Marcha “Amor en los tiempos del covid-19” convocada por el gobierno. Foto: EFE.
Nicaragua y la danza de horrores en el enfrentamiento al COVID 19
por Humberto Meza*
A pesar de lo festivo del título, este no puede ser un texto optimista. Mucho menos una descripción de buenas prácticas en el enfrentamiento de la actual Pandemia. Puede ser leído como una denuncia o apenas como expresión de la necesidad de exponer la secuencia de errores criminales que el régimen de Daniel Ortega – que gobierna Nicaragua, uno de los países más pobres de Latinoamérica – ha cometido desde el início de la diseminación del virus.
Hace poco más de dos años Nicaragua regresó al foco de los medios internacionales, debido a la brutal violencia con que la dictadura comandada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo respondió a las movilizaciones populares contra las reformas al Seguro Social. El Sistema Interamericano y las principales entidades de Derechos Humanos del mundo acusan a Ortega y Murillo por crímenes de lesa humanidad, desde que la represión policial dejó en su rastro al menos 320 manifestantes asesinados y más de 100 presos políticos, sujetos a tórturas sólidamente documentadas. Tal brutalidad incluye el asesinato de la médica brasileña Rayneia Lima. Vale remarcar que ninguna de las muertes ocurridas en 2018 ha sido investigadas u objeto de acción judicial.
Se trata de una práctica mínimamente paradójica, a juzgar por la narrativa y las apuestas políticas del régimen desde sus inicios. Daniel Ortega fue electo Presidente en los comicios de 2006, es decir, más de una década de extinta la Revolución Popular Sandinista. Ya desde la campaña electoral, su partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, lideró una reforma penal en el Legislativo para criminalizar el aborto terapéutico. Una vez iniciado su gobierno, en 2007, profundizó su narrativa “pro-vida”, atestada con los lemas oficiales de gobierno “cristiano, socialista y solidario”. Narrativa que consolidó la confrontación ya arrastrada con los movimientos feministas, al punto que diversas lideresas feministas fueron presas durante la brutal represión de 2018.
Carteles distribuidos por el gobierno Ortega
La sociedad aún no se recupera del todo por el trauma de la violencia dictatorial de 2018. Pero ya es posible vislumbrar el circo de horrores que puede ocurrir como efecto de las decisiones equivocadas del gobierno para enfrentar la Pandemia del COVID 19. Desde que en la primer semana de Marzo se confirmaran los primeros casos positivos en Centroamérica (comenzado por la vecina Costa Rica), el gobierno de Ortega-Murillo optó por hacer exactamente lo opuesto a las recomendaciones de la OMS.
La primer decisión equivocada fue convocar a una manifestación pública, que se realizó el 14 de Marzo, para celebrar “al amor en tiempos del COVID, la salud y la preparación del buen gobierno” para enfrentar a la Pandemia. Miles de funcionarios públicos fueron obligados a participar de una marcha en las calles de Managua, sin medidas de protección y que sin ninguna alta autoridad del Ejecutivo estuviera presente.
Vale inclusive resaltar que Daniel Ortega no ha sido visto en público desde hace más de un mes, ni siquiera para dar una declaración pública o conferencia de prensa para exponer los planes del estado frente a la crisis. Las únicas declaraciones del gobierno son transmitidas vía comunicados oficiales o en locuciones diarias de Rosario Murillo, vice-presidenta y primer dama, en radio nacional todo mediodía.
Uno de esos comunicados informa que las fronteras no se van a cerrar, que las clases en escuelas y universidad o actividades comerciales se mantendrán y que no está contemplada ninguna cuarentena. Tra la marcha del 14 de Marzo, se convocaron a nuevas actividades, como el “Plan Verano” para recibir a la Semana Santa y los turistas, la realización de una concentración pública con la “presencia obligatoria de docentes y alumnos” para celebrar los 40 año de la Cruzada Nacional de Alfabetización y hasta el anuncio de un “Carnaval por la Vida” en la turistica ciudad de Granada y la elección de la “chica Xiloá” (laguna periférica que funciona como balneario) en Managua.
Según un levantamiento del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, Nicaragua es el único país de la región que no cumple con las medidas básicas de la OMS, principalmente la cuarentena, suspensión de las clases, restricción de eventos públicos, de vuelos y de ingresos de extranjeros. El país solamente realiza actividades de vigilancia en las fronteras y aplica protocolos epidemiológicos a nivel nacional.
Además de las decisiones equivocadas, existe una serie de condiciones precarias de saneamiento en los barrios urbanos, junto a un fuerte secretismo y falta de informaciones claras en el Ejecutivo sobre los planes de prevención para el enfrentamiento al COVID en el país. Durante más de dos semanas, el gobierno no había confirmado siquiera un caso positivo, aún cuando la región ya había contabilizado 259 casos y 4 muertes, con destaque para Panamá con 137 casos y Costa Rica con 87.
Carteles distribuidos por el gobierno Ortega
En las locuciones diarias de radio, el 19 y 20 de Marzo, Murillo informó la confirmación de los primeros “y únicos” dos casos positivos en Nicaragua. Al hacerlo, expuso las condiciones de uno de los afectados, divulgando que el tratamiento “sería complicado”, pues el paciente es también soro-positivo. Este paciente falleció el 26 de Marzo, pero un informe del Ministerio de Salud reforzó aún más los estigmas sobre el HIV al afirmar que el fallecimiento fue ocasianado particularmente por su condición sorológica. Desa forma, Murillo y las autoridades de salud no sólo violaron la ley que prohíbe la exposición de personas soropositivas, como intenta restar importancia al fuerte contagio y letalidad del coronavirus.
Para entonces, algunos nicaragüenses que se relacionan con profesionales de la salud difundían en las redes sociales la noticia de que el país tenía, en realidad, mucho más casos positivos que los informados por el Estado. Circularon incluso rumores que la directora de un hospital público de Managua había sido despedida por divulgar diagnósticos de COVID, que enfermeros y médicos estaban prohibidos de usar máscaras y alcohol en gel para “no crear pánico” y que los certificados de defunción estarían siendo alterados para no registrar muertes por COVID. Estas informaciones, no siempre confiables, proliferan en un escenario donde la información pública, clara y segura es inexistente.
Al no existir un adecuado plan de respuesta al COVID, lo que resta es que cada una y cada uno cuide de sí mismo. La noticia del primer caso positivo llevó a las personas a inundar y desabastecer los mercados. En este momento, cada persona o familia decide como prevenirse. En medio de tal escenario de horrores, no hay como ser optimista. La Pandemia puede ser catastrófica en Nicaragua. Lo que resta es la denuncia internacional, como la que ya fue realizada hace algunos días frente a la OMS por una coalición de movimientos sociales y partidos opositores a Ortega. Todavía resta la expectativa de que un día el régimen que no solo elimina físicamente opositoras y opositores, sino también coloca en riesgo la vida de sus ciudadanos, llegue al fin y quienes lo lideran sean efectivamente punidos.
*El autor es nicaragüense, cientista político e investigador de la UFRJ
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