Introducción
Este es nuestro segundo e ultimo boletín de 2025. En él ofrecemos una amplia panorámica de los acontecimientos y tendencias de la política de género, sexualidad y aborto a lo largo de 2025, como complemento al análisis realizado en julio, que abordaba las políticas implementadas por el gobierno de Trump II.
En este panorama más amplio se observa que, incluso en contextos en los que se están interponiendo barreras a la desdemocratización, las ofensivas antigénero y de oposición al derecho al aborto no se enfrian automáticamente. En Brasil, por ejemplo, como veremos, las respuestas de contención a las ofensivas antigénero y de oposición al derecho al aborto no han sido tan firmes como deberían. Además, a medida que la erosión democrática sigue su curso, las ofensivas antigénero se vuelven cada vez más extendidas y robustas. Cuando terminábamos esta edición, por ejemplo, José Antonio Kast ganó, por amplia mayoría de votos, las elecciones presidenciales chilenas, lo que tendrá efectos inevitables sobre las políticas de aborto, género y sexualidad.
En los países en los que la erosión democrática está consolidada, estas ofensivas han adquirido contornos drásticos. Es el caso de Paraguay, donde, como analiza Mirta Moragas, la inclusión de la perspectiva de género em educación, atacada desde 2017, acaba de ser abolida por un decreto presidencial. Al otro lado del Atlántico, en el África subsahariana, la criminalización de las personas LGBTTQIA+ sigue recrudeciéndose, ya sea en contextos reconocidamente autocráticos o en países donde prevalecen las condiciones democráticas, como es el caso de Ghana.
Antes de que estuviera lista esta versión en español (originalmente en portugués) de nuestro boletín, la ola autoritaria global alcanzó un punto álgido el 3 de enero, cuando una operación militar estadounidense invadió Venezuela y secuestró al presidente Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York y enfrentando cargos penales. Las repercusiones regionales y globales fueron enormes y aún siguen vigentes, por lo que no podíamos ignorarlas. Por lo tanto, por ahora, hemos recopilado noticias y análisis para ofrecer a nuestros lectores una amplia recopilación que les permita comprender mejor el acontecimiento y sus implicaciones, que seguirán desarrollándose en los próximos años.
A pesar de las numerosas amenazas y retrocesos consolidados, las páginas que siguen traen algunas buenas noticias. Incluso en contextos muy sombríos, se pueden identificar paradojas y matices que abren brechas para el optimismo. Más importante aún, a lo largo del año se registraron momentos vigorosos de resistencia, como las grandes marchas LGBTQIA+ en Argentina a principios de año y en Budapest en junio, y las masivas protestas «No Kings» que tomaron las calles en dos ocasiones en Estados Unidos.
Nuevas publicaciones y podcasts
A lo largo de 2025, el SPW participó en varios eventos nacionales e internacionales y, junto con socios nuevos y antiguos, promovió debates y lanzó publicaciones sobre la dinámica de las políticas antigénero en este complejo escenario de desdemocratización (ver recopilación).
En el contexto de los «Diálogos pendientes y emergentes», realizamos dos seminarios web. El primero, en mayo, analizó los impactos nacionales y transnacionales del gobierno de Trump II. En junio, revisamos las movilizaciones exitosas de resistencia a las políticas de extrema derecha en Estados Unidos, Argentina y Hungría. Para ver los vídeos, consulte la lista de reproducción.
En 2024, la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos invitó a Sonia Corrêa, coordinadora adjunta del SPW, a realizar un estudio sobre los impactos transnacionales de la ultraderecha española. La investigación abarcó Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Kenia, y sus resultados, publicados en octubre de este año, están disponibles en el informe «De España al Mundo: la proyección global de la ultraderecha española contra los derechos sexuales y reproductivos», en español e inglés (y también en catalán).
Políticas antigénero
En las Américas
Comenzamos por Brasil, que, en un contexto generalizado de desdemocratización, se menciona a menudo como un ejemplo de contención de la ultraderecha. A la luz de la reciente y sin precedentes detención de un expresidente, dos generales y un almirante por intento de golpe de Estado, esta valoración es correcta. Sin embargo, esta firme defensa de la democracia en el plano político-institucional contrasta con la persistencia de la violencia estructural, como se vio en la impactante masacre ocurrida en Río de Janeiro a finales de octubre. También contrasta con la tibieza del Ejecutivo ante las ofensivas de la misma ultraderecha contra el género y el derecho al aborto, que se han recrudecido en el país desde 2023.
Por un lado, desde el regreso de Lula a la presidencia, se han restaurado los espacios de participación social, donde las demandas relacionadas con estas agendas y las voces que las reclaman tienen mucha visibilidad. Sin embargo, en el ámbito de las políticas públicas concretas, las cosas son diferentes. Un caso emblemático es el Plan Nacional de Educación (PNE). Desde la Conferencia Nacional de Educación de 2024, que contó con una amplia participación social, los contenidos de género y sexualidad del plan fueron fuertemente atacados. Y el proyecto de ley presentado al Congreso para su aprobación excluyó los términos «género», «orientación sexual» y «población LGBTQIA+», exclusión que se mantuvo en el debate parlamentario. Paralelamente, como mostró un artículo reciente de Jamil Chade, existe una franca resistencia a la inclusión de las perspectivas de género y sexualidad en el propio Ministerio de Educación. Según investigaciones recién publicadas, esta omisión fomenta la censura y la persecución de las profesoras y profesores.
Otro ejemplo es el Programa de Atención Especializada a la Salud de la Población Trans, lanzado en diciembre de 2024 tras un largo proceso de negociación interna, incluso con la Comisión Tripartita de gestores del SUS. Hasta la publicación de este boletín en diciembre de 2025, la ordenanza para la implementación de la política aún no había sido firmada. Desde 2024, este bloqueo ha sido objeto de críticas en artículos periodísticos, de reclamaciones públicas de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) y de protestas en la VII Conferencia de Políticas LGBTQIA+ y durante el 14º Congreso Brasileño de Salud Colectiva.
Esta dilación dio lugar a que, en abril, el Consejo Federal de Medicina (CFM) publicara una resolución que modifica la norma establecida en 2019, restringiendo los parámetros médicos para la re-designación de género e inviabilizando las medidas de atención sanitaria a niños y adolescentes trans. Las nuevas normas fueron ampliamente criticadas. Hay dos acciones de inconstitucionalidad que impugnan las nuevas reglas, que incluso fueron declaradas inconstitucionales por la justicia de primera instancia, decisión posteriormente revocada por el Supremo Tribunal Federal.
Finalmente, en noviembre, el presidente Lula sancionó la ley de la Política Nacional de Lenguaje Sencillo, que busca simplificar los textos de los documentos de la administración pública en los tres niveles de la federación. Durante la tramitación de la ley en el Congreso, iniciada en 2019, su texto fue modificado para incluir también la prohibición del uso de lenguaje neutro. Esta prohibición se mantuvo en la sanción, a pesar de que en mayo de este año el STF declaró inconstitucionales las leyes estatales y municipales que imponen la misma prohibición.
Otros países
En Argentina, a principios de año, el gobierno de Milei firmó un decreto con el objetivo de prohibir el acceso de niños y adolescentes trans a tratamientos hormonales, que posteriormente sería suspendido por la justicia. A principios de noviembre, el ampliamente reconocido programa de prevención del VIH/SIDA del país fue atacado, reduciéndose drásticamente la financiación para campañas y acciones de prevención y tratamiento, lo que agrava el estigma y la discriminación contra las poblaciones vulnerables. Los efectos de esta medida se ven agravados por la desestructuración más amplia del sistema de salud en su conjunto, que se deriva de la política de demolición del Estado, implementada desde 2024.
El gobierno de Milei, que, como es sabido, defiende a gritos la libertad de expresión, sigue atacando abiertamente al feminismo, incluso invirtiendo enérgicamente contra autoras y obras feministas. La agresividad política de Milei se vio impulsada en el segundo semestre por el rescate financiero de Trump y los posteriores resultados favorables de las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Otro caso extremo es El Salvador, donde Bukele, socio pionero de la brutal política anti-migrantes de Trump, sigue ampliando su ofensiva contra el género. Esta política, que se inició en los ámbitos de la educación y la política cultural, se extendió ahora a la prohibición del lenguaje inclusivo, adoptada tan pronto como la nueva ministra de Educación, que es capitana del Ejército, asumió su cargo. El portal (en el exilio) El Faro ha publicado mucho sobre este aspecto, generalmente menos debatido del régimen (más información aquí y aquí).
Por último, en Colombia, en el complejo contexto político que precede a las elecciones presidenciales de 2026, la propuesta de Ley Integral Trans que se debate en el Congreso ha sido respondida con proyectos de ley regresivos y campañas de desinformación llevadas a cabo por políticos, celebridades y líderes religiosos situados a la derecha del espectro político.
Estados Unidos
Como informa a diario la bloguera trans Erin in the Morning, los ataques a los derechos de las personas trans no han cesado desde enero de 2025. En septiembre, portavoces de la Heritage Foundation hicieron público que el FBI incluyera en la lista de amenazas a la sociedad estadounidense la designación «extremismo violento inspirado por la ideología transgénero». Y en enero de 2026, se anunció que la administración Trump había decidido suspender la financiación a las organizaciones y gobiernos extranjeros que apoyan iniciativas de diversidad e identidad de género. Esto significa la ampliación de la llamada ”ley de la mordaza” » que, desde la década de 1980, impide la financiación de organizaciones extranjeras que apoyan el derecho al aborto. Además, en noviembre, el Departamento de Estado anunció en su informe anual sobre derechos humanos que, a partir de ahora, políticas de atención sanitaria para niños y adolescentes trans, así como las políticas de igualdad, diversidad e inclusión (DEI), se considerarán como violaciones graves de derechos humanos.
Sin embargo, el hecho más impactante a destacar en este vasto campo de batalla fue, posiblemente, la convocatoria por parte del Departamento de Guerra de comandantes militares de todos los rincones del planeta para una reunión en la base militar de Quantico, a finales de septiembre. El objetivo de esta orden de emergencia, que suscitó especulaciones de diversa índole, era reunir a estos altos mandos en una misma sala para escuchar al secretario Peter Hegseth clamar enérgicamente por el establecimiento de un «ethos de guerreros» en las Fuerzas Armadas así como por la abolición definitiva del «wokismo» que, según él, lleva mucho tiempo contaminando los estándares militares estadounidenses. El evento fue ampliamente criticado, en general, en tono irónico.
Y, mientras finalizábamos este boletín, se hizo pública la estrategia para 2026 de la Heritage Foundation para profundizar en el Proyecto 2025. Entre las prioridades para el año, hay propuestas de redoblar la inversión en las familias heterosexuales nucleares, en la oposición al derecho al aborto y en la consolidación de la ideología esencialista del género. Además, el movimiento Make America Healthy Again (MAHA), liderado por Robert F. Kennedy Jr., influencia hoy la pauta del Departamento de Servicios de Salud, dirigido por él, cuyas conexiones con las políticas antigénero tampoco se pueden ignorar. Esto incluye declaraciones de que la adición de productos químicos al agua (como el flúor) puede causar disforia sexual y fomentar el uso de testosterona y, sobre todo, diversas medidas destinadas a «proteger a los niños de los males de la modernidad”. Más allá de estos impactos domésticos, es fundamental no perder de vista el potencial contagio transnacional de las políticas transgénero de Trump.
Por otro lado, también es fundamental recordar que, a principios de noviembre, la ciudad de Nueva York eligió al socialista demócrata Zohran Mandani como alcalde, una respuesta enérgica a la lógica cotidiana de autocracia incitada por Trump. Es muy significativo que Mandani fuera elegido sin renunciar a su oposición al genocidio en Gaza ni a la defensa incondicional de los derechos de identidad de género.
Por el mundo
A lo largo del año, se registraron reformas constitucionales, decisiones judiciales, decretos y políticas públicas antigénero en muchos otros contextos nacionales. En abril, el Tribunal Supremo del Reino Unido, dando continuidad al caso iniciado contra la ley escocesa de identidad de género en 2022, decidió que la ley de igualdad de género solo contempla a las mujeres biológicas designadas como tales al nacer. Desde entonces, se han propuesto varios ajustes para alinear las políticas públicas con la decisión. Entre otros, se está elaborando una directriz para excluir a las mujeres de los espacios femeninos debido a su apariencia y comportamiento.
A continuación, el Parlamento de Austria prohibió el lenguaje inclusivo en sus comunicaciones internas y en sus documentos administrativos. En Eslovaquia, en septiembre, se aprobó una enmienda constitucional que restringe la identidad social a los «sexos biológicos», dificulta el acceso a las cirugías de reasignación de sexo y prohíbe la adopción por parte de parejas del mismo sexo. La decisión también restringió la oferta de educación sexual, según Amnistía Internacional, lo que supone un retroceso político draconiano.
Esta tendencia se extiende a Turquía, donde se ha presentado un proyecto de ley de reforma de los códigos penal y civil que propone ampliar la criminalización de las personas LGBTQIA+. Si se aprueba, la ley afectará más directamente a las personas trans, ya que tipifica como delito los comportamientos considerados «contrarios al sexo biológico y a la moral» y prohíbe la atención sanitaria y los procedimientos de transición de género para menores de 25 años. En la misma línea que las leyes promulgadas en Rusia en 2013, ilegaliza la llamada «propaganda homosexual», incluida la producción periodística sobre temas LGBTQIA+.
E, incluso en Nueva Zelanda, donde la aceptación de la diversidad de género es inherente a la cultura maorí, el nuevo gobierno de derecha anunció en noviembre la prohibición de los bloqueadores hormonales para niños y adolescentes trans. La medida fue impugnada judicialmente por la Asociación Médica para la Salud Trans de Ateroa (nombre maorí del archipiélago). Y en Canadá, la provincia de Alberta también aprobó una enmienda legal que, según los grupos defensores de los derechos trans, «revoca el derecho a la vida de los jóvenes trans».
Volviendo a Europa, en Portugal, la influencia ultraconservadora de Chega sobre el gobierno de la llamada derecha democrática está dando sus frutos. En julio, al igual que en Paraguay, se eliminaron del plan de estudios nacional de ciudadanía los contenidos de educación sobre género y sexualidad.
El mundo del deporte
Como hemos informado sistemáticamente, desde 2022 se han multiplicado las restricciones a la participación de personas trans, especialmente mujeres, en las más diversas modalidades deportivas. Incitadas, desde antes, por virulentas campañas de corrientes feministas esencialistas, actores sociales y gobiernos de ultraderecha, como analizó Nana Soares en un artículo de 2023, estas medidas de exclusión se vieron facilitadas por la decisión del Comité Olímpico Internacional de descentralizar la decisión sobre la materia a las federaciones específicas. Y, desde entonces, esta ola no ha remitido.
En mayo, World Boxing implementó el requisito de pruebas genéticas para verificar el sexo biológico de las boxeadoras, una medida que no está desvinculada de los ataques y amenazas que la argelina Imane Khelif ha estado sufriendo desde los Juegos Olímpicos de París. La atleta, que se negó a hacerse la prueba, está suspendida y no puede competir en el campeonato mundial que se celebró en septiembre. La brasileña Nayara Ferreira, que juega en el KV Dínamo de Albania, también fue suspendida por la Federación de Voleibol del país tras ser denunciada por «ser una mujer trans» por equipos rivales. Según Nayara: «Me pidieron una prueba de género. He jugado en siete países, incluido Arabia Saudí. Nunca antes me habían hecho esa pregunta, nunca».
Tiffany Abreu, la campeona trans brasileña, también vio prohibida su participación en el Mundial de Clubes por el Comité de Elegibilidad de Género de la Federación Internacional de Voleibol, cuyos criterios ahora impiden la participación de atletas que hayan realizado la transición después de la pubertad. Y en Estados Unidos, los Comités Olímpico y Paralímpico, bajo el impacto de la Orden Ejecutiva emitida en febrero por Trump, también prohibieron la participación de atletas trans en las categorías femeninas. La exclusión de las mujeres trans de las competiciones paralímpicas es especialmente perversa.
Derechos LGBTQIA+
Buenas noticias
A pesar de estos numerosos retrocesos, al observar el panorama de los derechos LGBTQIA+ de manera más amplia, se registran algunas buenas noticias, incluso en lo que respecta al derecho de las personas trans.
Comenzando de nuevo por Brasil, un número importante de universidades ha establecido, a pesar de las numerosas presiones y ataques, cuotas para que las personas trans puedan acceder a la educación superior, ya sea en grado, posgrado o doctorado. Esta lista, que comenzó en 2018 con las cuotas adoptadas por la Universidad Federal del Sur de Bahía y la Universidad Federal de Bahía, se amplió, en 2025, con otras cinco universidades: Universidad Federal de São Paulo, Universidad Federal de Rio de Janeiro, Universidad Nacional de Brasilia, Universidad Federald Fluminense y Universidad Estadual de Campinas. Más recientemente, el Consejo de la UFMG votó la aprobación preliminar de un nuevo régimen de cuotas trans.
También cabe destacar la celebración de la IV Conferencia Nacional LGBTQIA+, que no se celebraba desde 2016. En opinión de Bruna Benevides, presidenta de ANTRA, esta reapertura de los espacios de participación social para el debate sobre políticas públicas ha sido muy favorable para el reconocimiento de las demandas trans. Por último, el Tribunal Supremo Federal amplió la protección de la Ley Maria da Penha a las parejas masculinas del mismo sexo y/o a las parejas que incluyen a travestis y mujeres trans.
También llegan buenas noticias desde el Caribe. En Santa Lucía, el Tribunal Supremo derogó la ley de sodomía heredada de la época colonial (más información aquí). En Cuba, el Parlamento aprobó una ley que amplía los derechos de las personas trans, permitiendo el cambio de género en el documento de identidad sin necesidad de cirugía de reasignación sexual. Y en Puerto Rico, a pesar de la ofensiva antitrans del gobierno de Trump, el Tribunal Supremo reconoció el derecho de las personas no binarias a actualizar su certificado de nacimiento.
En Polonia, el Tribunal Supremo simplificó el cambio de género y el reconocimiento de la identidad social, y finalmente se abolió la última de las llamadas «zonas libres LGBT». Y en Corea del Sur, el Gobierno anunció que el próximo censo nacional registrará, por primera vez, las uniones entre personas del mismo sexo.
De nuevo las sombras
Entre marzo y abril, basándose en una ley anterior que prohibía los contenidos LGBTQIA+ para niños, el Parlamento húngaro aprobó una reforma constitucional que prohíbe las marchas del Orgullo en el país. Hubo fuertes protestas de la oposición y, como ya se ha mencionado, en junio, el movimiento LGBTQIA+ movilizó una marcha colosal en Budapest en la que participaron más de 300.000 personas.
Y, volviendo a Estados Unidos, no solo los derechos trans están bajo ataque, sino que hay indicios de que la Corte Suprema podría derogar la prohibición de las llamadas «terapias de conversión». Esta ofensiva contrasta con la fuerte presencia de hombres gays en el Gobierno y en el entorno estratégico del Gobierno de Trump, que fue analizada en un artículo del New York Times, republicado por Folha de São Paulo. Como muestra el artículo, los antecedentes de esta presencia gay se remontan a las elecciones de 2016, cuando Trump recibió el apoyo explícito del magnate tecnológico Peter Thiel, hoy reconocido como el intelectual de extrema derecha de Silicon Valley.
Como ya se ha mencionado, en el África subsahariana siguen proliferando los decretos y las leyes penales contra las personas LGBTQIA+. En Burkina Faso se ha aprobado una ley que penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que supone un grave retroceso, ya que en el país no existían leyes coloniales contra la sodomía, como ocurre en la gran mayoría de los Estados de la región. La aprobación fue celebrada por el capitán Ibrahim Traoré, líder del régimen militar. En Níger, un juez del Tribunal Superior fue destituido de su cargo por la Junta militar que gobierna el país por rechazar la condena de dos mujeres lesbianas acusadas de «indecencia pública». Y en Uganda, según un informe reciente de HRW, la represión sistemática adoptada por el régimen de Museveni, desde la aprobación de la nueva ley penal anti-LGBTQIA+ de 2023, ha agravado, drásticamente, las condiciones de vida de esta comunidad.
Pero también se han aprobado o se están debatiendo leyes similares en países donde prevalecen las normas democráticas. En Namibia, el presidente promulgó una ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Ghana, un proyecto de ley draconiano contra los derechos de las personas LGBTQIA+ avanza en el Parlamento. Y, según Amnistía Internacional, desde el año pasado también se han producido abusos, persecuciones y detenciones arbitrarias contra la población LGBTQIA+ en Túnez.
En Asia y Oriente Medio, las noticias tampoco son halagüeñas. En Kazajistán, el Senado aprobó una ley que penaliza la llamada «propaganda LGBT», que replica la ley rusa de 2013. En Hong Kong, el Parlamento rechazó, en septiembre, un proyecto de ley que garantizaba algunos derechos a las parejas del mismo sexo cuya unión se hubiera celebrado en el extranjero. Por primera vez desde 2021, cuando Pekín intervino en el proceso electoral del territorio, la legislatura local rechaza un proyecto de ley de este tipo. Y, en Indonesia, una propuesta de ley que endurece la censura contra los contenidos LGBTQIA+ en las plataformas digitales ha avanzado en el Congreso, al tiempo que la policía lleva a cabo redadas feroces contra fiestas y reuniones privadas de la comunidad.
La Alianza LGB
Otra noticia inquietante en el panorama transnacional de 2025 fue la aparición de la Alianza Internacional LGB, una plataforma global que excluye explícitamente a las personas trans. Creada en el Reino Unido, la nueva plataforma comparte las premisas esencialistas adoptadas por el Tribunal Supremo en la sentencia sobre la ley escocesa. La Alianza Internacional LGB tiene ambiciones explícitas de incidir en los ámbitos globales de los derechos humanos y, como muestra el artículo de la Agencia Diadorim, tiene sólidas conexiones con Brasil.
Foros globales
Sistema internacional
La ONU, cuya crisis financiera viene de lejos, ha sufrido los drásticos efectos de la suspensión de la financiación estadounidense por Trump, lo que está acelerando la dinámica de reforma radical de su estructura. Desde el punto de vista de la política de género y sexualidad, hay que tener en cuenta los posibles impactos del fin de ONUSIDA, que se incorporará a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero la creación de una única entidad humanitaria que agrupe las operaciones e s de la FAO (Agricultura y Alimentación), la UNESCO (Educación y Cultura) y el ACNUR (Refugiados) también tendrá efectos en estos dos campos.
Aún más preocupantes son los posibles impactos sobre la arquitectura de elaboración y vigilancia de los derechos humanos que, según un artículo del portal Geneva Solutions, ya sufre desde hace tiempo la falta de recursos. La reforma en curso. Los efectos de la reforma, en este caso, pueden implicar la pérdida potencial de 300 funcionarios; una drastica reducción en el número de misiones y aún no se han evaluado efectos negativos aún no evaluados en el funcionamiento mismo del Consejo de Derechos Humanos.
En un contexto tan difícil, es auspicioso señalar que el Consejo, que en abril de 2024 había aprobado una resolución pionera sobre los derechos de las personas intersexuales, aprobó en su sesión de septiembre una nueva resolución en la que condena la discriminación, la violencia y las prácticas perjudiciales contra estas personas.
Por otro lado, no se pueden minimizar las presiones ultraconservadoras contra el género y temas relacionados que se producen en este ámbito. En octubre, el Gobierno estadounidense celebró los cinco años del llamado Consenso de Ginebra, plataforma informal de defensa de la «familia» y de rechazo al derecho al aborto, creada durante el primer mandato de Trump. En esa ocasión, se celebró la adhesión de Guinea Ecuatorial al grupo. Aunque el desempeño de este «club» no es precisamente extraordinario en el ámbito internacional, como muestra un estudio del IPAS, sus directrices se han traducido en políticas nacionales en Guatemala y Uganda.
No menos importante, en las negociaciones del Plan de Acción de Género del documento final de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP 30), el término género fue objeto de ataques. La escena reprodujo, en cierto modo, el episodio de hace treinta años, cuando, durante la preparación de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, el término género fue fuertemente atacado, hecho que está en el origen de las guerras contra el género de la actualidad. En Belén, el ataque fue liderado por Argentina, Paraguay, Irán y el Vaticano, cuya actuación fue, como siempre, más discreta.
Al comentar la controversia, Mary Robinson, ex-presidenta de Irlanda y primera Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, calificó este nuevo ataque como «una locura y una crueldad». Después de muchas idas y venidas, el término género se conservó en el texto final, pero las delegaciones que se oponían a él hicieron reservas, declarando, como es habitual, que lo interpretarán como «sexo». Desde una perspectiva interseccional, es importante mencionar que también hubo una fuerte controversia en torno a la inclusión del término «afrodescendiente» en las secciones que hacían referencia a las mujeres, un conflicto que también se superaría en el curso de las negociaciones.
Sistemas regionales
Las condiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tampoco son auspiciosas. Como analizó Mirta Moragas, al menos desde 2013 ha sido objeto de ataques por parte del campo ultraconservador y, desde el regreso de Trump, estas ofensivas han ido adquiriendo contornos más complejos. En la Asamblea General de la OEA de junio de 2025, la candidata estadounidense fue elegida para uno de los puestos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de 2025, como analizó Jamil Chade, esta situación se complicaría aún más con la renuncia del comisionado guyanés.
A pesar de estas tensiones e incertidumbres, en enero de 2026, la Corte Interamericana, en una decisión muy significativa, condenó una vez más al Estado de Honduras por haber violado el Pacto de San José en el caso de feminicidio de Leonella Zelaya.
Derechos reproductivos y aborto
A pesar de las muchas sombras en el panorama general de la política de género y sexualidad, hay algunas buenas noticias que informar sobre el derecho al aborto en los diferentes continentes. En Sierra Leona, se prevé la aprobación de una ley que amplía los derechos reproductivos de las mujeres y despenaliza el aborto, a pesar de la fuerte presión contraria de los grupos antiaborto estadounidenses que operan en el país. En Malaui, el Tribunal Supremo del país ha reconocido el derecho al aborto seguro a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.
En México, el Estado de México aprobó la despenalización del aborto, ampliando para 23 el número de entidades federativas en las que el aborto es legal. En España, en octubre, el Gobierno presentó un proyecto de ley para constitucionalizar el derecho al aborto, aunque no se cuenten con los votos necesarios para su aprobación en el Parlamento. Y en el Reino Unido, la Cámara de los Comunes derogó, con más de 160 años de retraso, el artículo del Código Penal de 1861 que seguía castigando a las mujeres que aborten después de la semana 24 de gestación.
Por otro lado…
En Brasil, en octubre, la ADPF 442 —demanda presentada en 2017 al STF que propone la despenalización del aborto hasta la semana 14— recibió el voto favorable del ministro Luís Roberto Barroso antes de su jubilación. SPW analizó los aspectos positivos y negativos del voto frente a los obstáculos que persisten en la política del derecho al aborto en Brasil. Estas barreras se manifestaron una vez más tan pronto como el ministro declaró su voto. A principios de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó, en una maniobra de urgencia, un proyecto de ley que suspende la resolución del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conanda) de 2024, que regula el acceso de menores de 14 años al aborto legal.
También hay retrocesos que registrar en relación con los derechos reproductivos en otros países de las Américas. En Argentina, la motosierra del gobierno de Milei no ha perdonado a las políticas de salud, como muestra el informe de Human Rights Watch. Un efecto drástico de estas medidas fue la demolición definitiva del Programa Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, cuyos efectos positivos habían sido ampliamente reconocidos. El Ejecutivo Milei también presentó al Congreso una propuesta de reforma del Código Penal, cuyo contenido completo aún no se ha dado a conocer. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que el proyecto incluya la penalización de los «daños al feto», lo que restringiría la ley de 2020 que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo.
En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves restringió el protocolo de aborto legal a los casos de riesgo para la vida de la embarazada. Y en la República Dominicana, la reforma del Código Penal mantuvo la penalización absoluta del aborto contra la que las feministas y otras voces favorables al derecho al aborto llevan luchando desde 2010. Amnistía Internacional criticó duramente la reforma.
Por último, en Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) está revisando la seguridad de la mifepristona, lo que podría implicar la restricción del acceso a este medicamento que, en combinación con el misoprostol, ha sido el principal recurso para acceder al aborto tras la decisión Dobbs de 2022. El portal Mother Jones analizó el alcance de las restricciones que podrían derivarse de esta revisión. Paradójicamente, la misma FDA aprobó, dos semanas después, la forma genérica de la mifepristona, lo que provocó la ira de los grupos antiaborto. Sobre todo, los datos epidemiológicos están confirmando las previsiones más sombrías sobre los efectos perjudiciales de la revocación de Roe Vs Wade. El Boletín del Centro de Derechos Reproductivos informa de que las tasas de mortalidad materna han aumentado en los estados que han prohibido o restringido el procedimiento. El panorama también es dramático en lo que respecta a la mortalidad infantil.
Trabajo sexual
En diciembre se cumple un año de la aprobación de la ley belga que otorgó a las prostitutas del país los mismos derechos laborales que al resto de profesiones. France 24, el portal The Low Countries y The Guardian publicaron a lo largo de 2025 varios reportajes en los que se describían los efectos positivos de esta ley pionera, aunque su aplicación sigue encontrando obstáculos.
Sexualidad y arte
Transclandestina 3020 – El tema de la obra de la artista trans Manaura Clandestina, expuesta en la 36ª Bienal de São Paulo, es No todos los viajeros andan por carreteras – la humanidad como práctica. La instalación multimedia proyecta imágenes en vídeo de una distopía lúgubre, en la que las personas trans son perseguidas por elegantes policías femeninas con tacones altos. Pero también abre sorprendentes rutas de liberación a través de los caminos de la creatividad performativa.
Somos Personas – La Brújula Intersexual
La Brújula Intersexual, perfil de Facebook, curado por la activista mexicana Laura Inter, creó un proyecto para retratar a personas intersexuales de muchos lugares del mundo. Su motivación es cuestionar los discursos médicos y las representaciones estigmatizantes de la intersexualidad que proliferan en los libros de biomedicina. Todos los retratos se realizaron en diálogo con las personas retratadas e incluyen elementos experienciales que son significativos para ellas.
Despedida
En 2025, perdimos a Norma Swenson, fundadora del Colectivo de Mujeres de Boston, que en la década de 1970 publicó el libro «Nuestros cuerpos por nosotras mismas», inspiración ineludible para el activismo en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. En 2023, el Colectivo de Sexualidad y Salud lanzó finalmente la traducción del libro al portugués. En colaboración con el Colectivo, Cepia, SOS Corpo y el Núcleo Ser-tão de la UFG, el SPW organizó un webinario para celebrar la traducción en el que estuvo la querida Norma, cuyo testimonio sobre su visita a Brasil en 1984 y su conexión con el país provocó muchas emociones.
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A look inside the pronatalism movement encouraging Americans to have more children – PBS
VIH/Sida
Publicaciones y recursos
Relatório Mundial 2024 – Human Rights Watch
Publicaciones y recursos SPW