URUGUAY y el proceso por la legalización del aborto
Lilián Abracinskas*
Antecedentes y estado actual de la situación
El debate sobre el cambio legal de la práctica del aborto en Uruguay acompaña el proceso de redemocratización en el país luego de la derrota de la dictadura cívico-militar. Desde 1985, en cada legislatura ha habido un proyecto de ley de despenalización/legalización buscando modificar la ley de 1938 que considera el aborto un delito y solo prevé causas atenuantes o eximentes de la pena (honor de la familia, riesgo de salud de la madre, embarazo producto de una violación o angustia económica). Ley que ha demostrado ser tan ineficaz como ineficiente debido a que nunca se regularon servicios que permitieran acceder a abortos no punibles. Para algunos legistas en una ley inimplementable porque sólo después de realizado el aborto y denunciado el delito, el juez puede intervenir para decidir si se aplican o no las excepciones. Con lo cual ni las mujeres ni los profesionales que lo realizan tienen marcos de seguridad claros aún cuando puedan considerar que actuaron dentro de los márgenes previstos. Tampoco la ley ha sido efectiva para desestimular ni erradicar la práctica lo que se demuestra por el bajo número de procesamientos por delito de aborto a pesar de que las últimas estimaciones arrojan la realización de 30.000 abortos anuales frente a 47.000 nacimientos. El marco legal vigente, por lo tanto, no previene ni evita abortos sólo determina que su práctica sea clandestina y por lo tanto insegura.
A nivel legislativo, a excepción de una propuesta de despenalización impulsada por el Partido Colorado en la primer legislatura post-dictadura, los proyectos de despenalización presentados en todos estos años fueron impulsados por la coalición de partidos de izquierda – Frente Amplio. Sin embargo, en el año 2008 el proyecto de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva que habilitaba el aborto hasta las doce semanas de gravidez por voluntad de la mujer, logró sanción parlamentaria pero fue vetado en todos los capítulos que regulaban la práctica, por el primer presidente socialista Tabaré Vázquez. La ley entonces promulgada (nº 18426) reconoce que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, obliga al Estado a respetar y garantizar condiciones para su ejercicio, pero no modifica las condiciones legales de la práctica del aborto voluntario.
La ley 18426 ha sido reglamentada por el Ministerio de Salud Pública incorporando en enero de 2011 los servicios de salud sexual y reproductiva al Sistema Nacional Integrado de Salud. Todas las instituciones públicas y privadas afiliadas al Sistema deben brindar métodos anticonceptivos y asesoramiento pre y post-aborto como estrategia de reducción de daños. Pero la práctica del aborto se mantiene penalizada en el país y continua transitando por el circuito clandestino. El uso del misoprostol se ha convertido en el método más utilizado por las mujeres lo que ha disminuido, hasta no registrarse en los últimos años, muertes maternas por aborto. Sin embargo, si bien el Ministerio de Salud no cuenta con datos oficiales sobre morbilidad materna, a través de la prensa se han conocido casos de mujeres jóvenes que abortaron por medios inseguros comprometiendo para siempre su capacidad reproductiva. El acceso al misoprostol en el circuito clandestino ha elevado su precio llegando a cobrarse entre 300 y 500 dólares la dosis requerida para producir la interrupción. Obviamente no se controla ni garantiza la calidad de la medicación que se vende en las esquinas de los hospitales públicos o en las bocas de venta de drogas ilícitas.
El Frente Amplio fue reelecto para el gobierno nacional en las últimas elecciones de 2009 y mantiene la mayoría parlamentaria. Sin embargo ha demorado dos años para dar tratamiento a un nuevo proyecto de ley que restablece los capítulos vetados en el periodo anterior. El 27 de diciembre pasado la Cámara de Senadores dio media sanción con 17 votos a favor sobre 14 en contra, al proyecto de Interrupción voluntaria de la gravidez que despenaliza la práctica hasta las 12 semana de embarazo por voluntad de la mujer, plazo que se amplía para casos de violación, malformación fetal incompatible con la vida y riesgo de salud de la mujer. Si bien se reconoce que los profesionales pueden objetar conciencia y negarse a realizar aborto, las instituciones afiliadas al Sistema de Salud estarán obligadas a brindar el servicio cuando la mujer lo solicite y dentro de las condiciones que establece la ley. No puede ser una práctica lucrativa ni puede realizarse contra la voluntad de la mujer embarazada.
Este proyecto con media sanción deberá seguir el proceso parlamentario pasando a Comisión de Salud de diputados quien es la que habilita el debate en la Cámara de Representantes. Si no se realizan modificaciones al texto, la votación afirmativa en dicha Cámara habilitaría su promulgación final. A pesar de que el proyecto es impulsado nuevamente por las fuerzas de izquierdas y el Presidente Mujica ha explicitado públicamente que no será vetado por el Poder Ejecutivo, no están garantizados aún todos los votos de la bancada frenteamplista. Algunos diputados manifiestan dudas y expresan reservas aunque la fuerza política tiene mandato de Congreso a favor del cambio legal.
La movilización social y la presión ciudadana en todo el país siguen siendo fundamentales para que, finalmente, se adecue la norma al nuevo consenso social que se ha logrado en torno al tema. Más del 60 % de la opinión pública está a favor de la despenalización y una articulación muy amplia de organizaciones sociales impulsa acciones de forma conjunta para la incidencia política.
MYSU – Mujer y Salud en Uruguay es una organización feminista que desde 1996 tiene como principal cometido la promoción y defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en tanto derechos humanos, desde una perspectiva de género y generaciones. Desde el año 2002 lleva delante de forma sostenida una campaña ciudadana de incidencia política y ha desarrollado estrategias de ampliación de base social para impulsar el cambio legal. Es una de las organizaciones que ha contribuido a involucrar en la campaña por aborto legal a otros actores sociales como la Central única de trabajadores PIT-CNT, organizaciones de derechos humanos, de afrodescendientes, de la diversidad sexual, de mujeres rurales, de estudiantes universitarios, de organizaciones religiosas como metodistas y valdenses, además de la más amplia y diversa red de organizaciones de mujeres y feministas como es la CNSmujeres. El Consejo Central de la Universidad de la República se ha expedido a favor así como diversas asociaciones profesionales, científicas y culturales.
La tarea de todos estos años comenzó por hacer visible y pública una problemática que se mantenía invisibilizada y estigmatizada por la hipocresía social. En Uruguay se logró romper el silencio y se pudo tratar públicamente sobre una práctica de la que no se hablaba abiertamente. Si se mencionaba era sólo para denostar y condenar moralmente a las mujeres y a los profesionales que lo realizaban. El ejemplo de este cambio se puede constatar con la cobertura de prensa que tuvo la media sanción en el Senado de la República del 27 de diciembre pasado. La primer plana de todos los medios de prensa escrita, la casi totalidad de las emisoras de radio y televisión nacionales y muchas internacionales dieron cobertura a lo sucedido. La legalización del aborto es uno de los temas ineludibles de la agenda pública y política del país y es de las reivindicaciones de la agenda feminista que más respaldo ha logrado por parte de amplios sectores sociales y por la mayor parte de la ciudadanía.
Durante el debate parlamentario hubo una importante movilización ciudadana en torno al edificio del Poder Legislativo. Los opositores a la ley se manifestaron con cruces y cánticos religiosos con niveles de agresividad que iban incrementándose a medida que pasaban las horas. Las organizaciones a favor optaron por una intervención urbana colocando el símbolo de la campaña -la mano naranja que manifiesta el voto a favor del aborto legal- en todos los canteros que rodean el edificio del Legislativo. Para evitar conflictos y posibles enfrentamientos con los opositores a la ley se convocó a que la gente presenciara el debate en las barras de la Cámara del Senado. A pesar que la discusión del proyecto se llevó a cabo en una sesión extraordinaria realizada en la semana entre Navidad y Año Nuevo y que la sesión duró más de nueve horas, el público colmó las instalaciones del Poder Legislativo y explotó en aplausos en el momento de la aprobación del proyecto de ley.
El tiempo es ahora
El sistema parlamentario uruguayo es bicameral por lo tanto la iniciativa tendrá que ser debatida por la cámara de Diputados cuando se retome la actividad parlamentaria a partir del mes de febrero de 2012, luego del receso de verano. Esto significa sostener la campaña ciudadana para que el tema se mantenga en la atención pública y para fortalecer la presión social que permita garantizar los votos que den la aprobación final. Por lo tanto se mantendrán actividades durante los meses de enero y febrero continuando, como se ha hecho en años anteriores, con acciones durante el carnaval uruguayo. El carnaval es considerado el más largo del mundo porque los espectáculos de murgas y comparsas se inician a principios de febrero y se continúan por los distintos barrios de la capital y en distintas ciudades del país, hasta la primera quincena de marzo. Es la fiesta popular más importante que convoca más público en ese mes y medio que el fútbol, la otra pasión popular, en todo el año.
MYSU desde el 2010, junto a la murga La Mojigata, participa en el desfile inaugural del Carnaval con carteles por ABORTO LEGAL y distribuye material informativo en los diversos escenarios acompañando la actuación de la murga. En este carnaval la amplia mayoría de los conjuntos ha incorporado el tema y se manifiestan a favor del cambio legal denunciado y criticando a los políticos que siguen obstaculizando la resolución del problema. La reacción del público que participa es altamente positiva acompañando con aplausos cada mención a favor del cambio legal dando cuenta del cambio cultural que se ha logrado luego de años de trabajo de sensibilización y debate con la ciudadanía. Trabajo que ha sido desarrollado por organizaciones sociales especializadas en el tema como es el caso de MYSU.
Se seguirán promoviendo, en los próximos meses, debates en distintos lugares del país acompañando con materiales audiovisuales las actividades de distintas organizaciones locales. Los diputados son electos por departamentos (división geopolítica del país) y por lo tanto la incidencia será más efectiva en la medida que sea realizada directamente por la ciudadanía que ha elegido a sus representantes. El slogan de campaña es SU VOTO ES TU VOTO apelando a que los REPRESENTANTES NOS REPRESENTEN, promoviendo de esta forma que la decisión de la Cámara de Diputados reflejen la opinión a favor de la mayor parte del electorado.
Se han elaborado desde MYSU argumentaciones sanitarias y epidemiológicas basadas en evidencia; fundamentos jurídicos, filosóficos y de legislación comparada que se han traducido a materiales de divulgación dirigidos a diversos públicos; se publicaron informes y documentos realizados por destacados expertos nacionales e internacionales. Se usan las TICS para campañas en internet (www.hacelosvaler.org) y las redes sociales para el involucramiento de población joven; se han organizado movilizaciones públicas; se fortaleció el contacto y la presencia en medios masivos de comunicación; se profundizó y amplió la articulación con diversos actores; se desarrollaron estrategias de ampliación de base social a favor del cambio legal y se mantiene la vinculación permanente con campañas y organizaciones con iguales objetivos en América latina y el Caribe.
Los argumentos utilizados se sustentan en que el derecho a decidir forma parte de las libertades individuales y de los procesos libertarios que reconocen y respetan a las mujeres como ciudadanas plenas y sujetos morales capaces de tomar decisiones éticas sin tutelaje de otros que se arrogan el poder de decidir por ellas. Otro de los fundamentos de campaña sostiene que la legalización del aborto es un asunto sustantivo de la profundización democrática que se viabiliza a través de la generación de marcos legales que, desde la laicidad del Estado, promueven la convivencia pacífica de la diversidad de creencias y sistema de valores que conviven en la sociedad, sin imponer ni hegemonizar religión ni ideología alguna. La justicia social y la erradicación de las desigualdades en el acceso a las oportunidades y condiciones para ejercer los derechos, han sido los otros pilares de la argumentación a favor del cambio legal.
El desafío es enorme porque de no lograrse la aprobación del proyecto en Cámara de Diputados el procedimiento legislativo impide dar tratamiento a otra iniciativa de iguales características en el mismo periodo. Si, como se promueve desde la interna del Frente Amplio, Tabaré Vázquez es el candidato de la izquierda para las elecciones nacionales en el 2014 y gana, no habrá probabilidades reales de modificar el marco legal del aborto hasta el 2019. Por lo tanto se debe promover el involucramiento de todos los actores y la amplia participación ciudadana para que la presión logre cambiar la ley para una vez aprobada, generar rápidamente servicios legales de aborto que representen cambios reales para las necesidades en salud sexual y reproductiva de toda la población, sin discriminaciones.
Los opositores a la ley y las principales instituciones anti-derechos como las jerarquías de la iglesia católica, grupos neo-pentecostales y evangélicos han ido perdiendo apoyo ciudadano a sus posicionamientos. Las organizaciones sociales que han constituido para manifestarse públicamente como la Coordinadora por la vida han debido modificar sus argumentaciones buscando teñir de fundamento “científico” lo que son sus creencias religiosas. Si bien sus dirigentes en su mayoría son hombres en los últimos años han procurado tener más voceras mujeres para cambiar la imagen. La agresividad de sus manifestaciones, la intolerancia a cualquier otra opinión o posicionamiento y la forma autoritaria de buscar interferir en las decisiones legislativas han generado reacción negativa en la ciudadanía y en la opinión pública. La amenaza de excomunión a parlamentarios que votaran a favor, el tratar de Herodes a quienes lo hacían, el uso de argumentos falsos y la promoción del fanatismo en sus seguidores, han desacreditado a sus portavoces. Eso no significa que no tengan ingerencia en muchos decisores y que condicionen posturas y votos en representantes políticos. Vale recordar que en el año 2004 no se logró la aprobación de un proyecto similar en Cámara de Senadores porque el entonces presidente Batlle (partido Colorado) había hecho un acuerdo político con la Unión Cívica (único partido confesional en el país sin peso político ni representación parlamentaria) que condicionó sus votos para la segunda vuelta electoral si se prometía mantener penalizado el aborto. Las presiones para que los representantes de los partidos políticos tradicionales voten en contra del proyecto de ley son sostenidas y, últimamente, han incrementado las propagandas públicas que buscan intimidar a la población con el uso de imágenes y slogan que asocian aborto con asesinato.
MYSU como organización feminista tiene puestas todas sus expectativas y lleva muchos años dedicando la mayor parte de sus esfuerzos institucionales para el cambio legal. Ante el actual contexto político los escenarios posibles son dos: si se aprueba la ley se deberá trabajar arduamente para que su implementación sea inmediata de forma tal de lograr que rápidamente se universalicen los servicios de salud que incorporen el aborto legal con calidad de atención. Así como monitorear el cumplimiento a través del fortalecimiento de la exigibilidad de derechos por parte de la ciudadanía. Si no se logra la aprobación, deberemos trabajar en condiciones legales restrictivas para ampliar el acceso al aborto por medicamentos, fundamentalmente en aquellas mujeres que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad para impedir la muerte de mujeres por causas evitables. Al mismo tiempo, deberemos continuar trabajando en el cambio cultural y político para que, más tarde o más temprano, se adecuen las normas a los nuevos contratos sociales alcanzados en el país. El desafío es importante pero el logro es posible y el tiempo es ahora.
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*Lilián Abracinskas es directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU)
