Un alarmante caso de aborto en Tucumán, Argentina, demuestra cómo las instituciones, pensadas para cuidarnos y protegernos, violan constantemente nuestros derechos, incluyendo la sanidad, la confidencialidad y el juicio justo.
Aunque no se tratara de un crimen violento, el pasado 16 de abril un tribunal de la provincia de Tucumán en Argentina sentenció a una mujer a ocho años de prisión por “homicidio doblemente agravado”. En realidad, no había cometido ningún crimen. Unos cuantos años antes esta mujer, llamada “Belén”, sufría fuertes dolores abdominales y decidió ir a un hospital local. Después de pasar por más dolor y sangrado le informaron de que había sufrido un aborto, lo cual fue una sorpresa para Belén, que no se había dado cuenta de que estaba embarazada.
El personal del hospital la acusó de intentar provocarse el aborto y, presuntamente, encontraron un feto en los baños del hospital. Llamaron a la policía, insistiendo en que Belén se había provocado el aborto y había dejado el feto en el baño, aunque no había ADN para probarlo. Tampoco había pruebas de que Belén hubiera intentado provocarse un aborto que, como ella afirma, se produjo de manera espontánea. Después de este trauma, Belén fue blanco de insultos y se permitió que la policía entrara en su habitación del hospital para “inspeccionarla”. Después la mandaron a la cárcel, donde estuvo esperando la resolución de su caso durante más de dos años y por el que ahora se enfrenta a otros ocho años de prisión.
No cabe ninguna duda de que los derechos fundamentales de Belén fueron violados. “Toda mujer que llega con un aborto en curso, o que, como Belén, tiene un aborto en un hospital, sea provocado o espontáneo, está protegida por la confidencialidad de la relación médico-paciente, que impide a todo el equipo de salud denunciarla” afirmó Soledad Deza, su abogada. Deza trabaja con Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) de Argentina, socio de la International Women’s Health Coalition. Las CDD de Argentina desafían la postura conservadora de la Iglesia Católica en temas como la contracepción, los derechos del colectivo LGBT y el aborto. La organización sensibiliza y construye la capacidad de profesionales de varios sectores para que se conviertan en defensores de los derechos sexuales y reproductivos. La organización tuvo un papel crucial al ayudar a promover y expandir una alianza nacional de 200 abogados que están defendiendo activamente casos como los de Belén.
Si Belén sufrió un aborto espontáneo o se lo provocó no es importante, la cuestión es que ella tenía derecho a confidencialidad y cuidado. Merecía ser tratada con respeto y, en cambio, sufrió tratos degradantes por parte del personal del hospital, que actuó como si fueran jueces y jurados; Belén fue declarada culpable antes de que su juicio hubiera empezado.
Este caso ilustra claramente cómo las instituciones públicas fallan a las mujeres de manera constante. Mientras que en teoría Argentina tiene un programa de derechos sexuales y reproductivos bastante completo, en realidad estos servicios muchas veces o no están disponibles o son de muy baja calidad. El nivel de cuidados varía entre una provincia y otra, pero Tucumán en particular bate récords en la violación de estos derechos. Recientemente, por ejemplo, ha habido muchos casos de personal sanitario que se ha negado a proveer de servicios legales de aborto a adolescentes víctimas de violencia sexual. La provincia no tiene un protocolo que especifique qué servicios relacionados con el aborto están permitidos por ley. En Argentina el aborto se permite si la salud o la vida de la mujer están en peligro o en caso de violación. Como consecuencia, hay una confusión entre personal sanitario y pacientes sobre qué servicios son legales. Ante esta falta de directrices claras, entran perjuicios personales que ponen en peligro los derechos y la salud de las mujeres. Las mujeres que buscan ser atendidas corren el riesgo de que se les impida acceder a los servicios, o que se las denuncie.
Además, el sistema judicial no les ofrece recursos legales para defenderse. La abogada Deza habló de las injusticias a las que se enfrentan mujeres como Belén: “cuando los sectores pro-vida hablan de aborto hablan de homicidio- las mujeres que abortan son “asesinas” – y aquí en el juzgado se refleja esto mismo, a través de los prejuicios de los jueces.”
Belén recurrirá la sentencia y al menos podrá contar con el apoyo del vibrante movimiento de mujeres argentinas que están de su lado. La Campaña Nacional Argentina para el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la que la organización CDD es un miembro activo, está pidiendo la anulación de la sentencia y la liberación inmediata de Belén.
El alarmante caso de Belén demuestra cómo las mujeres no solo se enfrentan a una batalla para poder ejercer sus derechos reproductivos, sino cómo las instituciones, que están pensadas para cuidarnos y protegernos, violan constantemente nuestros derechos, incluyendo el derecho a la sanidad, a la confidencialidad y al juicio justo.
