En junio, el Senado Federal aprobó el Proyecto de Decreto Legislativo (PDL) 3, que suspende los efectos de la Resolución 258 de la CONANDA —una gran victoria para el movimiento a favor del derecho al aborto en Brasil, que ya había sido objeto de ataques incluso antes de su aprobación a finales de 2024—. Una vez más, el Gobierno federal no defendió esta normativa —que se había aprobado a pesar de los votos en contra del Gobierno—. Esto se ajusta a la línea de actuación adoptada por la actual administración de Lula en materia de derecho al aborto. Aun así, los medios de comunicación y la opinión pública siguen realizando diferentes ataques sobre la temática, y las feministas continúan resistiéndose a estos reveses.
Para analizar el proceso que condujo a la aprobación del PDL 3, así como para evaluar el panorama político tras la votación y los retos futuros a los que se enfrenta el movimiento por el derecho al aborto en Brasil, hemos entrevistado a Laura Molinari, cocordinadora de la campaña «Ni encarceladas ni muertas». La entrevista, realizada por Nana Soares, repasa los retos que ya se planteaban cuando el Consejo Nacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CONANDA) aprobó la Resolución 258 en 2024, y que desde entonces se han intensificado no solo por la composición ultraconservadora del Congreso, sino también por la inacción de los aliados a nivel estatal.
SPW: ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos en relación con el derecho al aborto, que culminaron con la aprobación por parte del Senado del PDL 3/2025 en junio? ¿Y cuál es la importancia de este PDL, entre las numerosas iniciativas de la oposición que surgieron desde la aprobación de la Resolución 258 del CONANDA en 2024?
Laura Molinari: Es importante señalar que la resolución de la CONANDA se propuso a raíz del proyecto de Ley 1904, que se aprobó con carácter de urgencia en la primera mitad de 2024 ¾aunque no por sus méritos¾. Se trataba de un proyecto de ley que pretendía redefinir el aborto como homicidio; en aquel momento, existía un clima político propicio para impulsar la protección de los derechos legales al aborto. Se tardó entre tres y cuatro meses en redactar el borrador de la resolución de la CONANDA y, durante este proceso, desde la campaña «Las niñas no son madres» colaboramos con representantes de los ministerios para revisar el texto. En otras palabras, la resolución no se presentó sin haber sido trabajada y debatida; no se trataba de un texto al que los ministerios no hubieran tenido acceso previamente. El primer acontecimiento significativo en esa dinámica fue la filtración del borrador de la resolución al portal de noticias de extrema derecha Gazeta do Povo, que publicó decenas de artículos en contra basándose en ese documento filtrado, entre octubre y diciembre, mientras la resolución aún se estaba redactando.
A medida que la resolución se acercaba a su aprobación, la Oficina del Jefe de Gabinete intentó alejar a la sociedad civil de la CONANDA instando a la Conferencia Nacional de Obispos Católicos a bloquear o votar en contra de la resolución. Sabemos —y así se informó incluso en la prensa— que la Oficina del Jefe de Gabinete tomó medidas para garantizar que los ministerios votaran en contra de la resolución. Nuestra valoración final es que esta maniobra les resultó muy perjudicial. El Poder Ejecutivo podría simplemente haber optado por no asistir a la sesión de votación, lo que habría dado lugar a la falta de quórum; el año habría terminado poco después y el borrador se habría archivado. Sin embargo, optaron por otra vía, a pesar de que la intención del Gobierno era limitar la visibilidad del debate, alegando que no era el momento adecuado y que se necesitaba más tiempo para alcanzar un consenso. Asistieron a la sesión y votaron en contra, pero, aun así, la sociedad civil aprobó la resolución.
Al día siguiente de su aprobación, la senadora ultraconservadora Damares Alves, actuando a título personal, obtuvo una medida cautelar judicial para anular la resolución, alegando que la CONANDA se había extralimitado en sus competencias. Presentamos un recurso judicial y el caso fue desestimado porque Damares, como ciudadana particular y senadora, no podía acudir a los tribunales para impedir la publicación de este reglamento del Poder Ejecutivo. Asimismo, tras la aprobación y antes de su publicación en el Boletín Oficial, el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC) emitió un comunicado en el que se oponía a la resolución, alegando que necesitaba más tiempo para perfeccionarla, lo que ahora se convertiría en uno de los argumentos esgrimidos por Damares en el debate del PDL 3 en el Senado.
En febrero de 2025 se presentaron el PDL 3 y el PDL 5 —dos proyectos de ley idénticos, uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado— junto con cuatro o cinco disposiciones legislativas adicionales, que hasta la fecha no han avanzado. Lo que sí avanzó a finales de 2025 fue el PDL 3, ya que se aprobó una moción de urgencia y, posteriormente, el texto fue aprobado en cuanto al fondo en la Cámara de Diputados. En aquel momento, nuestra movilización fue incluso mayor de lo que sería ahora para el debate en el Senado, ya que logramos organizar manifestaciones callejeras más numerosas. Sin embargo, sufrimos un revés en el discurso. Parte del bando progresista comenzó a afirmar que se había abolido el derecho al aborto legal para niñas y adolescentes. Esta es, de hecho, la intención de los sectores que propusieron el PDL 3, pero no es lo que figura en el texto del proyecto de ley, que se limita a suspender la normativa de la CONANDA sobre la vía de atención sanitaria y judicial para las niñas y adolescentes víctimas de violencia. El PDL 3 no modificó la ley del aborto vigente. Pero generar confusión normativa —lo que coloca a los profesionales sanitarios y psicosociales en situaciones difíciles a la hora de practicar abortos dentro de la legalidad— es otra de las intenciones de los grupos que se oponen al aborto legal. En consecuencia, tras la aprobación del PDL en la Cámara de Diputados, figuras de extrema derecha (como el PL Mulher y algunos diputados federales) comenzaron a impulsar esta misma narrativa.
SPW: ¿Y cómo se llevaron a cabo las acciones de incidencia política en Brasilia? ¿Cómo fueron las respuestas?
Laura Molinari: Llevamos a cabo varias iniciativas de incidencia política en el Congreso. Desde principios de 2025, la campaña «Las niñas no son madres» ha realizado al menos cuatro visitas a la Cámara de Diputados y al Senado para debatir los PDL. Todos afirmaron que no les gustaba aprobar los PDL porque son «demasiado ideológicos»; también nos han dicho que «no nos gusta retrasar la tramitación de resoluciones emitidas por organismos estatales». En otras palabras, había resistencia a aprobar los PDL porque se consideraba que tenían un carácter más político. Hay varios PDL que bloquean normativas del Poder Ejecutivo que se estancan y nunca llegan a votarse. Por lo tanto, preveíamos que este PDL podría no salir adelante, especialmente en un año electoral. Pero desde principios de 2026, la senadora Damares instó al presidente del Senado, David Alcolumbre, a incluirlo en el orden del día de votaciones, aunque él no respondió directamente. En ocasiones, dijo que dejaría en manos de la comisión de dirección la tarea de alcanzar un consenso mínimo sobre si incluirlo o no en el orden del día (dado que se trata de un tema controvertido). Pero lo cierto es que, a día de hoy, todo pasa por la comisión de dirección con muy poca transparencia. Cuando asistimos al Congreso Brasileño sobre la Lucha contra la Violencia Sexual contra Niños y Adolescentes el 18 de mayo de 2026, en Brasilia, hablamos con 18 oficinas, y todas ellas afirmaron que, si el PDL 5 se incluyera en el orden del día del pleno del Senado, perderíamos la batalla. Nuestro objetivo era impedir que entrara en el orden del día. Cabe señalar que también hubo algunos esfuerzos por parte del Poder Ejecutivo en esta misma dirección. En 2025, cuando se aprobó el PDL 3 en la Cámara de Diputados, el Ministerio de la Mujer y el MDHC emitieron declaraciones públicas en contra del proyecto de ley, e incluso el Ministerio de Salud envió una declaración similar a los legisladores. Para ser justos, cuando comenzó la ofensiva en el Senado, el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer pidió a todos los ministerios que enviaran declaraciones en contra del proyecto de ley, y el MDHC convocó una reunión con los senadores para presentar informes técnicos y opiniones contrarias a la propuesta. Pero esta reunión resultó, en gran medida, una decepción. En resumen: hubo un intento de coordinación, pero no sabemos hasta qué punto los líderes del Gobierno se mostraron políticamente dispuestos a ayudar a bloquear este PDL.
En nuestros esfuerzos de incidencia, tuvimos la sensación de que esto fue consecuencia de las maniobras estratégicas de Damares. Goza de un gran respeto por parte de todos, incluida la izquierda. Casi todos los miembros del personal del Congreso con los que hablamos nos sugirieron que habláramos con Damares; nos dijeron que se mostraría abierta y receptiva, y que cuenta con un equipo bien preparado. Por nuestra parte, respondimos haciendo hincapié en que ella siempre se ha opuesto al aborto legal y que, dado que la resolución abordaba el aborto legal, quería derogarla. Pero lo cierto es que ella ejerce una gran influencia; es una hábil negociadora y muchas personas están cerca de ella, incluidos funcionarios del Gobierno. Decidimos no hablar con Damares porque, dado que nuestra agenda sobre el aborto legal ha sido uno de sus principales objetivos, relacionarnos con ella nos dejaría en evidencia, y podría incluso utilizar este contacto en nuestra contra.
En resumen, lo que hicimos fue presentar argumentos y declaraciones en contra de la resolución, refutando las noticias falsas que Damares estaba difundiendo —y que también repetían el equipo de su oficina y sus asesores—. Todas estas personas afirmaban que, debido a la resolución, «se suprimirán las investigaciones policiales sobre las violaciones de personas vulnerables» o que «ahora una menor podrá abortar sin el consentimiento de sus padres». Tuvimos que repetir una y otra vez que menos del 4 % de los municipios cuentan con servicios de aborto legal, y que una niña embarazada de diez años no se daría cuenta por sí misma de su embarazo, ni acudiría sola al centro de salud más cercano para abortar sin un tutor. Es totalmente irrealista, pero todo el mundo se había dejado llevar por los argumentos falsos de la senadora e insistía en que debíamos hablar con ella.
Otro punto importante es que, aunque muchos miembros del gabinete del Senado tenían los argumentos de Damares en la punta de la lengua, una vez más se manifestó resistencia respecto a si incluir o no el PDL en el orden del día. Además, todos entendían nuestros argumentos. Solo una oficina nos dijo que no tomaría posición, porque estaba estudiando el asunto después de que el Instituto Isabel [1] hubiera presionado a su oficina a favor del proyecto de ley. Pero, por lo demás, todos afirmaron estar en contra del proyecto de ley, por lo que resultó algo sorprendente que nadie intentara obstruirlo. El senador Paim, del PT, intentó, en la Comisión de Derechos Humanos, solicitar una revisión y se le concedió un plazo de una hora para ello; tras lo cual, el PDL pasó directamente al pleno para ser sometido a votación, sin obstrucciones. No hubo discursos ni solicitudes de votación nominal. El propio Alcolumbre comentó: «¿Dónde está el Gobierno que no vino a hablar con nosotros?». Como ya he dicho, el Gobierno estaba manteniendo conversaciones, por lo que no entendemos a qué se refería. Quizá esperaba maniobras políticas entre bastidores más intensas, lo que al parecer no ocurrió.
SPW: Cuando se aprobó el proyecto de ley 1904 en 2024, la movilización social fue fuerte y logró limitar parcialmente el daño y sensibilizar a la opinión pública. Pero las fuerzas antiabortistas no han dejado de actuar en los últimos dos años. ¿Cuál es tu valoración de lo que condujo a la aprobación del PDL 3/2025? ¿Cuál fue el factor decisivo?
Laura Molinari: Hay un elemento de oportunidad política, pero me pregunto si la aprobación de la Resolución de la CONANDA no fue, de hecho, una verdadera derrota para las fuerzas antiabortistas: fue la primera vez que logramos aprobar una norma sustantiva que abordara el aborto legal, a pesar de un Congreso hiperconservador —y aunque el Ministerio de Sanidad no haya asumido esta agenda como debería haberlo hecho desde el inicio del Gobierno de Lula, en 2023—.
La Resolución CONANDA es una medida política que no modifica ninguna ley vigente, por lo que, desde el punto de vista de las fuerzas antiabortistas, no tiene ningún impacto concreto de importancia. Sin embargo, tuvo un impacto simbólico significativo, ya que habíamos logrado aprobar la resolución en contra de las directrices del Gobierno y contra todo pronóstico. Pero ahora han conseguido revocar la resolución. No han modificado la ley; no han creado una nueva barrera de acceso —como exigir un atestado policial—, pero han convertido el PDL5 en una victoria simbólica, lo que podría afectar a los servicios de aborto legal, ya que no existen directrices claras para la atención adecuada de las pacientes, en el caso de las niñas y las adolescentes.
Y esto no se quedará ahí. En el Senado se está tramitando un proyecto de ley sobre política de la primera infancia (PL 1924/2025) en el que los parlamentarios antiabortistas pretenden situar la primera infancia en el embarazo —es decir, en la etapa embrionaria—. Hemos oído que intentaron situarla en la concepción, pero esa propuesta no tuvo mucha aceptación. En su conjunto, el proyecto de ley PL 1924 sigue siendo una aberración jurídica: ¿las pérdidas gestacionales podrían considerarse infanticidio, dado que el texto describe a los fetos de seis semanas como niños? ¿A quién beneficia equiparar legalmente a los embriones, los fetos y los niños? ¿En qué medida aumenta esto las protecciones que ya existen en la ley? La disposición pretende básicamente crear confusión jurídica y proporcionar fundamentos legales para denegar la atención sanitaria. Dicho esto, quizá esto sea lo más lejos que pueden llegar hoy en día las fuerzas antiabortistas en el Congreso. Es realmente grave, teniendo en cuenta que en Brasil casi nunca se practican abortos legales, pero no se trata de una prohibición total, que es su objetivo principal.
La estrategia legislativa de las fuerzas antiabortistas consiste en seguir abriendo lagunas que puedan dificultar el acceso al aborto, mientras no logran modificar por completo la ley del aborto. Se dedican a crear confusión normativa en torno a los protocolos, procedimientos y normas que autorizan la interrupción del embarazo en los casos permitidos por la ley. En la práctica, esto dificulta el acceso no solo porque genera incertidumbre jurídica para los profesionales sanitarios, sino también porque contribuye a la desinformación entre las pacientes. En Brasil existe un amplio consenso social en torno al apoyo al aborto legal en general y, especialmente, para las menores de edad. Y es por eso que estos actores no pueden avanzar hacia una prohibición total del aborto. Sin embargo, aun así, el PDL supuso una derrota, ya que la Resolución 258 había establecido una vía de acceso. No es exagerado afirmar que, por primera vez desde la democratización, las fuerzas antiabortistas han logrado aprobar un proyecto de ley basado íntegramente en sus argumentos.
SPW: ¿En qué medida otros acontecimientos recientes —como las declaraciones antiabortistas de Messias durante su audiencia de confirmación en el Senado y el respaldo de la Fiscalía General de la República (PGR) a la resolución del CFM sobre la asistolia fetal— han echado más leña al fuego?
Laura Molinari: Nuestros aliados dicen cosas como: «No se preocupen tanto, solo es una resolución». Pero se trata de una política muy perjudicial, porque, poco a poco, podríamos perder incluso lo mínimo indispensable. ¿Qué pasará, por ejemplo, a finales de año, cuando se espera que la Cámara de Diputados vote un proyecto de ley para instaurar el «Día del Niño por Nacer» con el fin de concientizar sobre los «riesgos del aborto»?El PT y sus aliados parecen estar calculando que vale la pena dejar de lado estas agendas «porque hay que votar otros asuntos más importantes, como el fin del horario laboral 6×1 e incluso el presupuesto federal». Se están rindiendo. Lo que más oímos de los aliados del Gobierno en el Congreso son preguntas como: «¿Dónde está Luana Piovani? ¿Dónde está la sociedad civil?». Durante dos años, Luana Piovani ha estado haciendo campaña por esta causa a través de «Las niñas no son madres». Hemos conseguido suscitar muchos debates públicos y protestas, pero eso nunca es suficiente. Necesitamos un respaldo sólido de nuestros aliados institucionales. Ellos también deben actuar, pero normalmente no lo hacen, y a menudo nos echan la culpa a nosotros por no haber evitado los retrocesos.
SPW: ¿Y cómo valoráis la situación actual?
Laura: Públicamente, el Gobierno se ha mostrado muy pasivo. Nos preguntamos hasta qué punto valía la pena armar pelea para defender el PDL, o, si darle tanta importancia al hecho de que «perdimos» sería caer en la trampa de la desinformación tendida por quienes se oponen al aborto. Consiguieron aprobar un proyecto de ley que no modifica ninguna legislación. Pero, al mismo tiempo, nuestros aliados nos presionan para que hagamos cada vez más por defender el derecho al aborto porque, si no lo hacemos, no dejarán de insistir.
Las fuerzas antiabortistas han presentado varios proyectos de ley que, aunque no crean barreras ni modifiquen ninguna ley, obstaculizarán el acceso a los derechos y servicios relacionados con el aborto. No existe ninguna política institucional que garantice el acceso; la Resolución de la CONANDA era esa política. Este Gobierno no ha hecho nada más para garantizar el acceso. Se trata de un desempeño institucional muy deficiente. En primera línea del sistema sanitario hay profesionales —especialmente médicos— que están desinformados y desorganizados políticamente, y que se creen las noticias falsas. Se encuentran tanto en la derecha como en la izquierda del espectro político. Muchas personas no buscan información y se dejan llevar por el miedo. Esto es así incluso aunque, desde principios de la década de 2020, la cobertura mediática haya mejorado y ampliado su alcance. Especialmente en el caso del PDL en el Senado, la cobertura fue bastante buena.
Pero, por su parte, el Gobierno permanece inactivo. Al contrario, desde el debate de 2024 sobre la resolución de la CONANDA, de hecho ha proporcionado munición a Damares y al bando antiabortista en general al hacer público que todos los ministerios votarían en contra del texto. Por eso era tan importante hacer mucho ruido en torno a la aprobación del PDL, ya que esto puede dejar claro al público en general que la agenda política de quienes se opusieron a la resolución es, de hecho, acabar con el aborto legal. En esta lucha no hay forma de evitar la polarización; es crucial sacar a la luz lo que se esconde tras un proyecto de ley aparentemente inofensivo que no supone grandes cambios. Pero, por otro lado, también es esencial dejar claro que esta ley superficial es lo único que son capaces de aprobar en este momento porque existe un amplio apoyo al aborto legal en la sociedad. En otras palabras, la sociedad está de nuestro lado.
SPW: ¿Cuáles son los retos para la movilización de cara al futuro, sobre todo teniendo en cuenta que este es un año electoral?
Laura Molinari: El reto es organizarnos mejor para frenar la difusión de noticias falsas. Hemos oído a personas del bando progresista decir que el aborto legal ha llegado a su fin. La dinámica polarizadora de las redes sociales supone un enorme obstáculo, ya que alimenta las narrativas negativas. Aunque la intención del bando antiabortista es abolir el aborto legal, debemos distinguir entre cuál es su intención y el resultado concreto de la aprobación del PDL, que es obstaculizar el acceso al derecho al aborto. Aunque reconozcamos esa intención, es un error afirmar que el PDL ha acabado con el derecho al aborto. La sutileza de la campaña «Las niñas no son madres» contra el PDL consistió en denunciar esta intención sin caer en el juego de la desinformación y la polarización narrativa. Debemos aprovechar este momento en el que el tema está en el punto de mira de la opinión pública para producir y difundir cada vez más información, y para involucrar a portavoces de renombre —aunque esto resulte difícil, en parte debido a que existe un desequilibrio significativo de recursos y poder financiero entre nosotros y los grupos antiabortistas.
En lo que respecta al PDL 5, concretamente, su aprobación será impugnada ante el Tribunal Supremo Federal (STF), pero, dado que el decreto legislativo aprobado aún no se ha publicado en el Boletín Oficial, no se puede presentar la demanda. Llevar el caso a los tribunales también supone un reto, ya que el STF se encuentra sometido a una gran presión y desmoralizado por los escándalos que involucran a los magistrados y a sus familias. En este contexto, se han cuestionado abiertamente los votos de los magistrados Barroso y Rosa Weber a favor del ADPF 442. El Tribunal se enfrenta a un período difícil en relación con estas cuestiones polarizantes, especialmente en un año electoral. Aun así, creemos que tenemos posibilidades, ya que la justificación del PDL contiene afirmaciones que son simplemente falsas —como que la Constitución brasileña protege la vida desde el momento de la concepción o que la CONANDA creó nueva legislación—. Técnicamente, nuestras posibilidades de ganar son altas. El principal problema es, como de costumbre, las condiciones políticas.
[1] El Instituto Isabel es una ONG de defensa y litigio contra el aborto y el género, de reciente creación, que mantiene vínculos abiertos con el Opus Dei y colabora con Alliance Defending Freedom International.