Manuela, era una mujer que vivía en situación de pobreza en una comunidad rural del municipio de Cacaopera, Departamento de Morazan, El Salvador. No sabía leer y escribir, no tuvo acceso a educación, a salud integral, ni a métodos de control de la fertilidad, por lo que nunca los utilizó.
Cuando en 2007, desarrolló una serie de tumores en su cuello acompañado de otros síntomas que la aquejaban constantemente, consultó en una pequeña Unidad de Salud de Cacaopera, ubicada a más de 5 kilómetros a pie desde su casa, por meses le aseguraron que no tenía nada grave y la enviaron a su casa con una prescripción de analgésicos, sin realizarle ningún examen, a pesar de que en ese momento tenía una forma avanzada de cáncer linfático.
El 27 de febrero de 2008 Manuela se encontraba en el tercer trimestre de su embarazo, se dirigió con ganas de evacuar a la letrina ubicada afuera de su casa, momento en el cual tuvo una hemorragia severa, sufrió un parto precipitado, acompañado de una preclamsia grave, perdiendo así el conocimiento.
Cuando Manuela llegó al Hospital de San Francisco Gotera, la médica que la recibió, en lugar de atender la emergencia obstétrica de Manuela, la acusó de haber tenido una relación extramarital y estar escondiendo el producto de una supuesta “infidelidad”, razón por la cual decidió denunciar a Manuela ante la Policía por el presunto delito de aborto.
Al día siguiente 28 de febrero 2008 Manuela fue detenida y esposada a la camilla del Hospital hasta ser trasladada a la cárcel permaneciendo en prisión preventiva hasta el juicio, que se celebró 11 de agosto de 2008, siendo condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. En prisión se agravó su enfermedad sin ser diagnosticada ni recibir tratamiento médico, 12 meses después de su ingreso en prisión y cuando ya no podía levantarse le diagnosticaron que padecía un linfoma de Hodkking, un cáncer linfático. Sólo entonces inició un tratamiento de quimioterapia intermitente, ya que le fue dado de forma incompleta. Manuela pasó los efectos de la quimioterapia en condiciones de hacinamiento e insalubridad y sus últimos meses de vida esposada a una camilla. Murió el 28 de abril de 2010, dejando dos hijos huérfanos, a quienes no pudo volver a ver desde que ingresó a la cárcel.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, conoció su caso al identificar su expediente y la condena recibidas y buscarla en diversos centros penales, no encontrándola y descubriendo que había muerto en prisión, lográndose contactar con la familia en 2011, lo que permitió reconstruir la sucesión de violaciones a sus derechos que había enfrentado Manuela.
Después de realizar algunas acciones legales ante el sistema penitenciario, sin resultados la Agrupación Ciudadana y el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), presentaron el 21 de marzo de 2012, ante la CIDH una demanda en nombre de Manuela y su familia, para que se reconozca la inocencia de Manuela, rehabilitando su nombre y el de sus hijos y familia, a la vez que tomen medidas para que otras mujeres no enfrentan la misma violación de derechos.
El 18 de marzo de 2017 la CIDH en su sesión n°2077, admitió la demanda y el 29 de julio de 2019 la CIDH, sometió el caso de Manuela a la Corte IDH, siendo admitida y estando pendiente de fijación de fecha para la audiencia. La declaración de la pandemia COVID 19, tiene paralizada la fijación de fecha para la audiencia. Se espera que la audiencia se realice en el primer trimestre de 2021.
La Fundación “Vida SV”, está desarrollando una campaña de acoso y estigmatización contra Manuela y su familia, presentándola como una “madre asesina”, difundiendo su foto y domicilio. Este ataque originado por la próxima vista en la Corte IDH de su caso, lo enmarca en una campaña contra “Las 17 y +”, grupo de mujeres condenadas por emergencias obstétricas a penas entre 15 y 40 años de prisión. El ataque se dirige también contra las organizaciones demandantes: Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, que han presentado la demanda en nombre de la familia y están dando apoyo y acompañamiento legal, social y comunicacional. También está siendo atacada la CIDH, que es acusada de ser promotora del aborto y que con una posible sentencia puede obligar al Estado salvadoreño a la despenalizacion del aborto por diversas causas. La campaña se esta desarrollando actualmente por redes sociales a través del facebook y twitter de “vida sv” y otras organizaciones aliadas, donde se difunden acusaciones contra Manuela y “Las 17 y +”, divulgando los expedientes procesales, sus fotos y direcciones. Han producido una serie de 4 videos denominados “El Manual del Aborto”. El primer Capítulo se difundió por youtube el 2 de mayo 2020, con el título “El fraude las 17”.La campaña es replicada por medios de comunicación católicos: ACIPRENSA, la cadena televisiva EWTN y en página web de Live Action.
