En junio de 2019, publicamos un número especial sobre los primeros 180 días del gobierno de Bolsonaro. Seis años después, asumimos el reto de hacer un balance equivalente de los primeros seis meses del gobierno de Trump II, cuya escala y significados políticos son de otro orden. El 9 de julio, Trump anunció que los aranceles que se aplicarían a Brasil serían los más altos del mundo, recurriendo al «proceso judicial injusto» contra Bolsonaro como justificación. La medida se confirmó a finales de julio cuando, basándose en la llamada Ley Magnitsky, se impusieron sanciones extremas, injustificables y de carácter imperial al juez de la Suprema Corte Alexandre de Moraes.
A pesar de las diferencias de escala y brutalidad, un rasgo común sólido conecta el Brasil de 2019 y los Estados Unidos de 2025: el caos como método de gobierno, caos que, en el caso de Trump, se ha descrito como una estrategia de «choque y horror» o «inundar la zona» (flood the zone). Es decir, un estado de excitación política permanente provocado por decretos presidenciales consecutivos (la mayoría inconstitucionales), medidas obscenas de destrucción institucional, amenazas de invasión de territorios extranjeros, actuaciones corporales neonazis, escenas políticas que pueden calificarse de pornográficas.
Por esta razón, uno de los artículos publicados en el especial sobre los 180 días de Bolsonaro establece una analogía entre la ofuscación provocada por esta profusión y las escenas de perversión fascista proyectadas en la película 120 días de Sodoma, de Pier Paolo Pasolini. Imágenes brutales que provocan repulsión, pero de las que no podemos apartar la mirada. En la misma línea, Judith Butler describió los primeros actos del gobierno de Trump II como sadismo desatado. El caldo político e imaginario, caótico y cruel, que se desborda de este escenario alimenta tanto la agitación de la base trumpista MAGA y de la ultraderecha transnacional como la confusión, la dispersión y la parálisis. Para resistir los impactos de esta avalancha, es fundamental descifrarla, una tarea ardua debido a su escala y vertiginosidad.
Entre enero y junio, la brutal política migratoria desatada por Trump, implementada sobre la base de la caza de migrantes y las deportaciones masivas, se metamorfoseó en una militarización abierta de la represión política, como se vio en Los Ángeles hace unas semanas. Antes de eso, se multiplicaron las situaciones de arbitrariedad y coacción política contra las voces críticas del genocidio en Gaza, los investigadores, los académicos y las universidades. Como predijo un senador conservador francés, a principios de marzo, la política exterior de Trump al estilo «golpear primero para negociar después» desembocó en la hegemonía militar manifiesta en el bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán el 21 de junio. Unos días antes, en Minnesota, la senadora demócrata Melissa Hortman y su marido fueron víctimas del primer asesinato político de la era Trump II.
Al analizar esta escena, hay que tener en cuenta las tensiones geopolíticas de la llamada multipolaridad y la rápida expansión bélica de Israel en el imparable genocidio de Gaza, que se derivan de la imbricación definitiva entre los intereses geopolíticos de Israel y los Estados Unidos. Así como la colusión entre el gobierno y los intereses de Silicon Valley, el duro pulso de los aranceles, un nuevo presupuesto nacional que ha arrasado con el financiamiento de la salud y la protección social, ampliando las inversiones en el complejo industrial armamentístico. No menos importante, en este panorama proliferan innumerables inestabilidades e incertidumbres internas o externas. Por ejemplo, las fuertes críticas de parte de la base MAGA al ataque contra Irán y el anuncio hecho por Elon Musk, cuando se estaba terminando este boletín, de que va a crear un nuevo partido político para disputar el proyecto político de Trump.
Este boletín es una modesta contribución al esfuerzo de decodificar este panorama complejo, fugaz y sombrío. En un primer bloque, ofrecemos claves interpretativas generales que captan los significados y los antecedentes de los escenarios internos y externos que están siendo rediseñados, a sangre y fuego, por el régimen que está tomando forma en Estados Unidos. A continuación, examinamos las ofensivas y las «zonas inundadas», ofreciendo, en cada caso, una recopilación cualificada de información y análisis complementarios. Un bloque final presenta elaboraciones preliminares sobre incertidumbres y resistencias.
Claves de lectura
Una transición histórica
Lo que estamos presenciando desde el 20 de enero no puede leerse únicamente como un nuevo giro hacia la ultraderecha en la política estadounidense, con efectos globales colosales debido al poderío económico y militar de los Estados Unidos. La avalancha desatada por Trump está reconfigurando, profunda y definitivamente, el orden internacional establecido en los años cuarenta tras la derrota del nazifascismo y que se modificó al final de la Guerra Fría sin, sin embargo, desplazar la hegemonía estadounidense.
En el vértigo que provocó la implosión de la Unión Soviética en 1991, aprendimos que los impactos y las direcciones de las transiciones de época no se perfilan de inmediato. Hay que dar tiempo al tiempo para captar mejor sus direcciones. En el caso del regreso de Trump, sin embargo, las señales de estas posibles direcciones son bastante sólidas. Al abandonar la OMS, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Acuerdo de París, Trump dejó claro, sin rodeos, el desprecio por el multilateralismo que florece en la extrema derecha y que también explica la vertiginosa destrucción de la USAID y el traslado de sus funciones al Departamento de Estado. Como ya se ha mencionado, las intervenciones de la Presidencia en política exterior —desacuerdos sobre la deportación de migrantes, los aranceles, la destrucción de Gaza, la guerra en Ucrania y ahora el bombardeo de Irán— se guían por la lógica de golpear primero y negociar después, con todas las incertidumbres que este tipo de juego implica.
Con razón, estos rasgos se interpretan como síntomas de una deconstrucción geopolítica conflictiva, pero definitiva. Para el filósofo brasileño Marcos Nobre[1] [2] [3] , en un artículo publicado antes del ataque a Irán, Trump pone al descubierto las disfunciones del orden establecido al final de la bipolaridad, oficializando una geopolítica cruda y directa en la que la fuerza —militar, territorial, económica, cultural y tecnológica— vuelve a ser el criterio último de los juegos de poder globales. Nobre también elabora un extenso argumento sobre la urgencia del campo progresista y democrático de adoptar una posición realista frente a esta reconfiguración tan volátil.
Lea aquí una compilación de análisis sobre el tema.
Ciclo largo, giro gramsciano, transnacionalismo
Sin duda, hay que tener en cuenta los elementos del contexto político que precedió a las elecciones presidenciales de 2024 al analizar el regreso de Trump al poder y sus consecuencias. Sin embargo, su nueva victoria no debe interpretarse únicamente como el resultado del proceso electoral del año pasado en términos de antecedentes inmediatos, fuerzas aglutinadas en torno a su proyecto de poder y perfil de sus votantes. Puede y debe describirse como el punto culminante de un largo proceso de reorganización y reconfiguración del ultraconservadurismo y la extrema derecha que comenzó a tomar forma en los años setenta.
La Heritage Foundation ilustra perfectamente esta longevidad. Fundada en 1974 como uno de los primeros bastiones institucionales de esta reorganización de largo curso, desde 2022 ha coordinado la elaboración del Proyecto 2025, un plan estratégico detallado para guiar las acciones de un nuevo gobierno ultraconservador en Estados Unidos y que se está implementando sistemáticamente desde enero.
Como ha analizado Sonia Corrêa en entrevistas recientes (Revista SUR, Esquerda Diário), esta reorganización ultraconservadora no se ha producido solo en Estados Unidos. Ha sido precedida por movimientos intelectuales equivalentes en Europa occidental. Y, desde siempre, sobre todo a través de conexiones ultracatólicas y fundamentalistas evangélicas, ha implicado intensos intercambios con América Latina. Con variaciones regionales —más seculares en Europa y más ultrarreligiosas en América—, estas inversiones produjeron un tejido transnacional híbrido, pero potente. En los años noventa, con el fin de la bipolaridad y la recién inaugurada digitalización de la vida y la política, esta trama ganó escala. Veinte años más tarde, estaría alimentando los robustos giros electorales hacia la ultraderecha que barrerían Europa y América.
Más importante aún, en el curso de esta reconfiguración, estas fuerzas realizaron una relectura sistemática de textos marxistas o posmarxistas, especialmente Gramsci y la Escuela de Frankfurt. Y adoptaron nuevos modos de acción para impulsar una transformación amplia y profunda de las sociedades, los Estados e incluso las relaciones internacionales. Denominada por sus creadores como metapolítica, esta revolución ultraconservadora invierte desde hace mucho en la disputa por los corazones y las mentes para consolidar pari et pasu su proyecto político. En la literatura académica sobre la extrema derecha, este desplazamiento se ha denominado giro gramsciano (o frankfurtiano). Esta lectura crítica, que hace unos años sonaba extravagante, hoy en día se explica, incluso con humor, por los intelectuales que participan en esta reingeniería.
A mediados de la década pasada, las conexiones transnacionales de esta nueva (vieja) ultraderecha se volvieron más complejas y densas. Esto queda ilustrado por la multiplicación geométrica, desde 2019, de foros políticos como las Conferencias de Acción Política Conservadora (CPAC) en América, las Conferencias del Nacionalismo Conservador en Europa, los Foros de Madrid en América Latina, así como las cumbres y reuniones de la Political Network for Values en varios continentes. En la nueva etapa iniciada el 20 de enero, las visiones y propuestas que emanan de Washington circulan por estos meandros, catalizando y contagiando dinámicas políticas equivalentes en otros contextos, en particular en aquellos en los que la ultraderecha sigue en ascenso o está en el poder.
Lea aquí una recopilación de análisis sobre el tema.
El fascismo en tiempos posfascistas
Cuando los giros electorales hacia la ultraderecha cobraron fuerza en la última década, el término fascismo volvió con fuerza al vocabulario político, suscitando acalorados debates. ¿Debía o no denominarse fascismo lo que estaba sucediendo? ¿No sería más adecuado describirlo como populismo de derecha? ¿O iliberalismo (un término acuñado por Viktor Orbán)? En 2025, este debate ha quedado superado. Investigadores reconocidos del fascismo histórico, como Robert Paxton y Timothy Snyder, ya no dudan en calificar de fascistas muchos rasgos de la escena política que ha tomado forma en América y Europa en la última década. En junio, poco antes del asesinato de la pareja Hortman y del ataque a Irán, intelectuales de renombre lanzaron un manifiesto antifascista global. Este nuevo consenso no significa, sin embargo, que las diferencias entre el pasado y el presente puedan borrarse. Tampoco debe dar lugar a una aplicación generalizada y descuidada del término, banalizando su uso, en un momento en que su uso firme es más que urgente.
Pero identificar las formas contemporáneas actuales del fascismo no es una tarea trivial. Como analizó Umberto Eco en su clásico texto, la política y los discursos fascistas siempre han sido metamórficos. Hoy en día, sus mutaciones son cada vez más intensas y fugaces, entre otras cosas porque, a lo largo de los últimos cincuenta años, la revitalización del ideario y la praxis fascistas se ha ajustado a las condiciones de un mundo en el que el fascismo se consideraba superado. No fue una brigada fascista uniformada la que ejecutó a Melissa Hortman y a su esposo, hiriendo gravemente a otra pareja. Quien los mató fue un hombre común, votante de Trump, evangélico fundamentalista, pero estos crímenes pueden interpretarse como réplicas de los asesinatos fascistas del pasado.
«Género» y «raza» en el ojo del huracán
En este escenario multifacético y convulso, el género y la raza no son temas secundarios ni cuestiones de la agenda moral, como se repite hasta la saciedad en Brasil. Las políticas antigénero y antirracistas ocupan un lugar central en la tormenta, entre otras cosas porque una aversión visceral a las luchas sociales organizadas en torno a estas dimensiones de la vida social siempre ha impulsado la reorganización de la ultraderecha. En Estados Unidos, por ejemplo, Stonewall (1969) y la sentencia Roe contra Wade, que reconoció la constitucionalidad del derecho al aborto (1973), fueron el combustible de las primeras agitaciones ultraconservadoras articuladas en torno al Movimiento de la Mayoría Moral.
En la década de 1990, esas mismas fuerzas fabricaron la categoría acusatoria «marxismo cultural» (más información sobre el origen del término aquí) para apuntar al activismo antirracista, feminista (especialmente por el derecho al aborto), por los derechos de los homosexuales, de los migrantes y de la defensa del medio ambiente, como los nuevos enemigos (internos) de la nación estadounidense y de la civilización occidental. En la década de 2010, los desplazamientos electorales hacia la ultraderecha se vieron alimentados, en la mayoría de los casos, por movilizaciones antigénero, que en el contexto europeo estuvieron (y siguen estando) asociadas a agendas racistas y antimigratorias. Instaurada en el poder en Hungría, Brasil, en gobiernos locales tomados por Vox en España y, más recientemente, en Italia y Argentina, la ultraderecha ha trasladado de diversas maneras la ideología antigénero a la gramática estatal y a las políticas públicas, como ocurre ahora en Estados Unidos.
Sin embargo, la temporalidad de la política antigénero estadounidense no coincide con el ciclo observado en Europa y América Latina. En 2016, la campaña de Trump, aunque abiertamente misógina, no desencadenó fantasmagorias antigénero. En 2017, Trump ensayó una ofensiva antitrans que no prosperó como estaba previsto. Tres años más tarde, ya en camino hacia las elecciones de 2020, en el contexto de las movilizaciones Vidas Negras Importan, la ultraderecha estadounidense desfigura el término «woke» fabricando una nueva versión del «marxismo cultural».
La nueva invención sirvió tanto para descalificar la lucha antirracista en curso como para añadir nuevos objetivos a la lista original de «cosas malas» que, en opinión de la ultraderecha, deben combatirse: el «género», las ciencias humanas, la teoría crítica racial, las perspectivas interseccionales. En las elecciones de 2020, se multiplicaron los ataques feroces contra la diversidad sexual y la teoría crítica racial a nivel estatal, lo que movilizó una avalancha posterior de propuestas legislativas antitrans. A principios de 2023, en un evento de precampaña, Trump declaró que su nuevo gobierno combatiría con vigor la «ideología de género» (conozca el origen de la categoría).
Lo que se observa hoy es, por lo tanto, una sólida implementación de esa promesa. Como lo demuestran una decena de órdenes ejecutivas emitidas desde enero, esta lucha sin cuartel se ha traducido sobre todo en un rechazo visceral a los derechos de identidad de género —es decir, a los derechos trans— justificado en nombre de los derechos de las mujeres.
La primera de ellas, Defender a las mujeres del extremismo de la «ideología de género» y restaurar la verdad biológica en el Gobierno Federal, publicada el 20 de enero, aborrece literalmente el concepto de género y establece por decreto la existencia de dos sexos biológicos. También afirma que la verdad de la diferencia sexual se define en la «concepción», vinculando la política contra el «género» a las ofensivas antiabortistas.
Además, el rechazo al género alimenta la ofensiva contra las políticas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI), que también abarcan medidas para coartar la discriminación y la acción afirmativa en favor de las mujeres y las personas racializadas. Y todo ello cabe en la gran cesta del «wokismo». Desde enero, el término «woke», que también incluye la acusación de «antisemitismo», ha sido repetido hasta la saciedad por las autoridades estatales para justificar la implosión de reglas, valores, normas, políticas e instituciones que la ultraderecha estadounidense quiere ver abolidas lo antes posible.
Lea aquí una recopilación de análisis sobre el tema
Zonas inundadas y ofensivas
«Demoliendo el Estado profundo»
El Estado del bienestar establecido en Estados Unidos tras la Gran Depresión de 1920 ha sido siempre blanco del campo ultraconservador. Ya durante la Guerra Fría se asoció al «comunismo», la «ingeniería social» y la «falta de libertad». A partir de finales de los años ochenta, estos discursos se verían impulsados por la expansión de la racionalidad neoliberal (desregulación, reducción del Estado, privatización) que, como es sabido, también alimenta dinámicas de desdemocratización[1].
En el siglo XXI, a medida que la ultraderecha se fortalecía, el ataque al «gran Estado» ganó cada vez más espacio en su repertorio intelectual y discursivo. Proliferaron tesis sofisticadas sobre el totalitarismo inherente al Estado liberal, narrativas tenebrosas sobre el «Estado profundo» y sus múltiples figuras conspiradoras, así como recetas para demoler esa «máquina perversa». Entre estas últimas, se cuentan muchas y muchas páginas del Proyecto 2025, en las que se describen en detalle procedimientos demoledores del «Estado profundo» para garantizar que Trump hiciera ahora lo que no había hecho entre 2016 y 2020.
En enero de 2025, esta tarea prioritaria fue asignada al recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido hasta principios de junio por Elon Musk. Durante seis meses, decenas de instituciones estatales estructurales fueron registradas, «reducidas» o cerradas. Es significativo que la blitzkrieg comenzara por dos agencias de alcance transnacional: la Agencia de Cooperación para el Desarrollo (USAID) y el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), que implementaba varios programas en colaboración con la USAID en el ámbito del control de enfermedades transmisibles, como el VIH/SIDA.
Esta elección confirmó el desprecio por el multilateralismo y abrió la puerta a una burda exhibición de lucha contra el «wokismo» (véase nuestra recopilación). Basada en mentiras y distorsiones, esta lucha llevó al cierre de la agencia y, con ello, a la suspensión de miles de proyectos en todo el mundo. Una de las falsedades utilizadas en la cruzada contra USAID afirmaba que millones de condones donados a Gaza habían sido convertidos en cócteles Molotov por Hamás. El verdadero beneficiario de la acción en cuestión es, en realidad, una provincia de Mozambique, país con una altísima prevalencia del VIH.
En un artículo reciente, el New York Times informa que, aunque ese no era el plan original, el fin de USAID estaba sellado en dos semanas. Este proceso sumario y apresurado se convirtió en el modelo para las acciones de demolición posteriores. Como afirma el periódico estadounidense, el impacto de la destrucción de USAID fue cruel y devastador. Esta evaluación ha sido confirmada hasta la saciedad por una amplia cobertura informativa sobre lo que ha significado el desmantelamiento repentino de proyectos, especialmente en África y en el ámbito de las políticas de contención de enfermedades transmisibles, en particular el VIH (ya que USAID era la administradora del PEPFAR), pero también la malaria (véase más aquí). Aunque América Latina no aparece en estos balances, los efectos aquí no han sido precisamente insignificantes, en particular en Colombia. Del mismo modo, los análisis han prestado poca atención a lo que esta destrucción significa para las iniciativas de promoción de la democracia, incluido el apoyo y los medios independientes y, en este mismo marco, los proyectos de apoyo a los derechos LGBTQIA+ [2].
La intervención en los CDC también dejó huellas perjudiciales menos debatidas fuera de Estados Unidos. De inmediato se denunció la censura de una extensa lista de términos biomédicos relacionados con el género, la sexualidad y el aborto. Más tarde, en junio, un artículo del New England Journal of Medicine publicó pruebas sólidas de que la base de datos de salud de los CDC comenzó a ser borrada tan pronto como Trump asumió el cargo. La intervención en los CDC también tuvo efectos drásticos sobre la implementación del PEPFAR, ya que la agencia era cogestora del programa en muchos países. La reestructuración del Instituto Nacional de Salud (NIH) tampoco tuvo mayor repercusión internacional, a pesar de que su impacto sobre miles de asociaciones de instituciones científicas en todo el mundo también es muy significativo.
Muchas otras instituciones estatales fueron sometidas a esta reestructuración destructiva: el Departamento de Educación, que también fue eliminado, el Departamento de Trabajo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la Seguridad Social y el Servicio de Impuestos Internos. Lo mismo ocurrió con agencias de fomento de la investigación como la National Science Foundation, el National Endowment for Democracy y el Woodrow Wilson Institute, una institución histórica dedicada a los estudios sobre multilateralismo que también fue cerrada (lea nuestra extensa recopilación sobre la destrucción llevada a cabo por el DOGE).
Un artículo del portal Wired describe en detalle cómo estas operaciones de guerra fueron llevadas a cabo por voraces equipos SWAT de jóvenes ingenieros reclutados por Musk. Otro artículo del portal muestra cómo el objetivo de estas brutales intervenciones no es solo reducir el costo del Estado, como se anunció, sino también aterrorizar a los funcionarios y, sobre todo, recopilar las bases de datos almacenadas en estas instituciones, tanto con fines de vigilancia como para su eventual privatización.
Elon Musk abandonó el Gobierno de forma inesperada en junio, en abierto conflicto con Trump. Dejó tras de sí el rastro catastrófico de miles de funcionarios de carrera en el paro (y la pérdida de conocimientos y experiencia que ello implica), innumerables proyectos sociales en ruinas en todo el mundo y políticas nacionales de protección social o medioambiental agonizando.
Además, el Congreso, dominado por los republicanos, llevaba desde enero recortando los recursos destinados a programas sociales, como el sistema de vales de alimentación establecido en los inicios del estado del bienestar. Russel T. Vought, que coordinó la elaboración del Proyecto 2025, sigue siendo el sheriff del presupuesto federal. En otras palabras, el demoledor ha vuelto al vasto mundo de sus negocios, pero la era de la destrucción no ha terminado, entre otras cosas porque, como ya se ha mencionado, el presupuesto recientemente aprobado va en la misma dirección.
Furia antimigratoria
La furia antimigratoria que se apodera de la escena estadounidense no es sorprendente, ya que tan pronto como llegó al poder en 2017, Trump cerró las fronteras a los ciudadanos de varios países y comenzó a construir un muro para separar a Estados Unidos de México y, por extensión, de América Latina. La infraestructura que sustenta las políticas actualmente adoptadas no se ha creado ahora —viene de mucho antes y se ha mantenido durante el gobierno de Biden—, pero su brutalidad es típica de los tiempos actuales. Demuestra que el antiguo imaginario sobre la migración y el crisol de culturas (melting pot) como valores positivos de la nación estadounidense se ha visto definitivamente contaminado por el racismo estructural. Los argumentos actuales contra la migración reproducen los tropos novecentistas que sustentaban la esclavitud. Este resurgimiento ya era evidente en la calificación de los migrantes como «salvajes» que se alimentan de mascotas, utilizada en la campaña electoral. Ahora se pone de manifiesto en la nota oficial sobre acoso sexual que afirma que la invasión de migrantes que llegan por la frontera sur sería la causa del aumento del número de violaciones en el país.
Desde enero, se asiste a espantosos espectáculos de arbitrariedad, intimidación y coacción de los migrantes, acciones que evocan los pogromos nazis de la década de 1930. Deportados esposados que son fotografiados para regocijo del público MAGA, equipos del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) persiguiendo a profesionales en sus lugares de trabajo, niños en las escuelas, mujeres embarazadas en los hospitales. Hay personas que son enviadas directamente desde los aeropuertos y desde sus casas a prisiones que albergan a los que serán deportados inmediatamente. Hay muchos informes de impedimento del acceso a la justicia y, según Heidi Beirich, del Proyecto Global contra el Extremismo Global (GPAHE), muchas personas han desaparecido desde que comenzaron las operaciones del ICE.
Durante el mes de junio, se añadieron más brutalidades a este escenario. Según el podcast 404 Media, el ICE ha comenzado a utilizar una nueva tecnología de identificación facial por teléfono móvil que favorece la deportación masiva sin criterios, a pesar de que se sabe que el reconocimiento facial implica graves errores de identificación. El Ejecutivo también ha avanzado en la implementación de medidas de desnaturalización de personas extranjeras acusadas de delitos graves, lo que, en las condiciones políticas actuales, puede derivar en el castigo de la disidencia política, como ocurrió durante el macartismo.
También se ha anunciado que el Gobierno va a crear un impuesto sobre las remesas que los migrantes envían a sus países. En junio, Trump también realizó una espectacular visita al nuevo centro de detención de migrantes, inaugurado en Florida, apodado «Alcatraz de los Jacarés» o «Auschwitz de los Cocodrilos», cuyas condiciones recuerdan las peores fantasías carcelarias de Hollywood. Y, a principios de julio, el presupuesto aprobado para el Congreso aumentó el presupuesto del ICE de 8 a 50 millones de dólares, convirtiéndolo en la agencia de aplicación de la ley más poderosa del país.
Como siempre se ha dicho, esta guerra abierta afecta sobre todo a América Latina, ya que casi el 50 % de los migrantes que viven en Estados Unidos, de forma regular o irregular, son latinoamericanos (la mitad de ellos mexicanos). En contraste, y confirmando los marcados rasgos racistas de esta política antimigratoria, el gobierno recibió recientemente, con pompa y solemnidad, a un grupo de familias sudafricanas blancas que, según las autoridades estadounidenses y el propio presidente, eran víctimas de «racismo inverso».
«Estado de excepción»
En la década de 2000, en el contexto de la llamada guerra contra el terrorismo, Bush reabrió la prisión del enclave de Guantánamo, en Cuba, para encarcelar a prisioneros capturados en Afganistán e Irak en condiciones que serían legalmente inaceptables en Estados Unidos, incluidas sofisticadas prácticas de tortura. Este desplazamiento del régimen de «excepción» a otro lugar fue interpretado en ese momento por voces críticas como un fuerte síntoma de que la democracia estadounidense, modelo icónico de la democracia liberal, se estaba desmoronando[3]. Veinte años después, este régimen de excepcionalidad extraterritorial se ha restablecido en términos aún más drásticos.
Trump, casi de inmediato, estableció una alianza con Nayib Bukele para enviar a los «migrantes criminales» identificados por el ICE al CECOT en El Salvador, país donde desde hace tres años impera un estado de excepción «legal». El precedente de este acuerdo fue el pacto firmado en 2019 entre Trump y Bukele para acoger a personas que solicitaban asilo en Estados Unidos, del que se derivó una compleja y oscura relación entre las agencias policiales de ambos países.
Tan pronto como comenzaron estas deportaciones, investigaciones periodísticas revelaron que el 75 % de las personas enviadas al CECOT no tenían antecedentes penales. Entre ellos se encontraba el salvadoreño Kilmar Abrego García, acusado, sin pruebas, de ser miembro de una pandilla en su país. Su deportación fue impugnada ante los tribunales y regresó a Estados Unidos, donde sería detenido de nuevo, acusado de tráfico de personas. El 23 de junio, Abrego fue una vez más puesto en libertad y hoy es un icono de la resistencia al furor antimigratorio que recorre el norte del Río Grande.
Mientras su caso seguía su curso en los tribunales, Trump dio un paso firme para extender el «estado de excepción» al ámbito propiamente político. Sin consultar al gobernador de California, como lo exige la ley, envió un enorme contingente de la Guardia Nacional y 700 marines para reprimir las protestas contra la política migratoria en Los Ángeles. Al mismo tiempo, un masivo desfile militar destrozaba las calles de Washington para conmemorar los 250 años del ejército y su 79º aniversario. A continuación, sin autorización del Congreso, como establece el artículo 1 de la Constitución, ordenó el bombardeo de instalaciones nucleares en Irán. Para justificar esta flagrante violación —y complacer a los sectores MAGA que se oponen a la implicación en el conflicto—, el vicepresidente JD Vance afirmó que Estados Unidos no había entrado en guerra con Irán, sino solo «contra su programa nuclear».
Las señales de esta tentación autoritaria ya eran evidentes en la profusión de órdenes ejecutivas, no tanto por su número, sino por el ritmo frenético con el que se emitieron, lo que obviamente dificulta su cuestionamiento por parte de la justicia. También se están aplicando medidas claramente arbitrarias de enjuiciamiento, encarcelamiento y deportación a personas acusadas de «antisemitismo» o complicidad con el terrorismo, como en el caso de Mahmoud Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia que lideró protestas a favor de Palestina y que estuvo preso durante más de tres meses.
En junio, en un nuevo giro de la política antimigratoria, el gobierno estableció restricciones parciales o totales a la entrada en Estados Unidos de personas con pasaportes de 12 países[4], anunciando a continuación que ese número podría llegar a 50. También se establecieron normas draconianas para la expedición de visados, tanto para estudiantes como para otros visitantes. Los trámites que ya existían, como la verificación de los contenidos publicados en las redes sociales por los solicitantes, serán especialmente rigurosos. Se están registrando casos de personas impedidas de entrar en el país por haber criticado en sus redes sociales al gobierno de Trump, el genocidio en Gaza o cualquier otra cosa que pueda interpretarse como contraria a los «valores de la nación estadounidense».
No menos importante, la producción de conocimiento es un objetivo prioritario del «estado de excepción». La fuerte presión que ya venía ejerciendo desde 2024 la ultraderecha contra las universidades más prestigiosas del país bajo la acusación de «wokismo» y complicidad con el «antisemitismo» ha cobrado magnitud. Hoy en día se ejerce mediante una coacción financiera descarada para imponer normas que comprometen la libertad académica (véase la recopilación). Lamentablemente, la estrategia trumpista está dando resultados, ya que la mayoría de las instituciones coaccionadas han cedido, lo que ha dado lugar a una situación calificada de capitulación. La excepción es la Universidad de Harvard, que desde abril ha resistido las presiones, impugnando judicialmente las medidas coercitivas y ganando los casos.
A finales de junio, en su estilo de anticiparse a las realidades, Trump declaró que se había llegado a un acuerdo razonable con la universidad. Sin embargo, a continuación intensificó la presión acusando a la universidad de violar los derechos civiles de sus estudiantes. Los efectos de estas ofensivas han contaminado de manera extensa y profunda el ambiente de la educación superior en el país.
Como bien se señala en el análisis del boletín semanal del GPAHE sobre el asesinato político de la senadora Hortman y su esposo, en un ambiente en el que el Estado echa leña al fuego de la agitación política, desobedece la ley, coacciona y persigue, la radicalización y la violencia son inevitables:
La tragedia de Minnesota demuestra que el autoritarismo no solo pone en peligro instituciones abstractas, sino que asesina a quienes defienden los principios democráticos. Estados Unidos debe reconocer que la radicalización teológica genera asesinos reales, no solo oponentes ideológicos. Estamos asistiendo a un aumento de la violencia política que es profundamente preocupante y, sin embargo, en cierto modo muy previsible, ya que el punto de ebullición de nuestra sociedad mantiene todo en alta tensión, ira, agresión e incitación.
La furia antigénero: significado y ramificaciones
La lucha contra el género
La «lucha contra la ideología de género» prometida por Trump durante la campaña electoral se ha estado implementando con ahínco desde el 20 de enero, sobre la base de varias órdenes ejecutivas y otras medidas. Entre enero y febrero se emitieron siete órdenes ejecutivas cuya lectura recomendamos. La primera de ellas establece el marco ideológico para inscribir, por decreto, la «verdad biológica del sexo» en la política estatal estadounidense. Tan pronto como se publicó, el mismo 20 de enero, la bloguera trans Erin Reed, de Erin in the Morning, elaboró un análisis detallado de su contenido.
Según Erin, aunque la orden no es una ley, su significado transfóbico es indiscutible y tendrá repercusiones en las definiciones normativas en materia de discriminación, así como efectos concretos en relación con el uso de los baños, las políticas penitenciarias y los registros de identidad social en los documentos legales, incluidos los pasaportes. El requisito de especificar el sexo asignado al nacer para solicitar visados para Estados Unidos, exigido por las diputadas brasileñas Érika Hilton y Duda Salabert, nos dice que sus previsiones eran acertadas.
A partir de este marco, las demás órdenes ejecutivas antigénero prohíben la «adoctrinamiento ideológico» en la educación básica, la participación de las mujeres trans en los deportes femeninos, la prestación de atención sanitaria integral a los niños y adolescentes trans, y «justifican» la exclusión de las personas trans de las fuerzas armadas. La semántica utilizada es la misma: brutal, acusatoria, falsa, en algunos casos cruzando género y raza, como muestran los siguientes extractos:
«La impresión de ideologías antiamericanas, subversivas, perjudiciales y falsas en los niños de nuestro país no solo viola la ley de derechos civiles contra la discriminación… sino que también usurpa la autoridad básica de los padres. Por ejemplo, orientar a los alumnos hacia la mutilación quirúrgica y química sin el consentimiento o la participación de los padres, permitir el acceso de los hombres a espacios privados destinados a las mujeres… Del mismo modo, exigir la aquiescencia al «privilegio blanco» o al «sesgo inconsciente» que promueve la discriminación racial y perjudica la unidad nacional».
«En los últimos años, muchas instituciones educativas y asociaciones deportivas han permitido que los hombres compitan en deportes femeninos. Esto es humillante, injusto y peligroso para las mujeres y las niñas, y les niega la oportunidad de participar y destacar en deportes competitivos en igualdad de condiciones».
«En la actualidad, en todo el país, profesionales de la medicina están mutilando y esterilizando a un número cada vez mayor de niños impresionables, bajo la afirmación radical y falsa de que los adultos pueden cambiar el sexo de un niño mediante una serie de intervenciones médicas irreversibles. Esta peligrosa tendencia será una mancha en la historia de nuestra nación y debe terminar».
«De acuerdo con la misión militar y la política de larga data del Departamento de Defensa, la expresión de una falsa «identidad de género» divergente del sexo de un individuo no puede satisfacer los estrictos estándares necesarios para el servicio militar. Además de las intervenciones médicas hormonales y quirúrgicas que ello implica, la adopción de una identidad de género incompatible con el sexo del individuo entra en conflicto con el compromiso del soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal».
En el plano ideológico, las órdenes ejecutivas de lucha contra la «ideología de género» reflejan, de manera cabal, la hibridación entre concepciones doctrinales del Vaticano y concepciones biologicistas de la diferencia sexual defendidas y propagadas por corrientes feministas esencialistas[4] . Además, como analiza agudamente Paisley Currah en un artículo de The New Yorker, estas órdenes no son solo instrumentos de ataque a los grupos vulnerables o combustible para el pánico moral. Forman parte del arsenal más amplio de demolición del «Estado administrativo», ya que un Estado de bienestar social no puede regular, garantizar la protección social ni garantizar los derechos si no puede ajustar sus parámetros de clasificación de individuos y grupos a las nuevas demandas sociales y políticas.
Además, como ya se ha mencionado, el rechazo visceral al «género» también sirve para justificar la eliminación de las políticas de Diversidad, Igualdad e Inclusión (DEI) en organismos estatales, universidades y proyectos financiados con fondos federales y, como se verá, también en el sector privado. Como se ha visto, esta acusación de «wokismo» se utilizó ampliamente en la vertiginosa demolición de USAID. También sirvió como apodo para destituir a dos oficiales de alto rango de las fuerzas armadas, un tema espinoso que rápidamente desapareció de las noticias.
Como observó irónicamente el economista Paul Krugman, «eso es woke» es hoy la acusación preferida para descalificar a cualquiera que critique las políticas de Trump. Por otra parte, se están aplicando de facto normas draconianas de abolición de las DEI de manera extraterritorial como requisito para que los proveedores de servicios de otros países puedan firmar contratos con las embajadas estadounidenses. Esta condicionalidad, que vulnera los principios de soberanía estatal —en lo que respecta a la gobernanza de los derechos humanos y la ciudadanía— ya ha sido impugnada judicialmente por el Gobierno español. Esto no impedirá, sin embargo, que el Gobierno de Trump decida extenderla a otras esferas de la negociación transnacional.
Derecho al aborto y resurgimiento del pronatalismo
Una perspectiva ampliada de las ofensivas contra el «género» incluye necesariamente las medidas y propuestas sobre cuestiones reproductivas. En lo que respecta al aborto, nada más tomar posesión, Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos públicos federales para acceder a la atención abortiva. Como era de esperar, reactivó la llamada ley mordaza («gag rule»), interrumpiendo la financiación a ONG internacionales y de otros países que ofrecen servicios de atención y promueven el derecho al aborto. En la misma línea, Estados Unidos regresó al llamado Consenso de Ginebra, el club de países que repudian el aborto y promueven políticas familistas.
A continuación, se aplicaron medidas de censura al Departamento de Salud (HHS), cuyo sitio web bloquea desde enero el acceso a datos epidemiológicos y legales sobre el aborto. Posteriormente, se recortaron los fondos del programa Title X, destinado a servicios de planificación reproductiva para personas de bajos ingresos. Paralelamente al cerco político y normativo al derecho al aborto, se está llevando a cabo una intensa campaña de desinformación contra la mifepristona, una de las sustancias que, junto con el misoprostol, componen el aborto farmacológico.
En junio, el gobierno derogó las normas adoptadas por el gobierno de Biden, poco después de que la Suprema Corte derribara el derecho al aborto (Roe vs Wade) en 2022, que garantizaban el procedimiento de interrupción del embarazo en mujeres embarazadas en situación de emergencia médica. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo rechazó una demanda de Planned Parenthood of America (PPA) contra el estado de Carolina del Sur que tiene graves implicaciones para el acceso al aborto. La PPA es uno de los mayores proveedores de servicios de aborto del país y, precisamente por ello, es desde hace mucho tiempo un objetivo prioritario de la ultraderecha.
Aún más aterrador es que estas medidas están incitando claramente a la radicalización que explica el brutal asesinato de la senadora Melissa Hortman, que era una ardiente defensora del derecho al aborto. Su asesino, un extremista cristiano, tenía una lista con los nombres de profesionales de la salud y abogados vinculados a la garantía de este derecho. Consulte nuestra recopilación sobre el panorama del derecho al aborto en el gobierno de Trump II.
El anunciado retorno del pronatalismo
Históricamente, la natalidad ha sido una preocupación del ultraconservadurismo religioso y de la extrema derecha, como lo demuestran tanto la doctrina católica como las políticas natalistas del fascismo histórico.
Y, a partir de la década de 1990, la inquietud por las crecientes tasas de fertilidad en Europa se convirtió en una prioridad de la ultraderecha renaciente, que posteriormente se tradujo en discursos sobre el «invierno demográfico» y la «gran sustitución» asociados a la xenofobia antimigratoria. Hoy, como muestra Françoise Girard, el arco neopronatalista se extiende desde China hasta Estados Unidos, donde hasta hace muy poco no existían estas preocupaciones, que han sido avivadas por el crecimiento de la ultraderecha y su regreso al poder en 2025.
Esto quedó patente cuando Trump eligió a JD Vance como candidato a la vicepresidencia. Ultracatólico y vocal pronatalista, Vance repudia el divorcio y a las mujeres solteras y sin hijos, y apoya la creación de un «baby bonus» financiero para las familias con hijos. Tras la toma de posesión, inspirado por la política familista y natalista de Orbán, el Gobierno emitió una orden ejecutiva que facilita el acceso al tratamiento de fertilidad in vitro (FIV). Paralelamente, se lanzaron estrategias para persuadir especialmente a las mujeres jóvenes a casarse y tener hijos, basadas en programas de bienestar y salud, en sintonía con el movimiento Make America Healthy Again (MAHA). El gobierno también está implementando, de manera muy intrigante, incentivos a la fertilidad a través del Departamento de Transporte.
La agenda natalista alimenta la sinergia entre el ultraconservadurismo religioso y los techbros de Silicon Valley, siendo Elon Musk su ejemplo más espectacular. Padre de al menos 14 hijos, Musk expresa a menudo su preocupación por el «colapso demográfico» y está invirtiendo financieramente en la promoción del natalismo a nivel nacional e internacional. El año pasado selló una alianza con la plataforma World XY, creada por Katlyn Novak, ex presidenta de Hungría, para promover la heterosexualidad y el aumento de la fertilidad. Sin embargo, las motivaciones no son idénticas en cada uno de estos campos. El ultraconservadurismo religioso valora la natalidad en sí misma, ya que es un elemento fundamental de sus doctrinas sobre la familia natural (heterosexual). Por su parte, los techbros son los eugenistas del siglo XXI: aspiran a aumentar la fertilidad entre los ricos, los blancos y los «más inteligentes», dejando al resto a merced de las desigualdades, la precariedad o, en el peor de los casos, las necropolíticas implementadas por el gobierno de Trump.
Esta diferencia no ha comprometido su acción coordinada —Musk es un ícono del techbroderismo y Katlyn Novak es portavoz del ultracatolicismo—, cuyos efectos de contagio transnacional son evidentes. Ya sea en la publicación de Javier Milei afirmando que la fertilidad es baja en Argentina por culpa de la legalización del aborto en 2020, o en las propuestas políticas anunciadas por José Antonio Kast para Chile. La periodista Flor Alcaraz, respondiendo al pánico demográfico que se está instalando en Argentina, comienza, con toda razón, argumentando que culpar al feminismo no resuelve la caída de la fertilidad, cuyas causas son múltiples y muy complejas.
La Corte Suprema derribando derechos
Una excelente entrevista publicada el año pasado por el portal Convergence reconstruye la larga historia de la toma de la Corte Suprema, inaugurada en el momento de la decisión Brown Vs Board of Education, de 1954, que abolió la segregación racial en la educación. También examina cómo este plan a largo plazo se consolidó durante el primer mandato de Trump, con el efecto inmediato de la sentencia Dobbs de 2022, que revocó el derecho constitucional al aborto garantizado en 1973. Inevitablemente, los impulsos de la mayoría ultraconservadora de la Corte se vieron impulsados por el regreso de Trump al poder.
Comenzando por las decisiones relativas al «género» y al derecho al aborto, el 18 de junio, el Tribunal, al juzgar el caso Estados Unidos contra Skermetty, validó la decisión del estado de Tennessee de prohibir los servicios de atención médica para niños y adolescentes trans. Masha Geshen, en un artículo de opinión para el New York Times, subraya cómo esta decisión, «motivada por el miedo», ha enterrado la jurisprudencia establecida por el mismo Tribunal en 2020, según la cual la discriminación por motivos de sexo se aplica a la discriminación por motivos de identidad de género.
Erin Reid, por su parte, examinó la estratagema de los jueces conservadores para eludir el argumento presentado por los defensores de los servicios de salud de Tennessee de que existe discriminación si los bloqueadores hormonales que en otros casos se aplican a los adolescentes están prohibidos para los niños y adolescentes trans. Según ella, esta contorsión abre la puerta a la abolición del escrutinio constitucional en casos de discriminación contra las personas trans en general. Y, efectivamente, la Corte está devolviendo casos de derechos trans a los tribunales inferiores para que sean reevaluados a la luz de la decisión Skermetty. Sumado a la orden ejecutiva de «combatir la mutilación», este veredicto está, inevitablemente, provocando oleadas de pánico.
Pocos días antes de este juicio Skermetty, en el escrutinio de un caso de Maryland, la Corte garantizó a los padres y madres el derecho a impedir que sus hijos sean «expuestos» a contenidos LGBTQIA+ en las escuelas. Según Chris Geidner, leídas en conjunto, las dos decisiones revelan que, para la mayoría conservadora de la Corte, las opiniones contrarias a los derechos LGBTQIA+ son legítimas, pero las personas LGBTQIA+, especialmente los niños y adolescentes trans, no son dignos de protección. Según Human Rights Watch, esta segunda decisión incitará a más discriminación y afectará negativamente a todos los niños.
El 26 de junio, Planned Parenthood of America (PPA) fue derrotada en una demanda contra Carolina del Sur, ya que el Tribunal reconoció el derecho del gobierno estatal a denegar los fondos del programa Medicaid para los servicios de la red. Según el boletín de la Fundación Kayser, este es un primer paso hacia la suspensión generalizada de la financiación de Medicaid para la PPA, que desde hace mucho tiempo es blanco de la extrema derecha por ser el mayor proveedor de servicios de aborto del país.
Esta avalancha de derechos que están siendo abolidos, en línea con el Ejecutivo, no se limita a cuestiones relacionadas con el género y el aborto. Sobre todo, está echando más leña al fuego de la furia antimigratoria. El 21 de junio, una primera decisión otorgó al Ejecutivo el derecho a deportar a personas a terceros países, como ya había ocurrido en el caso de los venezolanos llevados al CECOT, en El Salvador. Según Nick Turse, cuando se tomó la decisión, el Departamento de Estado estaba «negociando» con otros 53 países la posibilidad de acuerdos similares al firmado con el país centroamericano.
Cinco días después, en una decisión considerada como una victoria colosal para Trump, se denegó a los jueces de los tribunales inferiores la facultad de suspender los efectos de la orden ejecutiva que abolía el derecho automático a la ciudadanía para los hijos de migrantes ilegales nacidos en Estados Unidos. Trump celebró la decisión, afirmando que ahora sería posible cambiar radicalmente la política de migración y ciudadanía. Sin embargo, para juristas de diferentes puntos del espectro político, al abolir el derecho a la ciudadanía por nacimiento jus terris, consagrado en la enmienda 14, de 1868, la decisión viola flagrantemente la Constitución.
En mayo, el juez jubilado J. Michael Luttig, un jurista reconocido por sus ideas conservadoras, ya había publicado un artículo en el que denunciaba «el desprecio total» de Trump por el estado de derecho (rule of law). Ante la decisión del 25 de junio —y lo que él considera una complicidad inaceptable de la Corte—, Luttig publicó un «texto manifiesto» que recupera los principios de la Declaración de Independencia y apela con firmeza a la restauración de los derechos y libertades fundamentales de las minorías, los migrantes y los disidentes políticos. Entre otras posiciones firmes, el texto afirma que el pueblo no es enemigo del gobierno, sino que «el gobierno que considera al pueblo su enemigo es él mismo enemigo del pueblo».
Reexistir
En 2017, José Celso Martinez, el iconoclasta director de teatro brasileño que murió trágicamente hace dos años (en español), dijo que vivíamos una nueva época en la que era necesario reexistir y no solo resistir. Esta imagen, que para nosotros en Brasil fue una brújula durante los años de Bolsonaro, también ayuda a iluminar muchas formas de resistencia a la destrucción y la arbitrariedad descritas en las sesiones anteriores. Las coyunturas radicalmente alteradas requieren nuevos ángulos de lectura y nuevas formas de ser políticamente.
Hasta hace poco, las resistencias a la desdemocratización desencadenada por Trump II eran poco visibles. Entre otras razones, porque no hubo inmediatamente grandes manifestaciones como la colosal marcha de las mujeres de 2017, que incluso se replicó en otros países. Pero también porque las respuestas de gran parte de las instituciones no han sido precisamente enérgicas, empezando por la cúpula del Partido Demócrata. Según el senador Chris Murphy, en una entrevista realizada en febrero, el partido estaba respondiendo al nuevo escenario de destrucción basándose en una lógica convencional que no iba a contener el auge neofascista en curso.
Además, en abril, un editorial del NYT hizo un llamamiento a las universidades y bufetes de abogados atacados por el Gobierno para que no capitularan ante estas presiones. Hay que decir, sin embargo, que, salvo algunos editoriales y artículos de opinión, la política editorial del periódico ya estaba normalizando de forma predominante el desgobierno. La alineación del Washington Post, que ha sido «depurado» por Jeff Bezos desde 2024, también es evidente, siendo la capitulación ante Trump aún más completa en el caso de las cadenas de televisión.
Pero, como señala Rebecca Solnit, las resistencias no siempre son expresivas y dramáticas. Más allá de la parálisis y la normalización del proscenio institucional, la reexistencia estaba fermentando. Desde muy temprano, plataformas como GitHub y Terra Justa comenzaron a identificar e informar sobre iniciativas de resistencia, pero estos esfuerzos de visibilización se redujeron, con razón, a medida que se recrudecían los signos de represión política. Esto no significa, sin embargo, que las resistencias no hayan seguido su curso en defensa de los derechos de los migrantes, la autonomía universitaria, así como los derechos al aborto y de las personas trans, o simplemente en defensa básica de los derechos civiles y políticos.
La agilidad, persistencia y consistencia de la reacción interpuesta por los circuitos inferiores del Poder Judicial ha sido tan crucial como la resistencia de las bases sociales. Son ejemplos los casos de Kilmar Abrego y Mahmoud Khalid, las decisiones que han contenido la furia de Trump contra Harvard o el veredicto de una juez de Boston que suspendió la norma que obliga a las personas trans a tener los nombres asignados al nacer en sus pasaportes[5]. Esta dinámica da la vuelta a la percepción, más o menos generalizada, de que la garantía de los derechos es atributo de los tribunales superiores.
La plataforma Trump Administration Litigation Tracker refleja la magnitud y la fuerza de la resistencia judicial en curso en estos niveles inferiores. Recoge miles de litigios que no han caído del cielo, sino que han sido impulsados por fuerzas de la sociedad civil y actores institucionales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha sido, por ejemplo, una pieza crucial en esta ecuación, incluso en lo que respecta a la defensa de los derechos de las personas trans. Pero también se han emprendido acciones muy relevantes por parte de instituciones y funcionarios afectados por la maquinaria demoledora del DOGE, de gobiernos estatales y autoridades locales. Y muchos tribunales estatales han sido ejemplares en su compromiso por garantizar los derechos y preservar las normas constitucionales.
No en vano, los tribunales inferiores son objetivos prioritarios del Ejecutivo y ahora también de la Suprema Corte. A finales de abril, en Wisconsin, la jueza Hannah Dugan fue detenida por el FBI acusada de ayudar a un migrante a evadir una operación del ICE (siendo posteriormente puesta en libertad por el tribunal estatal). La decisión del 18 de junio sobre los derechos de nacimiento apuntó directamente a las decisiones sobre el derecho de nacimiento procedentes de esos otros circuitos. El manifiesto del juez Luttig no solo denuncia la violación de la 14ª enmienda implícita en la decisión, sino que defiende con vigor el derecho a litigar y las decisiones que revocaron las medidas del Ejecutivo basándose en sólidos principios constitucionales.
Tampoco debe minimizarse la ardua resistencia que desde 2022 vienen ejerciendo en la propia Suprema Corte las juezas Elena Kagan, Sonia Sotomaior y Ketanji Brown. Esta tenacidad queda ilustrada en el artículo de The New Republic que analiza el voto disidente en solitario de Brown en una decisión sobre regulación medioambiental. Según el autor, la jueza negra ha hecho todo lo posible e imposible para salvar a la Corte de sí misma.
No menos importante, aunque las señales de resistencia que provienen del núcleo del Partido Demócrata siguen siendo débiles, muchos gobernadores, alcaldes y las bases del partido se han estado movilizando. Fue ejemplar la agilidad y eficacia con la que la policía de Minnesota, estado gobernado por Tim Waltz, candidato a vicepresidente de Kamala Harris, identificó y detuvo al asesino de la senadora Horton y su marido. Y, a principios de julio, el superintendente del Departamento de Educación de California rechazó la norma impuesta por el Gobierno federal que exigía la prohibición de las mujeres trans en los deportes universitarios[6].
En el ámbito de la comunicación, más allá de la problemática política editorial de alineamiento de la gran prensa, miles de medios están produciendo un volumen colosal de información crítica sobre los desastres en curso, muchos de los cuales son las principales fuentes de este boletín: Wired, Mother Jones, The Nation, ReWired, Erin in the Morning, Them, The New Republic y cientos de blogs, podcasts y plataformas de monitoreo.
Estos rizomas de resistencia, no siempre visibles, desembocarían en expresiones dramáticas, performativas y positivamente políticas de la resistencia que estallaron cuando se cumplieron 180 días de gobierno. Primero llegaron las protestas de Los Ángeles, que fueron reprimidas drásticamente. Luego vimos cómo el senador Alex Padilla era esposado en una audiencia pública con la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, al mismo tiempo que se impugnaba judicialmente el envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles (California) sin la autorización del gobernador. A continuación, las manifestaciones multitudinarias No King tomaron el país mientras Trump se regodeaba en el desfile militar de «su cumpleaños». Poco después, Zohran Mamdani, de los Socialistas Demócratas, fue elegido candidato a la alcaldía en las primarias de Nueva York. Derrotó al exgobernador Andrew Cuomo —que renunció al gobierno del estado de Nueva York en 2021 bajo acusaciones de acoso sexual—, a las oligarquías financieras que lo apoyaban y a la «política de más de lo mismo» llevada a cabo desde hace mucho tiempo por el Partido Demócrata.
Esta secuencia parece ser indicio de un ciclo de reexistencia que está tomando forma en el tejido político estadounidense. Pero conviene recordar que la desdemocratización y el neofascismo están por todas partes, catalizados y retroalimentados por la avalancha desatada desde Washington. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta cualquier forma de resistencia a los demás regímenes de extrema derecha que colaboran con lo que está sucediendo en Estados Unidos.
Por ejemplo, en Argentina, en febrero, tras la toma de posesión de Trump, se convocó una marcha LGBTQIA+ fuera de hora, no por razones internas, sino para responder a una nueva ronda de vituprios anti-«woke» proferidos por Milei en el Foro de Davos. Hubo manifestaciones en cientos de ciudades argentinas y algunas en otros países. Aunque convocadas por los movimientos de disidencia sexual y feministas, las protestas fueron interseccionales, con la participación de jubilados, investigadores y académicos, así como sectores populares (véase la recopilación sobre la escena de resistencia argentina).
A finales de marzo, contagiado por las emanaciones trumpistas, el Parlamento húngaro, no sin protestas, aprobó una enmienda constitucional que abolía los Desfiles del Orgullo LGBTQIA+ e imponía una multa de 500 euros a quienes infringieran la nueva norma legal. El 28 de junio, fecha de Stonewall, 200 000 personas tomaron las calles de Budapest en lo que pudo haber sido la mayor manifestación por los derechos LGBTTQIA+ jamás celebrada en Europa. El mundo entero lo celebró mientras Orbán se retorcía para explicar la insurgencia y la incompetencia del régimen para frenarla. En un artículo para el sitio web Autostraddle, Julie Dorf y Jessica Stern rescataron la larga trayectoria de la resistencia húngara, buscando inspiración para seguir alimentando la reexistencia en Estados Unidos. Una de sus conclusiones es que «la gente en Hungría ha entendido que los derechos LGBTQIA+ son inseparables de la lucha más amplia contra el autoritarismo. No se trata solo de las personas queer, se trata de combatir la corrupción y luchar por la democracia y la igualdad».
Arte y reexistencia
En octubre de 2018, republicamos el pequeño ensayo Shibboleth: Grietas Letais, de Sonia Corrêa, inspirado en la intervención de Doris Salcedo en el vestíbulo de la Galería Tate Modern. La obra evoca el mito bíblico de los efraimitas masacrados en una frontera por no saber pronunciar correctamente la palabra shibbolet. Morir en las fronteras o en los límites de lo político es lo que estamos presenciando en la actualidad.
En enero de 2017, Shibboleth evocaba la nefasta justificación de la protección de la igualdad de género y los derechos LGBTQIA+ para cerrar fronteras que, desde hacía tiempo, proliferaban en Europa y acababan de ser incluidas en uno de los primeros decretos de Trump I. En 2018, la metáfora enunciaba la letalidad potencial de la polarización institucionalizada implícita en la victoria de Bolsonaro. En junio de 2025, puede conjurar imaginarios de resistencia a las fronteras letales y a la erradicación de quienes hablan otro idioma que no sea el del neofascismo.
El arte como premonición
En mayo de 2017, el sitio web DesignMantic publicó obras de 20 artistas que ya veían el primer mandato de Trump como un «régimen atroz», y tres obras asocian abiertamente a Trump con el nazifascismo o la tiranía.
Humor y resistencia
Los imaginarios evocados por Shibbolet tienen muchas caras, incluida la del humor. Son ejemplo de ello los cientos de memes creados para celebrar la victoria de Mandami en las primarias de Nueva York. Los memes fueron objeto de un artículo de Hyperallergenic titulado Los memes de Zohran Mandami nos recuerdan que aún pueden suceder cosas buenas.
250 años de independencia y otros momentos sombríos
En 2026, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, hoy leída como un nuevo texto de resistencia e insurgencia, cumplirá 250 años. En todo el país, los museos de historia están recopilando deseos de feliz aniversario. Escritos en paredes y plataformas virtuales, los mensajes revelan la imagen de un país radicalmente dividido, pero desesperadamente esperanzado. Algunas instituciones están exhibiendo recuerdos de otros momentos de arbitrariedad y persecución de la disidencia. En el Museo Histórico de Nueva York, la exposición Blacklisted: An American Story rescata la trágica memoria del «pánico rojo», instaurado por el Comité de Actividades Antiamericanas en la década de 1940, que persiguió y encarceló a guionistas, directores, actores y actrices de Hollywood.
Drag queens insurgentes
En junio, cuando Donald Trump fue a ver Los Miserables en el Kennedy Center, en Washington, las drag queens Tara Hoot, Ricky Rosé, Vagenesis y Mari Con Carne también acudieron al teatro. Completamente ataviadas, fueron muy aplaudidas. En [5] entrevista con The Advocate, Mari Con Carne dijo:
«Como drag queens, queríamos dejar claro que pueden impedirnos actuar en los escenarios, pero no pueden borrar nuestra existencia si estamos en su presencia. Como inmigrante, afirmo que nos quedaremos aquí y les enfrentaremos con valentía».
Recomendamos
Cómo el regreso de Trump puede llevar a la democracia estadounidense al colapso – Folha de São Paulo
Pasión por la destrucción – Nueva Sociedad
La guerra contra la clase liberal – Social Europe
Cómo sucedió Trump – James K. Galbraith – Project Syndicate
La represión de Trump contra los funcionarios electos – New Yorker
El cosplay dictatorial de Donald Trump – New Yorker
Cien días de autocracia – New Statesman
El Washington de Trump es una fantasía tecnofascista, con o sin Musk – Mother Jones
Recursos
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[1] Ver https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/caduc/article/view/27547/20695
[2] Ver informe Kaleidoscope disponible en: https://kaleidoscopetrust.com/tag/usaid/
[3] Las referencias principales son Giorgio Agaben en Homo Sacer y Judith Butler, en Vidas precarias y Cuadros de guerra. Carla Rodrigues e Isabela Pinto dialogaron con estas elaboraciones en un texto publicado en 2020. Ver: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/remate/article/view/8658069/22520
[4] Restricción total en Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Restricciones parciales en Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
[5] A principios de julio, Erin Reid informó que ya se habían expedido los primeros pasaportes con nombre social.