por Rajnia de Vito e Marco Aurélio Prado
En una escena política en la que los conceptos de sexo y género impregnan las palabras y los gestos por todas partes, Damares Alves, jefa del nuevo Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, es un ícono y portavoz de la política sexual del nuevo gobierno[1]. «Terriblemente cristiana», como ella misma se declaró el 2 de enero, La ministra fue pastora en la Iglesia Bautista de Lagoinha, en Belo Horizonte (Minas Gerais) y formó parte del movimiento de evangelización del JOCUM[2] Brasil, fundando la ONG Atini, dedicada a lo que llamaban, la erradicación del infanticidio en las comunidades y pueblos indígenas[3]. El nuevo ministerio fue el pago de la factura del 70% de los votos dados a Bolsonaro por parte de las comunidades conservadoras, especialmente evangélicas.
Damares recibió el puesto después de disputar con una lista de nombres recomendados por la agrupación parlamentaria de evangélicos, muchos de los cuales eran más conocidos que ella; por ejemplo, su antiguo jefe, Magno Malta. Antes de servir como ministra, Damares fue asesora parlamentaria del Congreso Nacional, durante los últimos años, en el despacho del senador Pastor Magno Malta (PR/ES), portavoz de alto perfil en las batallas contra la homosexualidad, el género y los derechos de aborto y quien no fue reelegido en el 2018.
El ministerio reestructurado que ella dirige refleja las demandas del dogmatismo religioso que la llevó al poder, utilizando como el signo más fuerte la inclusión del término «Familia» en su nombre y como línea de acción prioritaria. No obstante, es muy significativo que «Mujer» sea la palabra clave de la nueva nomenclatura ministerial. Damares, como ella misma dice, trabaja muy duro y está rodeada por un grupo muy plural de mujeres: evangélicas, católicas, negras, indígenas e incluso petistas (del Partido de los Trabajadores). Y, a pesar de los discursos homofóbicos y transfóbicos de su jefe, hasta ahora ha mantenido la Dirección de Promoción de los Derechos LGBT.
Aunque el Ministerio aparece como el lugar donde la presencia del dogmatismo religioso es más densa, Jair Messias Bolsonaro (JMB) minimizó su importancia en un discurso reciente al decir: «Quiero dejar en claro que, para llegar a cualquier decisión, consulto con los ministros del área. No decido solo, porque puedo cometer errores. Tengo que tener responsabilidad. […] (Consulto) incluso con Damares, que es una ministra sin mayor importancia, pero sí tiene alguna importancia».
Este comentario no parece haber afectado a la ministra, pues, desde que ha sido nombrada, continúa piloteando audazmente el Ministerio como una plataforma estratégica para implementar la agenda conservadora amplia, general y sin restricciones en el campo de los derechos humanos. Por ejemplo, en el discurso inaugural, recomendó que los niños usen colores azul y las niñas, rosa; a fines de enero, convirtió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un púlpito para defender el derecho a la vida desde la concepción, reiterando esa posición en la 63ª Sesión de la Comisión del Estado de la Mujer en marzo (cuando se reunió con la delegación de la Santa Sede) y, siendo aún más llamativo, los discursos que pronunció en la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del Mercosur en mayo de este año.
Sin embargo, ¿qué tan útil es empezar a elaborar este balance con la agenda más amplia de derechos humanos del gobierno de JMB, donde Damares es la portavoz? Un elemento central de esta agenda es la asociación discursiva entre los derechos humanos, el crimen y la corrupción: el 10 de abril, en su primer discurso ante la Cámara Federal, en la Comisión de Derechos Humanos y Minorías, la ministra dijo: «Bolsonaro llama a la sociedad a tener una nueva lectura de los derechos humanos; en Brasil había la idea errónea de que los derechos humanos era una ONG en la puerta de la prisión para defender a los bandidos». Esta innovación sirve para alimentar la percepción ampliamente difundida de que los derechos humanos en Brasil amenazan a los «ciudadanos de bien« (o a «humanos derechos) —una interpretación que tuvo enormes proporciones en la campaña del 2018—. Tal como Isabela Oliveira Kalil analiza en su estudio del electorado de JMB, el «buen ciudadano» no es solo la víctima de los defensores de los derechos humanos, es también la figura polisémica que se opone a la corrupción en un sentido amplio. También está en contra el «comunismo», la «ideología de género», el petismo, así como a las cuotas de ingreso a la universidad y otras medidas de acción afirmativa que rompen con los principios del mérito. Ellos son los que luchan contra aquellos que abusan de sus privilegios, que no cumplen con sus deberes y que están en contra de la familia, la patria y dios.
Además de reiterar la asociación semántica entre bandidos y derechos humanos, la ministra también ha movilizado un fuerte vínculo entre los derechos humanos y la corrupción. Estableció una Oficina de Asesoramiento Especial de Control Interno dentro de la estructura del Ministerio, promovió un debate sobre la corrupción en el Plan Anual de Capacitación del Ministerio y, sobre todo, acusó a la Comisión de Amnistía, creada en 2001, lo que sirvió para justificar el rechazo del 90% de las solicitudes de amnistía solicitadas desde enero. Y, en su discurso en la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del Mercosur (RAADH), el 31 de mayo, declaró: «Finalmente, a la luz de su innegable impacto negativo en el pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades, incluimos el tema de la corrupción en el centro del debate sobre la defensa de los derechos humanos en Brasil».
Al vincular los derechos humanos, el crimen y la corrupción, Damares no está, como podría parecer en una lectura superficial, abandonando el discurso de los derechos humanos. Aunque ella es ministra de un gobierno que se enrumbó a sí mismo en ataque abierto contra los derechos humanos y la ONU, Damares ha participado de las instancias internacionales y regionales de implementación del régimen universal de derechos humanos. La terminología de los derechos siempre está presente en sus discursos, que rara vez son religiosos. El giro lingüístico que está haciendo el gobierno no es de repudio, sino de «purificación» de los derechos humanos que quiere librarlos de lo que los «contamina». Este es fundamentalmente un movimiento para la conversión de parámetros del lenguaje y derechos humanos en instrumentos casi exclusivamente destinados a la tutela y protección de los «vulnerables»: embriones, niñas y niños abusados sexualmente, ancianos, indígenas, quilombolas, jóvenes que se mutilan o se suicidan, sordos, ciegos, microcéfalos o con otras necesidades especiales, consumidores de drogas. La vulnerabilidad y la violencia son el nuevo foco de la política nacional de derechos humanos, incluso cuando la ministra ocasionalmente se refiere a los derechos sociales, como el derecho a la vivienda o, más recientemente, a un programa de empleo para personas transgénero.
Esta inflexión no es trivial, lleva a una reinterpretación sustantiva del paradigma de los derechos humanos, emanados desde los parámetros internacionales de integralidad e indivisibilidad adoptados en Viena en 1993. Aunque este paradigma incluye la protección contra la violencia de cuerpos y sujetos en contexto de vulnerabilidad, su columna vertebral es doble, asegurando también la garantía de la libertad y autonomía política y personal de los sujetos de derecho a asociarse, expresar sus opiniones y cosmovisiones y decidir sobre sus vidas y sus cuerpos.
Estas dimensiones no están en el lenguaje de derechos humanos propagado por Damares. El paradigma en el que se basó la política brasileña de derechos humanos desde su nacimiento y a lo largo de más de treinta años, ha sido dejado de lado. Así que el compromiso del estado brasileño con los sistemas transnacionales de protección y promoción de derechos humanos será selectivo y, sobre todo, instrumental; y aunque es necesario investigar más a respecto, no es una exageración decir que, a partir de ahora, la acción diplomática de Brasil tendrá como objetivo la difusión e instalación de esta versión mutilada de los derechos humanos en los debates internacionales. [compilação Jamil Chade]
La política de derechos LGBT
En relación a las cuestiones LGBT que, desde el 2004, han estado vinculadas a la antigua Secretaría Nacional de Derechos Humanos, el Directorio de Políticas LGBT se mantuvo y ahora se presenta bajo la Secretaría Nacional de Protección Global que, a su vez, está bajo el mando del Pastor y Fiscal del Tesoro Nacional Sergio Queiroz. A pesar de los discursos y gestos homofóbicos y transfóbicos del presidente y de otros funcionarios, la preservación de la política LGBT no es exactamente una sorpresa, ya que el 30% de las personas autodefinidas como homosexuales, lesbianas o transgéneros votaron por JMB y hay un concejal y diputado distrital gay, con alta visibilidad, en la base de apoyo al partido de gobierno en São Paulo[4].
Hasta mayo, desde el punto de vista programático, se pusieron en marcha dos líneas de acción heredadas de los gobiernos anteriores: las reuniones periódicas del Consejo Nacional contra la Discriminación LGBT (CNCD LGBT) y un acuerdo con la Comunidad Europea para el desarrollo de un estudio comparativo de políticas públicas para las personas trans en Portugal y Brasil. Sin embargo, en mayo, la CNCD LGBT se unió a la lista de mecanismos de participación suspendidos, como estableció el decreto de la Presidencia, y ya no tendrá más reuniones después de junio, que es también cuando se cierra el acuerdo con la Comunidad Europea.
Entre enero y mayo, el Consejo realizó esfuerzos internos de cabildeo para asegurar la celebración de la IV Conferencia Nacional LGBT, cuya edición había sido planificada por la administración de Michel Temer, y luego para luchar por su supervivencia a partir de mayo[5]. Una asociación público-privada fue anunciada para desarrollar acciones de derechos humanos, cuya prioridad es articular políticas de empleabilidad para las personas LGBT, especialmente transgénero, aunque todavía no hay recursos o estructura institucional para implementar este programa.
Cualquiera que sea la dirección formal hacia donde la política de «derechos LGBT» se dirija, al considerar la lógica más amplia de la «nueva» política de DDHH, esta será necesariamente selectiva. Se rumorea, por ejemplo, que el CNDC LGBT pueda ser recreado en un nuevo formato, con menos miembros que ya no serían conformados por la sociedad civil, sino por el propio Ministerio. Si ello sucediera, podemos predecir que habrá presencia de voces que representan a los grupos conservadores de homosexuales cristianos y personalidades políticas y culturales LGBT, de quienes JMB tiene apoyo público. Es decir, este será un Consejo LGBT respetable y de derecha para hacer el contrapunto moral a las escandalosas representaciones de sexualidad «aberrante» evocadas por el tweet de JMB en la ocasión del episodio golden shower.
Aunque se promueva esta política moralista de forma explícita, la violencia y la discriminación contra las personas LGBT no serán silenciadas o minimizadas en el discurso oficial del gobierno. Un hecho muy relevante del período analizado fue el fallo de la Corte Suprema sobre dos acciones constitucionales —a principios del 2010— que cuestionan la omisión del estado frente a la homofobia y la transfobia y exigían la equiparación de estas violaciones con el racismo y su criminalización. La decisión recibió una opinión favorable el 23 de mayo y, finalmente, se aprobó el 13 de junio para recomendar a la legislatura que se tomen medidas legales al respecto. Damares Alves no solo aprobó la decisión, sino que también se comprometió a implementarla:
«Decir que no hay violencia es una broma. Solo basta ver la calle y lo sabes. A mí me gustaría tener un país donde el prejuicio no sea un problema. Pero esta no es nuestra realidad: todo lo que se decida en la plenaria debe ser respetado. La homofobia tiene que ser combatida sea por ley u otras políticas. Y lo digo más. Esa es una de las prioridades de este gobierno, especialmente en el caso de las mujeres ‘travestis’.
Es esencial recordar que el reconocimiento firme de la vulnerabilidad y de la violencia a que están sometidas las personas LGBT, especialmente las mujeres travestis, coexiste al ataque sistemático contra el «género». Desde que asumió el puesto, la ministra no solamente ha hecho una promoción barata por la «diferencia sexual natural». En su primera entrevista concedida al periódico Folha de São Paulo, ella dijo que los «ideólogos del género» utilizan el sufrimiento de los homosexuales para ganar espacio y terreno y, así, difundir sus tesis sobre género. Según Alves, esa difusión sería abolida de la agenda del Ministerio. En una entrevista reciente, para un conocido blog de seguidores de JMB, sus declaraciones fueran aún más explícitas:
«Hay una diferencia entre los ideólogos del género y los movimientos LGBT. Los ideólogos utilizaron estos movimientos para implantar su propia ideología. Viene con la premisa de que nadie nace hombre y nadie nace mujer, pero que esto es una construcción social […] Esta ideología es lo que cuestiono porque aún no está establecida, no tiene respaldo científico […] Mi disputa es que esto lo lleven a la infancia… Me llamaron homofóbica porque estaba discutiendo sobre ideología de género, pero olvidaron que estoy enamorada de los homosexuales, de las lesbianas y de los travestis».
No sin razón, el lenguaje utilizado por Damares en su comentario sobre la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) fue «mujer travesti» y no simplemente travesti. Subyacente a esta elección está el repudio del «género» como un signo de la inestabilidad de las categorías sexuales.
Opción preferencial hacia la «mujer»
La misma lógica de purificación y selectividad se puede identificar en las agendas de políticas públicas prioritarias anunciadas o implementadas por el Ministerio de la Mujer, la Familia y el Derecho Humano para las mujeres, entre las cuales las categorías «mujer» y «niño» son estructurales. Esta es una agenda cuyas raíces se pueden encontrar en el universo evangélico brasileño donde las mujeres, de hecho, han asumido un gran protagonismo y las iglesias apoyan y financian proyectos dirigidos a las mujeres: «educación financiera femenina», «emprendimiento femenino» y la acogida a mujeres en situaciones de violencia doméstica y sexual[6].
Llevada ahora a la política estatal, esta agenda, por un lado, rescata y promueve agendas originalmente feministas, como el «empoderamiento», la confrontación de la «violencia en contra de las mujeres», el repudio al abuso sexual. Por otro lado, ataca virulentamente el «género» y repudia todo lo que se considera abominable en el feminismo, como el derecho al aborto y la enseñanza de cuestiones de género en las escuelas como objetivo principal de esta demonización.
Damares habla con fluidez este lenguaje que no convierte al feminismo en un enemigo inmediato, sino que apunta a lo que, según una cierta lectura moral, supera los «límites» de «razonabilidad» y «decencia» y corrompe el «orden social familiar». Esto quedó claro en una de sus primeras entrevistas cuando afirmó para Folha: «Hay una serie de pautas feministas que adopto. Por ejemplo, la igualdad salarial para hombres y mujeres y la lucha contra la violencia. Si es necesario para mí y para las feministas salir a la calle cogidas de la mano, lo haré. Pero sin la exageración de los senos en exhibición y sin el adoctrinamiento que parece predicar el odio a los hombres».
Una lectura más precisa de cómo esta agenda se traduce en una acción efectiva revelará que, como ya es más evidente dentro de la política LGBT, la lógica de la depuración evocará cada vez más la degradación moral que se supone que promueve el feminismo porque, como argumentan Rosana Pinheiro-Machado y Matias Spektor, esto instiga a la división y la guerra permanente que sostiene al gobierno de JMB.
Esta agenda, así como el carisma personal de Damares, se ha dirigido muy claramente a las audiencias antifeministas del electorado y puede tener un importante efecto de adhesión sobre ellas. Rescatando los resultados de la encuesta Datafolha, que evaluó las percepciones del feminismo en Brasil en abril de 2019, estas audiencias son: 63% de las mujeres entre 35 y 44 años que dicen no ser feministas; además de hombres entre 25 y 34 años (45%) y 48% de los evangélicos. Esta es una base sustantiva potencial, especialmente entre las mujeres, y no debe minimizarse. Además, no sería absurdo pensar que la ambigüedad de los discursos selectivamente feministas podría capturar las mentes de los corazones más allá de estas fronteras.
Al decir en su discurso inaugural del 3 de enero: «Esta es una nueva era en Brasil: los niños visten de azul y las niñas visten de rosa», Damares Alves no solo ganó las primeras páginas de los diarios, también inauguró su peculiar estilo disonante y disparatado, mostrando lo más ridículo, estúpido y atrasado, al punto que haberse convertido en una de las principales fuentes de fascinación de la era confusa de JMB. Cada discurso o acto público genera una recapitulación de sus dichos y una cantidad interminable de comentarios y bromas que circulan en las redes sociales, capturando la atención y la energía de aquellos que deberían estar más preocupados de lo que ella hace en lugar de lo que dice. A diferencia de JMB, que casi nunca habla con la prensa, a Damares le encanta dar largas entrevistas a los medios más diversos, respondiendo a las críticas que estos le hacen, incluso a aquellos que la ridiculizan. Recientemente han empezado a hacerse parodias de sus presentaciones públicas[7]. Cada nueva entrevista genera reacciones y mucha burla.
Esta cortina de humo eclipsa el carisma personal de Damares, su efectividad política institucional y, sobre todo, su firme compromiso con la agenda nacional conservadora del grupo que llegó al poder con JMB. También ha utilizado un lenguaje abierto y un repertorio imaginativo de ofensivas antigénero y «antiaborto transnacional», como por ejemplo, el uso de los colores del Manif pour Tous de París en el 2013 y a los argumentos de las campañas #ConMisHijosNoTeMetas, difundidas por CitizenGo, el brazo internacional de la ultraconservadora ONG española Hazte Oír[8] y, de manera particular, el rechazo visceral al género, elaborado durante el papado de Ratzinger y que acaba de ser reafirmado por Francisco I. Los chistes y las risas que provocan sus declaraciones no nos permiten ver con claridad las rutas políticas hacia las cuales sus discursos y prioridades apuntan.
Agradecemos muchísimo a Yazmin Trujillo, Susana Chavez, Renzo Zegarrat y el equipo del CLACAI por el gran apoyo en la cuidadosa traducción de este artículo.
[1] El nuevo ministerio asumió las agendas de las antiguas Secretarías de Derechos Humanos, Políticas de la Mujer y Promoción de la Igualdad Racial, añadiéndoles una nueva área de política pública orientada a la familia, como dice el libro del conservadurismo en el poder. La estructura actual del Ministerio es la siguiente: Secretaría Nacional de la Familia, Secretaría Nacional para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, Secretaría Nacional de la Juventud, Secretaría Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, Secretaría Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Secretaría Política Nacional de Promoción de la Igualdad Racial, Secretaría Nacional para la Protección Global (Junta LGBT y CNCD LGBT están en esta estructura), Secretaría Nacional para la Política de la Mujer.
[2] Jóvenes con una misión.
[3] Según El País, la práctica es típica de los grupos étnicos kamayurá, yanomami, kajabi, bororo, ticuna, entre otros, y se realiza en cuatro situaciones: la escasez de recursos debido a la gran cantidad de niños o cortos intervalos entre embarazos; la existencia de discapacidades motoras o físicas o incapacidad para amamantar; a veces debido al sexo, favoreciendo a los niños varones o creencias arraigadas en caso de embarazo gemelo o albino o si la madre muere durante el parto.
[4] Fernando Holyday, negro y fundador de MBL, quien es concejal de la ciudad de São Paulo. También Douglas García, creador del grupo de derecha del estado de Sao Paulo, diputado estatal que dirigió el ataque de 2017 contra Judith Butler, también declaró ser gay.
[5] Los miembros activistas del Consejo apelaron ante el Ministerio Público Federal y a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Federal, exigiendo la preservación del Consejo y la publicación de las reglas de la Conferencia.
[6] Ver El País. Falta el enlace
[7] Como por ejemplo, decir en una larga entrevista a la BBC que quiere casarse e incluso cortarse el pelo y tomarse una foto para unirse a Tinder.
[8] Quienes tienen vínculos orgánicos con Vox, un emergente partido de extrema izquierda.
