Con motivo del mes en el que se conmemora los derechos de las mujeres en decidimos realizar un breve balance sobre en que estado se encuentra el debate sobre el derecho al aborto en Brasil desde 2023 al 2025. No es que las ofensivas contra el aborto legal en Brasil hayan comenzado este año, ya que el deterioro de los servicios y la proliferación de la objeción de conciencia vienen de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, como es sabido, durante el gobierno de Bolsonaro, especialmente tras el caso de la Niña de Guriri, en agosto de 2020, los servicios (y el acceso) del aborto legal se convirtieron en el principal objetivo de ataque de la ultraderecha.
Entendemos que se viene instaurando un nuevo patrón de actuación de las fuerzas antiaborto: el uso de recursos ymaniobras jurídicas y políticas para impedir o retrasar la realización de los procedimientos, especialmente en el caso de niñas menores de 14 años. Estas estrategias de mayor agresividad motivó, incluso, en 2022, la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo (ADPF, 989/2022) firmada por la Sociedad Brasileña de Bioética (SBB), la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco), el Centro Brasileño de Estudios de Salud (Cebes) y la Asociación Rede Unida, en la que se exigía la protección y la ampliación de los servicios de aborto legal,
En 2023, el Centro de Estudios y Opinión Pública (CESOP/Unicamp), en colaboración con el SPW y el Cfemea, elaboró un metaanálisis de las encuestas de opinión pública realizadas en Brasil desde la década de 1990. Los resultados muestran que la opinión pública brasileña es mayoritariamente favorable a la legislación vigente, es decir, al derecho al aborto en casos de violación, riesgo de vida y anencefalia. También indican que, desde 2019, crece sistemáticamente el porcentaje de personas que se oponen al encarcelamiento de las mujeres que abortan. Pero esos datos no significan que el rechazo orquestado a la despenalización y los ataques a los servicios de aborto legal se hayan enfriado. Las ofensivas antiaborto están muy consolidadas y, cada vez más, se nutren de dinámicas regresivas en curso en otros países, especialmente en EE. UU. En este sentido, no es nada trivial que una de las primeras medidas de Trump haya sido reinstaurar la Ley Mordaza y volver al llamado Consenso de Ginebra, plataforma global de propagación de discursos antiaborto.
Con la elección de Lula, obviamente se creó la expectativa de que el nuevo gobierno invertiría con vigor en la defensa del derecho al aborto legal previsto en la ley. En marzo de 2025, sin embargo, esas expectativas se han visto decididamente frustradas. Los esfuerzos institucionales para avanzar en esa dirección, iniciados desde 2023, se han pospuesto, frenado o incluso abandonado. En general, la gestión del PT ha eludido la cuestión y, cuando no ha sido posible, ha empeorado aún más la situación. A finales de 2024, por ejemplo, cuando se debatía en el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente (Conanda) un protocolo destinado a facilitar el acceso al aborto legal de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, se asistió a la asombrosa alineación de sectores del Gobierno con la ultraderecha. De cara al futuro, la confluencia perjudicial entre esta postura débil, cuando no abiertamente conservadora, del Gobierno, su dependencia frente al Centrão, la vertiginosa caída de popularidad de Lula y la elección de Trump pueden avivar aún más a las fuerzas antiaborto nacionales.
En las páginas siguientes, ofrecemos una cronología breve, pero comentada, del periodo comprendido entre septiembre de 2023 y marzo de 2025 (basada sobre todo en los archivos del SPW, en especial en los Boletines de Política Sexual). En nuestra opinión, es crucial registrar sistemáticamente los ataques al derecho al aborto en Brasil, sus conexiones transnacionales, así como las respuestas exitosas a los mismos, para esclarecer la avalancha de hechos, información y análisis sobre la cuestión y abrir caminos hacia nuevos niveles de resistencia.
Agradecemos a Angela Freitas y Laura Molinari, de la campaña «Ni Presa ni Muerta», y a Letícia Vella Ueda, del Colectivo de Sexualidad y Salud, por su contribución al análisis sobre el papel del activismo en los últimos dos años.
2023: Casos emblemáticos
En septiembre de 2023, el diario Folha de São Paulo publicó un artículo en el que se relataban los obstáculos creados en Teresina, en el estado de Piauí, para impedir el aborto legal de un segundo embarazo de una niña de 11 años violada por un familiar (inicialmente se dijo que era un primo, pero los análisis de ADN identificaron al agresor como el padre biológico). Se denegaron varios recursos judiciales para garantizar el acceso al procedimiento, interpuestos por organizaciones que defienden el derecho al aborto legal. Como consecuencia, el embarazo llegó a término y el bebé fue dado en adopción.
Dos meses más tarde, en Paraná, Miriam Bandeira dos Santos, una mujer indígena adulta, quedó embarazada tras ser violada. A pesar de contar con el apoyo de la Defensoría Pública del Estado, también se le denegó el acceso al aborto legal. Según Rebeca Mendes, del Proyecto Vivas, que comenzó a acompañarla para llevarla a otro estado, parecía que «las personas que intentaban ayudar, en realidad, estaban creando barreras». Durante el parto, Miriam sufrió una embolia pulmonar y falleció. Aunque las autoridades sanitarias del estado argumentan que su muerte no puede atribuirse a la demora, los expertos consideran que estaba sometida a una tensión psicológica brutal y que su fallecimiento debe calificarse como muerte materna derivada de los obstáculos para acceder al aborto en un caso previsto por la ley.
A pesar de la gravedad de ambos casos, ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de la Mujer emitieron comunicados públicos al respecto, incluso cuando en el primer caso, al menos desde junio, se estaba debatiendo una nueva política de apoyo a los servicios de aborto legal.
Septiembre de 2023: Voto a favor de la ADPF 442
A pesar del contexto desfavorable, septiembre de 2023 se convirtió en un hito en la trayectoria de la lucha por el derecho al aborto en Brasil. Fue entonces cuando, por fin, se inició el juicio de la Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 442 en el STF, acción presentada en 2017 que solicita la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. El voto favorable de la magistrada ponente Rosa Weber se presentó como su último acto antes de jubilarse, en vísperas del 28 de septiembre —Día Latinoamericano y Caribeño de Lucha por la Despenalización del Aborto—. El voto sienta un sólido precedente para el debate sobre el derecho al aborto, construido tanto sobre la base de argumentos científicos como en defensa del derecho a la interrupción del embarazo como una cuestión de democracia. Su presentación ante el Tribunal reactivó con fuerza el debate jurídico y político sobre la cuestión. Ese mismo día, se publicó en Folha de São Paulo un anuncio a toda página firmado por la Campaña «Ni Presa ni Muerta» y, a nivel internacional, el caso tuvo una repercusión significativa, con medios de comunicación de diferentes continentes estableciendo un paralelismo con la ola verde que ha marcado el panorama del derecho al aborto en América Latina desde 2020.
Hicimos una extensa recopilación sobre el inicio del juicio que, sin embargo, sería suspendido por el presidente del Tribunal, el ministro Luís Roberto Barroso, basándose en argumentos reglamentarios. Desde que Rosa Weber emitió su voto a favor de la tesis de la ADPF 442, las propuestas regresivas han proliferado en el Legislativo.
Diciembre de 2023: El regreso del «nascituro» y los ataques en São Paulo
La respuesta de las fuerzas antiaborto fue inmediata. En la Cámara Federal, la Comisión de Constitución y Justicia —presidida por Ana Carolina Campagnolo, una de las voces antifeministas y antiaborto más combativas de la ultraderecha brasileña— aprobó la tramitación urgente del Estatuto del Nascituro, un proyecto de ley presentado originalmente en 2007. La decisión sería, sin embargo, frenada por una fuerte movilización feminista.
A continuación, el Ayuntamiento de São Paulo, bajo el mando del ultraconservador Ricardo Nunes, suspendió el mayor servicio de aborto legal de la ciudad, en la Maternidad de Vila Nova Cachoeirinha, lo que obligó a muchas mujeres a buscar el procedimiento en otros estados. Se interpusieron recursos judiciales contra la medida, y la justicia ordenó en más de una ocasión la reanudación del servicio, lo que reactivó duras críticas por parte de entidades y organizaciones de defensa de los derechos humanos y de las mujeres (véase la recopilación).
Semanas después, el gobierno estatal de Goiás promulgó una ley que obliga a las embarazadas a escuchar los latidos del corazón del feto antes de someterse al aborto previsto por la ley. El Colegio de Abogados local presentó un recurso ante el Tribunal Supremo Federal (STF) impugnando la medida y solicitando su suspensión.
Febrero de 2024: el Ministerio de Salud da marcha atrás
Como ya se ha mencionado, desde 2023, el Ministerio de Salud venía elaborando una estrategia para revisar la normativa y prestar apoyo a los servicios de aborto legal. Sin embargo, en marzo de 2024 se suspendió la publicación de una nota técnica destinada a responder a las solicitudes del Poder Judicial sobre el derecho al aborto legal después de la semana 22 de gestación. Lo que desencadenó esta crisis fue un artículo publicado en el periódico Gazeta do Povo pocas horas después de la firma de la nota técnica, en el que se afirmaba que el documento autorizaba el aborto hasta los nueve meses de gestación. La desinformación se difundió rápidamente, y la nota fue suspendida en menos de 24 horas después de su publicación. Unos días más tarde, la ministra Nísia Trindade mencionó lo ocurrido en una entrevista, afirmando que la nota no había pasado por todos los procedimientos antes de su publicación, y reafirmó explícitamente la obligación del Ministerio de proteger a las mujeres que recurren al procedimiento. Sin embargo, desde entonces, el Ministerio de Salud no ha adoptado ninguna iniciativa para contener el ataque cada vez más constante y virulento contra los servicios de aborto legal.
Marzo de 2024: Visibilidad internacional
Varias organizaciones feministas denunciaron al Estado brasileño ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por violación del derecho al aborto legal. En la denuncia se citaron los casos de São Paulo, Goiás y la suspensión de la Nota Técnica.
Abril-mayo de 2024: Resolución del CFM y revisión del CEDAW
A partir de marzo de 2024, las ofensivas contra el aborto legal pasarían a centrarse prioritariamente en el límite de 22 semanas de gestación para la realización del aborto. En abril, el Consejo Federal de Medicina (CFM), que desde hace tiempo lidera los ataques contra el derecho al aborto, publicó una nueva resolución (n.º 2.378) que prohíbe a los médicos realizar el procedimiento en casos de gestación de más de 22 semanas, incluso si son resultado de una violación.
La resolución fue impugnada mediante una demanda impulsada por fiscales de tres estados (São Paulo, Rio Grande do Sul y Bahía), por la Sociedad Brasileña de Bioética y por el Centro Brasileño de Estudios de la Salud, presentada ante el 8.º Juzgado Federal de Porto Alegre. Aunque inicialmente tuvo éxito al conseguir una medida cautelar que revocaba el documento del CFM, la demanda fue desestimada por el Tribunal Regional Federal de la 4.ª Región. Al mismo tiempo, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) presentó ante el STF la ADPF 1.141, solicitando la revocación inmediata de la Resolución. El 17 de mayo, el juez Alexandre de Moraes estimó la demanda por divergir de lo establecido en la legislación nacional, así como de la jurisprudencia internacional sobre la materia. El voto del ministro Moraes fue sometido a juicio en el pleno, pero la sesión fue suspendida debido a una solicitud de destace presentada por el ministro Kassio Nunes Marques. La resolución sigue suspendida. Nuestra recopilación sobre esta nueva dinámica judicial incluye noticias, análisis y notas de repudio. Sin embargo, incluso tras esta decisión del STF, el Ministerio de Salud no ha adoptado ninguna nueva definición al respecto.
Aún en mayo, Brasil se sometió a la revisión del Comité CEDAW. El Comité recomendó, con firmeza, la legalización y la despenalización del aborto en el país. La recomendación fue muy bien recibida, ya que coincide con los argumentos expuestos en la ADPF 442/2017. Sin embargo, para las activistas feministas que siguieron el proceso, el Comité perdió una oportunidad de formular recomendaciones contundentes sobre la necesidad de proteger los servicios de aborto legal que están siendo sistemáticamente amenazados. Aún más relevante en el contexto de esta cronología, las recomendaciones del CEDAW no suscitaron manifestaciones públicas contundentes en cuanto a su aceptación por parte de las autoridades nacionales.
Junio de 2024: «Proyecto de ley del violador»
Pocas semanas después de la revisión del CEDAW, a mediados de junio, bajo la presión de la bancada antiaborto (que tiene vínculos orgánicos con el CFM), la Cámara de Diputados aprobó en una votación simbólica arrolladora el trámite de urgencia del PL 1904/2024. El proyecto de ley, de autoría del diputado evangélico Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), equipara el aborto después de la semana 22 de gestación con el homicidio. Era la respuesta de la ultraderecha a la decisión preliminar de Alexandre de Moraes que ordenaba la suspensión de la Resolución 2.378. El PL 1904, en la práctica, criminalizaría el acceso al aborto previsto por la ley en caso de violación, pero dejaba márgenes ambiguos de interpretación en el sentido de restringir también la edad gestacional del aborto en caso de riesgo para la vida de las mujeres. La propuesta fue calificada en las redes sociales como «Proyecto de Ley del Violador», provocando un rechazo social inmediato y generalizado, como se puede comprobar en nuestra recopilación. A pesar del enorme reupidode la sociedad hacia el proyecto de ley, transcurrió toda una semana hasta que el Ejecutivo Federal expresara, de manera débil, su crítica al contenido de la propuesta. Y la actuación de la bancada del PT en la Cámara fue, en general, deplorable. Tras muchas idas y venidas, el proyecto de ley salió del foco de atención con el nombre de la diputada del PT Benedita da Silva siendo barajado, incluso entre los partidos del Centrão, para la relatoría del texto. El debate público también se desvaneció y, desde entonces, el proyecto de ley permanece a la espera de nuevas activaciones.
Julio a septiembre: la ofensiva a nivel local sigue su curso
A partir de junio, a pesar de la amplia movilización de la sociedad y de algunas derrotas judiciales, incluida una multa millonaria, el Ayuntamiento de São Paulo continuó su asedio al aborto previsto en la ley. Las mujeres víctimas de violencia sexual que acudieron a los servicios de la ciudad siguieron sin poder acceder al procedimiento. Pero la peor noticia del mes de julio llegó desde Goiás. A una niña de 13 años embarazada como consecuencia de una violación se le impidió abortar por dos resoluciones del Tribunal Estatal. El caso era de enorme complejidad, ya que implicaba una demanda presentada por el padre de la niña contra el procedimiento. Sin embargo, una acción judicial impulsada por las redes de lucha por el derecho al aborto legal llevó el caso al Tribunal Superior de Justicia (STJ), que autorizó la interrupción del embarazo. El caso fue objeto de extensos reportajes en los portales Metrópoles y G1.
Otro contrapunto positivo a la ola de retroceso instalada desde 2023 vino de Bahía. En septiembre, el Tribunal de Justicia del Estado anuló la sentencia de primera instancia y autorizó la interrupción del embarazo de un feto sin posibilidades de vida tras el nacimiento. El caso puso de manifiesto, como bien señaló O Globo, los límites de la decisión del STF de 2012, que solo permite la interrupción en casos de anencefalia.
Noviembre: el resurgimiento del «derecho a la vida desde la concepción»
Cinco meses después de la movilización contra el PL 1904 (y su «archivo informal»), la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados aprobó la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 164/2012, presentada originalmente en 2012 por el entonces diputado Eduardo Cunha. Su objetivo es incluir la protección del derecho a la vida desde la concepción en el texto constitucional.
Desde 1988, cuando la reforma constitucional no incluyó esta premisa, reivindicada por presiones de la Iglesia Católica, las fuerzas antiaborto intentan periódicamente demoler este consenso. La incorporación de esta definición a los principios constitucionales abre, potencialmente, un espacio para que el aborto sea criminalizado de manera draconiana, como ha ocurrido en otros países, siendo el caso de El Salvador el más dramático.
Además, podría comprometer el acceso a los procedimientos de reproducción asistida y afectar a la investigación con células madre (abriendo la puerta a la revisión de la decisión del Tribunal Supremo Federal de 2010 sobre la materia). La campaña «Una niña no es una madre» llevó a cabo una amplia movilización en las redes sociales, con excelentes resultados. Pero, una vez más, no hubo manifestaciones firmes contra la propuesta por parte del grupo parlamentario del PT ni del Ejecutivo. Y, aunque la propuesta haya sido rechazada socialmente, nada garantiza que no pueda volver a la agenda en la nueva legislatura.
Al mismo tiempo, han surgido nuevos casos locales de restricción al acceso al aborto previsto por la ley. El Consejo Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) es el actor más activo en este ámbito. En noviembre de 2024, solicitó los historiales médicos de todas las mujeres que se habían sometido a un aborto legal en el Centro de Asistencia Integral a la Salud de la Mujer de la Unicamp, lo que llevó al juez Alexandre de Moraes a citar a su presidente, Angelo Vattimo, para que explicara judicialmente el motivo de la solicitud. Tras recibir la respuesta, Moraes suspendió la entrega de las historias clínicas. Pero lo mismo ocurriría en la ciudad de São Paulo, donde el Hospital Maternidade de Vila Nova Cachoeirinha también fue notificado por el STF tras entregar las historias clínicas de las pacientes que interrumpieron su embarazo en el hospital. A pesar de estas decisiones sucesivas, el CRM presentaría la misma demanda al servicio de aborto legal de Botucatu, en diciembre.
Diciembre de 2024: La resolución del Conanda
En los últimos días de 2024, con la capacidad de movilización pública mermada por las fiestas de fin de año, el país fue testigo de otro grotesco episodio de rechazo al aborto legal consagrado en la ley. A petición de la senadora Damares Alves, un juez de primera instancia del Distrito Federal suspendió una resolución aprobada por el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente (Conanda) que establece directrices para garantizar el acceso al aborto legal en el caso de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. La decisión sería revocada unos días después por el TRF-1, que resolvió una acción cautelar presentada por la Oficina de Asesoría Jurídica a las Organizaciones Populares (GAJOP), que es miembro del Conanda.
El proceso de aprobación de la resolución que provocó este desenlace judicial pone de manifiesto con gran claridad la magnitud y las características de los obstáculos que han estado impidiendo la protección, la ampliación y la mejora de los servicios de aborto legal en Brasil, que simplemente cumplen con lo establecido en la ley y la jurisprudencia. El Conanda inició el debate sobre esta resolución tras publicar una firme nota pública en contra del proyecto de ley 1904. El borrador del texto final comenzó a debatirse en el pleno en noviembre, lo que provocó reacciones negativas por parte de los representantes del Ejecutivo que tienen un puesto en el Consejo. Tras muchos vaivenes, el 23 de diciembre se aprobó la resolución con los votos de la sociedad civil, ya que los representantes del Ejecutivo votaron en bloque en contra de su aprobación.
Esta operación fue liderada por la Casa Civil y su breve cronología pone de manifiesto la barrera erigida por el propio Gobierno federal contra los avances en el derecho al aborto. Inicialmente, correspondió al Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía presentar una solicitud de vista durante el debate de la propuesta. Esta postura, sin duda, no solo debilitó la tramitación del documento y su fuerza política, sino que también dificultó establecer una relación de confianza con el Gobierno, como construir respuestas sólidas y sostenibles para garantizar y ampliar el derecho al aborto en el país. Según se informó días después de la aprobación, según la investigación de Folha de São Paulo, la negativa a apoyar la resolución fue una maniobra coordinada por la Casa Civil, que orientó a los 13 representantes del Gobierno en el órgano a votar en contra. Los 15 votos a favor —todos de representantes de la sociedad civil— garantizaron la aprobación. Desde el inicio del debate sobre la resolución, movimientos y sectores de la sociedad civil se habían movilizado a favor del documento, mientras que las voces conservadoras, como era de esperar, se manifestaban en contra. La mano dura del Gobierno federal en este embrollo pone de manifiesto los riesgos de retroceso para el derecho al aborto. Y deja claro que ni siquiera los gobiernos en teoría progresistas merecen ser considerados aliados, ya que se alinean con posiciones y fuerzas conservadoras, con las que acaban lamentablemente convergiendo en su antagonismo hacia la agenda. Marina de Pol Poniwas, expresidenta de Conanda, y Deila Martins, consejera del organismo, comentan en un artículo la relevancia de la resolución y los retos para su implementación.
Febrero de 2025: Llega una nueva ADPF al Tribunal Supremo
A pesar del escenario político adverso, que impide la votación final de la ADPF 442, una nueva acción retoma la agenda de la despenalización del aborto. En febrero, la Asociación Brasileña de Enfermería (Aben) y el PSOL presentaron ante el STF la ADPF 1207, solicitando que el personal de enfermería y otros profesionales de la salud puedan realizar el procedimiento. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGA) se pronunció a favor de la acción, lo que abre otra vía de movilización y debate público en torno al derecho al aborto.
Marzo de 2025: Posicionamientos en el ámbito internacional
Durante la 69.ª sesión de la Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la ministra de la Mujer, Cida Gonçalves, expresó por primera vez, en uno de sus discursos, una posición firme del Estado brasileño con respecto a los derechos sexuales y reproductivos y a la garantía del derecho al aborto en los casos previstos por la ley.
Al mismo tiempo, el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, envió una comunicación formal al Gobierno brasileño en la que rechazaba el contenido y la posible aprobación del PL 1904 (acceda aquí al texto en inglés). Y, durante la 58.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, una representante de CONECTAS leyó una nota en la que se reclama la aplicación inmediata de la Resolución del Conanda.
2023-2025: El activismo feminista por el derecho al aborto en Brasil
En los últimos dos años, se ha ampliado el uso de estrategias de litigio para impedir retrocesos en el ámbito de la garantía del aborto legal en las políticas públicas. Estas acciones tienen lugar tanto en tribunales superiores, como en el Tribunal Supremo Federal y el Tribunal Superior de Justicia, como en tribunales estatales, tal como en los debates suscitados en el reciente caso de la niña de Goiás y en la disputa jurídica en torno al restablecimiento del servicio de aborto legal del Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
La respuesta judicial se ha mostrado favorable a la garantía del acceso al aborto, al menos en los supuestos ya previstos por la ley. Cabe destacar, en este sentido, la ya mencionada ADPF 1141, en la que se logró suspender la resolución del Consejo Federal de Medicina que prohibía la realización de la asistolia y bloqueaba el cuestionamiento jurídico de la negativa de los servicios ubicados en el municipio de São Paulo a realizar el procedimiento de aborto en embarazos de más de 20 semanas. También hubo precedentes importantes en el caso individual de la niña de Goiás y, sobre todo, en el caso de la resolución de Conanda obstaculizada tanto por la extrema derecha como por el Gobierno.
En el ámbito del STF, como ya se ha mencionado, la postura del tribunal sobre la despenalización del aborto es incierta. En un contexto en el que las barreras a las que se enfrentan las personas que buscan acceder al aborto legal son brutales, la nueva ADPF 1207 busca garantizar la ampliación de la atención en los supuestos previstos en la ley. La acción brinda la oportunidad para que el STF reafirme sus últimas posturas y se mantenga en la defensa de la legislación actual. La petición es sencilla: reconocer que la asistencia al aborto no debe limitarse a profesionales formados en medicina, sino que debe incluir a profesionales de enfermería y parteras, lo que proporcionaría una mejora en la calidad de la atención y una ampliación de la oferta de servicios de aborto en los territorios.
Tanto las amenazas descritas anteriormente como los logros conseguidos en el ámbito del litigio estratégico han sido objeto de campañas muy exitosas en las redes sociales, impulsadas por la Campaña «Ni Presa ni Muerta», cuya actuación se ha ampliado sustancialmente desde 2023, cuando la exministra Weber votó a favor de la ADPF 442. Además de la publicación del anuncio a página completa en Folha de São Paulo, en octubre y noviembre se distribuyeron 15 000 pañuelos a favor de la ADPF, al tiempo que se realizaban proyecciones de imágenes y collages en varias ciudades, intervenciones político-culturales y se activaba una fuerte incidencia en las redes sociales. Según un estudio de NetLab, en X hubo una circulación significativa de hashtags como #NemPresaNemMorta, #aborto y #abortolegal.
Como ya se ha mencionado, en vísperas de la Navidad de 2023, una movilización feminista, en colaboración con las oficinas parlamentarias del ámbito progresista, fue crucial para impedir que avanzara la tramitación del Estatuto del Naciente. A través de la página web de la campaña «Criança Não É Mãe» ( Una niña no es madre), se enviaron más de 33 000 correos electrónicos en contra del proyecto de ley directamente a los parlamentarios de la Comisión. Una vez más, en junio de 2024, se llevó a cabo una intensa movilización en contra del PL 1904. Esta marea verde brasileña abarcó diversos sectores de la sociedad, desde entidades de salud y derechos humanos —que movilizaron cerca de 70 comunicados públicos de repudio al proyecto de ley— hasta manifestaciones de escuelas de samba, de actrices como Luana Piovani, presentadores de televisión como Luciano Huck e incluso clubes de fans de cantantes pop y bandas de K-pop.
El lema «Una niña no es madre», de esta campaña tan exitosa, llamó la atención sobre la trágica realidad de la violencia sexual y el embarazo infantil en Brasil, que afecta sobre todo a las niñas negras y lleva a unas 20 000 niñas menores de 14 años a dar a luz cada año. De los 625 artículos periodísticos analizados por la iniciativa Futuro do Cuidado, 63 eran favorables al proyecto de ley 1904/2024, 280 contrarios y 282 neutros. La agencia Quaest identificó 1,1 millones de menciones al tema en las redes sociales X, Facebook e Instagram, entre el 12 y el 14 de junio, de las cuales el 52 % se mostraban contrarias al proyecto de ley y solo el 15 % a favor. Seis meses más tarde, una movilización con el mismo contenido garantizó el apoyo de las representaciones de la sociedad civil a la resolución del Conanda y amplió en la sociedad el respaldo a las medidas institucionales que aseguren y faciliten el acceso al aborto seguro en los casos permitidos por la ley, especialmente en los embarazos derivados de violaciones de menores de 14 años.
¿Qué podemos esperar para el año que comienza?
Nada sugiere que las ofensivas contra el derecho al aborto legal vayan a enfriarse drásticamente en 2025. Entre otras razones, porque el panorama global tras la elección de Trump no es precisamente favorable y, como se sabe desde hace mucho, las fuerzas antiaborto en Brasil se inspiran en sus homólogos estadounidenses. Más allá del ataque frontal al derecho al aborto implícito en la Ley Mordaza y en el regreso de EE. UU. al Consenso de Ginebra, es crucial tener en cuenta, en el conflictivo incitado por la ultraderecha estadounidense y global, un franco resurgimiento de la ideología pronatalista (más información aquí y aquí).[1]
Por otro lado, a nivel interno en Brasil, bajo las nuevas presidencias de la Cámara, el Senado y las comisiones clave del Congreso, la dinámica de 2025 quizá no sea tan virulenta en relación con el derecho al aborto como lo fue en 2024. Esto no significa, sin embargo, que las fuerzas parlamentarias antiaborto vayan a reducir sustancialmente su ímpetu regresivo. Un eje importante de las ofensivas que podrían cobrar fuerza en 2025 es, sin duda, la senadora Damares Alves al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Los acontecimientos internacionales registrados a principios de este año deben destacarse como hechos positivos que contribuyen a contener la creciente agresividad de las fuerzas nacionales antiaborto y, sobre todo, a superar los obstinados obstáculos para la ampliación, la mejora y la protección efectiva de los servicios de aborto legal en Brasil, incluidos los silencios y las reticencias de las autoridades federales. Las medidas sólidas de protección de los servicios de aborto legal son cruciales para hacer frente a la furia de la ultraderecha contra el derecho al aborto, incluidos los casos previstos en la ley, y para fomentar un entorno sociocultural cada vez más favorable al derecho a la autodeterminación reproductiva de las niñas, las mujeres y las personas que gestan. Pase lo que pase, sin embargo, los feminismos y el ámbito más amplio de defensa del derecho al aborto seguirán aquí, haciendo lo que hay que hacer.
RECOMENDAMOS
28/09 y el derecho al aborto: recopilación y reflexiones sobre el contexto latinoamericano – SPW
Serie «Lobby antiaborto» – Revista AzMina
«Salud sexual y reproductiva: lo que dicen las mujeres de Maré» – Casa das Mulheres da Maré
«Violación de personas vulnerables: caracterización de las madres adolescentes en Brasil en 2022» – Red Feminista de Salud
Notas
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[1] https://sxpolitics.org/ptbr/biblioteca-spw/artigos/o-pronatalismo-ressurge-por-francoise-girard/26241