse al Tratado sobre Enfermedades Pandémicas, uno de los principales temas pendientes de esta asamblea, y consiguió reunir a unos cientos de personas en una manifestación el último día. La movilización contra el Tratado, sin embargo, es mucho más amplia y anterior a la Asamblea, con campañas digitales masivas.
CPD: 30 años de la Conferencia de El Cairo
A finales de abril tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York la 57ª sesión de la Comisión de Población y Desarrollo, que este año celebró el 30 aniversario de la Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo. La Comisión es el órgano responsable del seguimiento de su programa de acción. A diferencia del 2014, el documento final de esta sesión fue consensuado, lo que fue celebrado en diversos ámbitos, incluso el feminista[1].
Pero este documento final no fue, de hecho, ampliamente negociado. Además, se trata de un texto de poco más de 700 palabras en el que proliferan las reafirmaciones y los reconocimientos. Mientras tanto en ningún momento explica los contenidos que hicieron del Programa de Acción de El Cairo un documento extraordinario: la igualdad de género, la salud y los derechos reproductivos, las múltiples formas de familia, los derechos de la infancia y la adolescencia, y el aborto como grave problema de salud pública. Tampoco menciona desarrollos y ampliaciones posteriores de estos conceptos como, por ejemplo, el llamado Consenso de Montevideo.
Por lo tanto, no hay nada que celebrar de los resultados de la 57ª sesión de la CPD. De hecho, el documento final suscita preocupación, sobre todo porque este vacío de referencias a los conceptos nodales de El Cairo se combina con una mención explícita de las preocupaciones demográficas (párrafo 3). Este retorno a los parámetros demográficos debe leerse a través de las lentes utilizadas por Françoise Girard en su excelente revisión del resurgimiento de ideologías y políticas pronatalistas en los más variados contextos nacionales. No menos importante, esta lectura crítica también debe tener en cuenta una reciente y sorprendente declaración del Papa Francisco comparando los anticonceptivos con la industria armamentística. En otras palabras, hay fuertes indicios de que, a nivel institucional, el círculo virtuoso que comenzó en 1994 ha llegado a su fin. Esto no significa, sin embargo, que sus legados no estén vivos en el mundo de la vida.
Derechos LGBTQIA+: buenas y malas noticias
La mayoría de las buenas noticias que nos han llegado sobre los derechos de las personas LGBTQIA+ están relacionadas con las leyes de matrimonio igualitario. Estonia se convirtió en el primer país del espacio postsoviético en reconocer el matrimonio igualitario: la ley aprobada a mediados de 2023 entró en vigor en enero de este año. En febrero, en Grecia, la nueva ley que garantiza este derecho incluyó también el derecho a la adopción. A finales de noviembre de 2023, el Tribunal Constitucional de Nepal reconoció el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. En marzo, ocurrió lo mismo en Tailandia, con una ley aprobada por el Parlamento. Con estas nuevas definiciones legales, ya son cuatro los países que permiten el matrimonio o las uniones civiles entre personas del mismo sexo en Asia, siendo los otros dos Taiwán (2019) e India (2022).
En el Caribe, donde aún están en vigor leyes penales coloniales que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, la ley ha sido objeto de un litigio estratégico en Dominica. El Tribunal Supremo declaró inconstitucional la ley. Y en Brasil, la buena noticia es que el Ministerio de la Mujer está apoyando económicamente una nueva fase del censo de población lesbiana.
Por otra parte, hay muchos ataques y retrocesos, especialmente en el África subsahariana, como puede notarse en un artículo del portal Openly y en un análisis de DW que identifica las huellas de la derecha religiosa estadounidense en esta oleada. Entre otros ejemplos nacionales, en Ghana se aprobó a finales de febrero una ley draconiana propuesta en 2021. El texto castiga no sólo las conductas homosexuales, sino también cualquier iniciativa considerada de defensa política de los derechos LGBTQIA+ (nuestra recopilación ofrece análisis de la ley).
En Uganda, donde las drásticas iniciativas legislativas contra la homosexualidad y la transexualidad se remontan a principios de la década de 2010, el Tribunal Constitucional legitimó la draconiana legislación vigente, que prevé penas de hasta cadena perpetua para las personas condenadas por relaciones homosexuales. El Tribunal, sin embargo, preservó la protección del acceso a la atención sanitaria para la prevención del VIH y para las personas que viven con el virus. Como analiza un artículo de Open Democracy, la manutención de estos dispositivos ha sido criticada por activistas y profesionales de la salud pública, que la consideran inútil en un contexto de hipercriminalización.
En el vecino Burundi, donde las relaciones homosexuales están penalizadas desde 2009, el presidente ha recurrido a una fuerte retórica homófoba. Y un episodio ocurrido en el contexto poselectoral en Senegal ilustra el agravamiento del sentimiento anti-LGBTQIA+ que prospera entre los dirigentes, pero también en las sociedades regionales. En mayo, Jean Luc Mélenchon, líder de la izquierda francesa, visitó Senegal y, en un foro estudiantil en la Universidad Cheikh Anta Diop, defendió el matrimonio igualitario. Fue abucheado y Ousmane Sonko, el nuevo primer ministro, criticó a Mélenchon, afirmando que tal defensa moviliza el sentimiento antioccidental en África. Posteriormente, dos hombres fueron detenidos tras acusar públicamente al primer ministro de tolerar la homosexualidad al permitir la presencia de Mélenchon en el país.
También cabe destacar la aprobación de una ley en Irak que castiga con penas de cárcel los “actos homosexuales” y a los “hombres que actúen intencionadamente como mujeres”. Y en el Caribe, en contraste con la buena noticia de la derogación de la ley de sodomía en Dominica, el Tribunal de San Vicente y las Granadinas denegó una demanda de inconstitucionalidad de la misma ley penal.
Aborto y derechos reproductivos
En Francia, el Parlamento aprobó a principios de marzo la constitucionalización del derecho al aborto, una iniciativa del Gobierno de Macron apoyada por una amplia coalición de diputados de izquierda a derecha. El episodio adquirió mucha visibilidad y fue visto como una respuesta a la reacción mundial en este ámbito. También fue muy discutido y destacado por considerarse el primer caso de una nación que inscribe esta práctica en la Carta Magna. Sin embargo, como señala un artículo de Tanja Ignjatovic, publicado en el portal Balkan Insight, Yugoslavia ya había constitucionalizado este derecho en el 1974. Sonia Corrêa, en su prólogo a la traducción del artículo de Tanja, aborda el acontecimiento desde una perspectiva que combina la trayectoria histórica de la despenalización con los recuerdos personales.
Tras la ley francesa, el Parlamento Europeo también aprobó una resolución que incluye el aborto en la lista de derechos fundamentales de la Unión Europea. Y en Alemania, un comité de expertos ha recomendado la legalización del aborto en el país. Aunque tolerado en la práctica, la ley actual tipifica la práctica como delito.
En Polonia, el gobierno posautocrático de Donald Tusk ha cumplido su promesa de reformar la legislación sobre esta práctica, sometida a una penalización draconiana durante los años de gobierno del Partido Ley y Justicia. En abril se aprobaron en la Cámara Baja cuatro proyectos de ley que legalizaban y ampliaban el acceso a este procedimiento. Hemos recopilado análisis del panorama polaco y de las perspectivas sobre el tema.
Aunque bajo los ataques al derecho al aborto en América Latina y a pesar del clima político desfavorable para su gestión, el presidente Gabriel Boric ha anunciado que en el segundo semestre de este año su gabinete propondrá un proyecto de ley para el aborto legal en el país. En Chile, el aborto solo está permitido en tres circunstancias, aún así desde el 2017.
Todavía teniendo en cuenta América Latina, Brasil fue denunciado en marzo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por violar el derecho al aborto legal. En mayo, el país se sometió a una revisión por parte del Comité de la CEDAW, que hizo una recomendación preliminar al Estado para legalizar y despenalizar el aborto en el país. La recomendación es bienvenida, ya que está en línea con los argumentos presentados en la ADPF 442/2017, que se encuentra actualmente en el Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, el Comité perdió la oportunidad de hacer recomendaciones contundentes sobre la necesidad de proteger los servicios de aborto legal que, como se verá a continuación, están bajo fuertes ataques.
Por último, en Argentina, donde el nuevo gobierno promueve enérgicamente el clima antiabortista, a finales de abril, la Corte Suprema falló en contra de una demanda colectiva que cuestionaba la constitucionalidad de la ley del aborto aprobada en el 2020.
Malas noticias
Como mencionado anteriormente, llegan malas noticias desde Argentina. El presidente Javier Milei ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para derogar la reforma aprobada en el 2020. También ha realizado un fuerte recorte en la financiación de los servicios del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Estas ofensivas no deben ceder, entre otras cosas porque el actual Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dirigió la política sanitaria en la ciudad de San Miguel, donde desde hace algunos años se implementa una fuerte política para convencer a las mujeres de no ejercer su derecho al aborto.
Mientras tanto, en Brasil, como analizado en nuestro informe, los servicios de aborto legal existentes desde el 1989 son objeto de fuertes ataques y, lamentablemente, en febrero se suspendió la publicación de una nota técnica del Ministerio de Salud que habría sido un primer paso para frenar las ofensivas. La situación empeoró en abril cuando el Consejo Federal de Medicina (CFM) publicó una resolución que prohíbe a los médicos practicar abortos bajo cualquier circunstancia después del 22º día de embarazo. A finales de mayo, el Supremo Tribunal Federal juzgó la ADPF 1141/24 y dictó una medida cautelar que suspendió la resolución del CFM. Sin embargo, desde febrero el Ministerio de Salud no ha adoptado ninguna nueva definición sobre el tema, lo que resulta muy preocupante.
A mediados de junio, la Cámara de Diputados aprobó, en una fulminante votación simbólica, la tramitación urgente del proyecto de ley 1904/2024 que equipara el aborto después de la 22ª. semana de gestación con el homicidio. Al fin y al cabo, el texto propone criminalizar el acceso al aborto. El proyecto de ley, cuyo autor es el diputado Sóstenes Cavalcante, se conoció como el “proyecto de ley del violador” y provocó una protesta generalizada e inmediata en su contra. En nuestra extensa recopilación, presentamos el escenario y los cálculos políticos implicados, los efectos prácticos en la vida de mujeres y niñas, así como las manifestaciones de repudio.
En Italia, bajo el gobierno de Giorgia Meloni, se aprobó una ley que autoriza a los activistas antiabortistas a entrar en las clínicas que ofrecen consulta y asesoramiento a las mujeres que desean interrumpir su embarazo.
Por último, en Estados Unidos, el panorama del derecho al aborto sigue siendo tumultuoso. Los dramáticos efectos de la anulación de Roe vs. Wade se revelan a medida que pasa el tiempo: un estudio ha cifrado en más de 64.000 los embarazos provocados por violación en 14 Estados desde junio de 2022. En otro capítulo inquietante, a mediados de abril el Tribunal Supremo de Arizona dio permiso para reinstaurar una ley de 1864 que prohíbe el derecho al aborto y criminaliza a los proveedores del procedimiento, con la excepción de cuando hay riesgo de muerte para la persona embarazada. Tanto Biden como Trump la han criticado. Aunque el ejecutivo estatal derogó la prohibición a principios de mayo, el caso es indicativo del clima político al rededor del tema. A su vez, en Alabama la Corte Suprema del Estado ha equiparado los embriones fecundados in vitro a los niños, una decisión que lo sitúa en la senda de la prohibición total del aborto, mientras afecta a los servicios de reproducción asistida. La decisión es tan problemática que tanto Biden como Trump la han criticado.
Feminismos y género
Desde la chapucera retirada estadounidense de Afganistán en el 2021, que tuvo efectos dramáticos en la vida de las mujeres, las niñas y las personas queer, poco se ha hablado del país, quizá porque el número de crisis y guerras se ha multiplicado desde entonces. Bajo este silencio, la situación de las mujeres y sus derechos alcanzó niveles drásticos de deterioro. A finales del 2023, el régimen talibán anunció la intención de reinstaurar del castigo de flagelación y lapidación para las mujeres consideradas adúlteras. Asimismo, el país vuelve a lo que era antes del 2001 cuando se produjo la invasión estadounidense, justificada, como analizado por Berenice Bento, no sólo como represalia por el ataque a las Torres Gemelas, sino también como “defensa de los derechos de las mujeres afganas”.
En los últimos seis meses hubo retrocesos y ataques contra instituciones y medidas destinadas a combatir la violencia de género en América Latina. Además de la ya mencionada demolición de la secretaría dedicada al tema en Argentina, en mayo el gobierno de Noboa, en Ecuador, transformó el antiguo Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos en un Ministerio de Política Criminal y Derechos Humanos. Bajo la influencia de las protestas, el gobierno intenta persuadir al movimiento feminista de que no se modificará el contenido de las políticas de derechos de las mujeres.
A su vez, en Brasil las amenazas de grupos misóginos de ultraderecha masculina llevaron a la activista Maria da Penha, cuya ley de protección contra la violencia de género lleva su nombre, a solicitar al Ministerio de Justicia medidas especiales de protección.
Por último, en India, nada más terminar las elecciones, la escritora feminista Arundathi Roy – crítica tajante del régimen – fue detenida en una protesta ecologista en Delhi. Aunque puesta en libertad bajo fianza al día siguiente sigue siendo investigada. Este acto represivo es una señal: pese a que haya perdido apoyos en el reciente proceso electoral, Modi no abandonará fácilmente la política de la arbitrariedad. El día que detuvieron a la escritora, el primer ministro estaba en Italia, en la reunión del G7, abrazando calurosamente al Papa que, invitado por Meloni, era la gran estrella de la cumbre.
Vaticano
A principios de abril del 2024, la Santa Sede publicó la declaración Dignitas Infinita, un documento que debe entenderse como la primera directiva doctrinal amplia de Francisco I para guiar a las autoridades eclesiásticas, a los fieles y a los creyentes en relación con las cuestiones de derechos humanos, género, sexualidad y reproducción.
Desde el 2013, el papa Francisco ha mantenido la condena radical del aborto, mientras ha hecho evasivas contradictorias sobre la homosexualidad y declaraciones negativas sobre el “género”. En el 2019, su papado publicó un primer documento sobre el “género” en la educación, titulado Hombre y Mujer, Dios los Creó, aunque de tono dialogante el contenido no difiere sustancialmente de las concepciones elaboradas en documentos de papados anteriores.
La declaración Dignitas Infinita también aborda estas cuestiones, pero no de forma específica. En el nuevo texto, hay una equiparación a otras crisis que afectan al mundo actual, como la pobreza, la guerra, la migración y el tráfico de seres humanos y la violencia digital. En este marco ampliado, el aborto, la teoría de género, la reasignación de sexo y la gestación subrogada se condenan no sólo como amenazas a la familia o a una determinada concepción moral, sino como violaciones de la dignidad humana, concebidas en un registro epistemológico católico.
El documento es complejo y requiere una exégesis cuidadosa y detallada. Pero debido a su relevancia en el momento político actual, pensamos que sería productivo ofrecer una lectura preliminar de su contenido, con el compromiso de compartir más adelante una crítica elaborada de esta nueva pieza doctrinal.
Desde que Bergoglio fue elegido Papa en el 2013, hemos publicado numerosos artículos sobre las políticas del Vaticano en materia de género, sexualidad y derechos humanos. Algunos de estos textos ofrecen claves de lectura adicionales para examinar críticamente los argumentos desarrollados por Dignitas Infinita. Por ejemplo, la entrevista a María José Rosado sobre la elección del Papa Francisco I, una nota escrita en el 2020 por Sonia Corrêa sobre los múltiples frentes de actuación del Vaticano, y la entrevista al politólogo Massimo Prearo, publicada en el 2021.
Para otros contenidos sobre el Vaticano, consulte esta recopilación.
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“Los violentos ahora se sienten validados” – Página 12
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¿Niños en peligro? De cómo participar del pánico moral – El Mostrador
El complejo escenario legislativo que enfrenta el aborto legal en Chile – El Mostrador
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Nota a pie de página
[1] Esta incapacidad para llegar a un consenso después del 2014 no debería sorprendernos porque, como sabemos, la Conferencia de El Cairo estuvo en el origen de los ataques contra el género que estallaron en vísperas de Pekín seis meses después. En el 2014, las movilizaciones populares y los discursos políticos contra la “ideología de género” y todo lo que conlleva ya estaban estallando en Europa y América Latina, y nunca cejaron, como muestra este boletín. Estas ofensivas se reflejaron inevitablemente en diversos escenarios de la ONU y más aún en la CPD, responsable del seguimiento de El Cairo.
