1. En pocas palabras, ¿cuál es tu balance de los primeros dos meses del gobierno de De la Espriella? ¿Cuáles son los principales blancos o riesgos?
Mi balance es que estamos ante un gobierno que siembra miedo todos los días y que busca transformar los límites de lo que consideramos aceptable en una democracia. Hay 3 riesgos latentes: el debilitamiento de los controles al poder, una política de seguridad que normaliza vulneraciones de derechos humanos y una ofensiva contra la igualdad y la autonomía de las mujeres y las personas LGBTQ+. La presión sobre la justicia transicional y el despliegue de una “batalla cultural” desde el Ministerio de Cultura muestran que estos frentes avanzan simultáneamente.
Me preocupa especialmente que el deterioro institucional pueda producirse mediante decisiones administrativas y presupuestales, sin esperar grandes reformas legales. La propuesta de recortar recursos a la Justicia Especial para la Paz-JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ilustra ese riesgo. Una institución puede conservar su nombre y sus competencias, pero perder la capacidad de garantizar derechos. Para las víctimas, eso tiene consecuencias sobre la verdad, la justicia y la reparación.
Desde una perspectiva feminista, también veo una disputa por quién puede decidir sobre su cuerpo, qué familias merecen reconocimiento y cuáles vidas reciben protección estatal. La salida de Colombia de la Equal Right Coalition – coalición internacional por los derechos LGBTIQ+ – es una decisión concreta en esa dirección. En el plan de desarrollo aparece prohibir el aborto. Mi lectura es que estas agendas forman parte de un mismo proyecto de reducción del Estado en temas de diversidad, equidad e inclusión. Hay activistas LGBTQ+ que ya han recibido amenazas directas y eso es solo inicio del gobierno basado en el miedo en “nombre de Cristo Rey”.
2. ¿Cómo está compuesto el ecosistema que apoya a Abelardo, especialmente en el campo religioso y entre las élites económicas?
Lo entiendo como una alianza entre redes religiosas ultraconservadoras, sectores de las élites económicas, estructuras políticas tradicionales y actores mediáticos. Cada uno aporta recursos distintos, por un lado, con capacidad de movilización, por otro con financiación, pero además ahora tienen acceso institucional lo que implica amplificación de sus discursos. Su convergencia alrededor de Abelardo no significa que tengan intereses idénticos, pero cada vez dan más pasos de la mano.
Una investigación publicada recientemente por La Silla Vacía identifica conexiones concretas entre la campaña y el gobierno. En concreto, Marco Fidel Acosta, presentado como el “gerente de la fe” de la campaña, llegó al Fondo Nacional del Ahorro. El pastor John Milton Rodríguez asumió la liquidación del Ministerio de Igualdad. El sacerdote Rodolfo Londoño fue designado representante gubernamental en los consejos directivos de cinco universidades públicas. También aparecen congresistas de la Misión Carismática Internacional impulsando restricciones a la transición de género en menores, en especial en un proyecto de ley contra las infancias trans. Mi preocupación es la capacidad de esas redes para convertir sus convicciones particulares en decisiones de política pública que afectan a toda la ciudadanía.
En el terreno económico, hay vínculos entre la campaña, la banca, los medios y los nombramientos. Por ejemplo, en la campaña se registra el crédito del banco de Jaime Gilinski para la segunda vuelta y luego, la designación de Tania Gilinski como embajadora en Israel. Estos vínculos merecen escrutinio público, aunque por sí solos no prueban una contraprestación indebida. Tampoco se ve a todos los empresarios completamente unificados. Las tensiones recientes con Bruce Mac Master y las respuestas en defensa de la autonomía gremial muestran diferencias. Mi interpretación es que el gobierno busca apoyo económico y, al mismo tiempo, intenta condicionar la interlocución con sectores que conservan independencia., aunque cada vez son más pocos. A los grandes empresarios les conviene apoyar para tener el apoyo del gobierno.
3. ¿Cómo analizas la manera en que el campo progresista percibió el ascenso de Abelardo?
Colombia tiene una ciudadanía progresista muy activa y representativa, que reconoce en la tutela y en los derechos fundamentales herramientas para participar, exigir límites al poder y defender la democracia. Casi la mitad de Colombia no votó por el presidente electo y eso lo vamos a ver y sentir en todo su periodo. Lo hemos visto en acciones judiciales presentadas para contestar la vulneración de la neutralidad religiosa del gobierno y el carácter deshumanizante de los videos difundidos por el presidente, que han obtenido decisiones favorables. Estas respuestas muestran que existe capacidad de reacción y que los controles judiciales siguen siendo un espacio importante de defensa de los derechos.
Las organizaciones sociales también han estado activas: han documentado decisiones, hecho seguimiento a las medidas del gobierno y denunciado sus consecuencias. Ese trabajo ocurre pese al miedo a recibir represalias directas. Por eso, me parece importante reconocer que sostener públicamente una posición crítica en este contexto requiere esfuerzo, organización y valentía.
Las voces del movimiento LGBTIQ+ han sido especialmente importantes para advertir los riesgos de esta agenda. El desafío es lograr que esas alertas se entiendan como una preocupación democrática compartida y que las distintas respuestas ciudadanas se articulen. Hay una sociedad que está reaccionando; necesitamos fortalecer sus capacidades para que los fallos judiciales se cumplan, las denuncias tengan efectos y quienes defienden derechos puedan continuar su trabajo con garantías.
4. En género, sexualidad y aborto, ¿los derechos trans son el blanco principal? ¿También está en riesgo el aborto?
En este momento, los derechos trans, especialmente los de niñas, niños y adolescentes, son uno de los blancos más visibles de la ofensiva legislativa. El respaldo gubernamental a la llamada Ley Laura lo demuestra. Dicho proyecto ley que cursa en el Congreso busca prohibir bloqueadores de pubertad y terapias hormonales en menores, y contempla sanciones para profesionales y entidades que los permitan. Debemos precisar que se trata de un proyecto, no de una prohibición ya vigente.
Mi interpretación es que se utiliza la protección de la infancia para presentar a las personas trans y a quienes las acompañan como una amenaza basados en mentiras y desinformación. Varios médicos y científicos han exigido rigor y respeto por la dignidad humana y han aclarado que no se han realizado cirugías de afirmación de género en menores de edad en Colombia. Esa precisión importa porque no podemos aceptar que se confundan procedimientos diferentes para justificar restricciones generales legales.
El aborto también está en riesgo, aunque debemos distinguir la intención política de un cambio jurídico efectivo. Hace unas semanas se filtró un documento del Departamento Nacional de Planeación- DNP el cual incluía propuestas para restringir el aborto, pero la propia entidad señaló que era un insumo preliminar y no una decisión oficial. Además, se ha registrado la salida de Hannah Escobar del Ministerio de Salud, quien duró menos de una semana en la dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, en medio de cuestionamientos por haber manifestado en el pasado posiciones favorables sobre interrupción voluntaria del embarazo. La intervención directa del presidente para pedir su salida fue reportada por un periodista de Blu Radio. Esos son señales preocupantes, con distintos niveles de confirmación.
La sentencia C-055 de 2022 despenalizó el aborto hasta la semana 24 y mantuvo después de ese plazo las causales reconocidas desde 2006. Ese marco no desaparece por una declaración presidencial o un deseo masivo de congresistas. Pero mi preocupación mayor es que se creen obstáculos para el acceso a los servicios, el derecho al aborto puede volverse más difícil de ejercer si aumentan el estigma, las demoras o las barreras institucionales. Por eso debemos defender tanto la protección constitucional como las condiciones materiales para acceder a los servicios.
5. Finalmente, ¿cómo ves los retos de resistir esta ofensiva?
El primer reto es construir una respuesta democrática amplia. Las organizaciones feministas, LGBTIQ+, de víctimas, culturales y de derechos humanos necesitamos reconocer lo que conecta nuestras luchas. Defender la autonomía corporal, la libertad de expresión y la independencia judicial exige alianzas sostenidas, incluso entre sectores que no coinciden en toda su agenda política. El segundo reto es combinar defensa jurídica, organización social y comunicación pública. Necesitamos documentar decisiones, seguir proyectos de ley y presupuestos, utilizar las herramientas judiciales disponibles y explicar sus consecuencias con un lenguaje cercano. El tercer reto es sostener a quienes están más expuestos. La resistencia requiere acompañamiento, protección y recursos para las organizaciones y liderazgos territoriales. También exige evitar que cada provocación determine nuestras prioridades, necesitamos responder a las urgencias sin abandonar el trabajo de largo plazo.
Desde Jacarandas, nuestra posición es defender los derechos conquistados y litigar frente a cualquier medida que pretenda generar un retroceso en los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+. Eso implica hacer seguimiento al gobierno, documentar las vulneraciones y activar las herramientas judiciales para exigir garantías efectivas. Nuestra visión de la defensa de la democracia es amplia: incluye proteger la independencia de la justicia, el cumplimiento de las decisiones judiciales y la posibilidad de ejercer una ciudadanía crítica sin miedo a represalias. Defender nuestros derechos exige también cuidar las instituciones que permiten hacerlos efectivos y construir alianzas con otros sectores comprometidos con la democracia.