Por Alrik Schubotz, politólogo en Berlín, 2 de octubre de 2026
Las recientes elecciones regionales en Alemania han confirmado una profunda transformación del sistema de partidos del país: la Alternative für Deutschland (AfD) ha dejado de ser una fuerza política marginal y se ha consolidado como uno de los principales vehículos electorales de la extrema derecha alemana. En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en el noreste del país, la AfD terminó las elecciones del 20 de septiembre de 2026 como la fuerza más votada, con un 38,2 % de los votos, por delante del Partido Socialdemócrata (SPD), que obtuvo un 35,5 %. Se trata de una ruptura importante con la historia política reciente del país, ya que el SPD había sido la primera fuerza en todas las elecciones regionales desde 1998.
La AfD consiguió 32 de los 71 escaños del Parlamento regional, mientras que el SPD obtuvo 29. La CDU, partido del actual canciller federal Friedrich Merz, no logró superar la barrera electoral del 5 %. La elevada participación electoral, de aproximadamente el 78 %, también demuestra que el resultado no puede explicarse simplemente por la movilización de una minoría que antes no votaba. El avance de la AfD debe entenderse, por tanto, como el efecto de una combinación de inseguridades materiales «percibidas», desconfianza hacia los partidos tradicionales y, sobre todo, una transformación político-cultural más amplia y profunda.
La extrema derecha ha logrado convertir cuestiones como el coste de la vida, la inmigración, la seguridad y la guerra en una narrativa política que presenta a la sociedad alemana como amenazada debido a la «pérdida de control» sobre las dinámicas sociales. En este contexto, la inmigración es una cuestión central, ya que este discurso la vincula al fantasma de una supuesta transformación de la identidad nacional, la familia y las normas sociales alemanas. La defensa de un orden social heteronormativo y tradicional, la oposición a los derechos LGBTQIA+ y el rechazo al feminismo son, por lo tanto, elementos clave del proyecto político más amplio de reconstrucción de la supuesta normalidad social. Es muy importante subrayar esta dimensión al analizar los éxitos electorales de la AfD. Su política no se limita a la cuestión migratoria: el género y la sexualidad funcionan como ámbitos privilegiados para la creación de fronteras entre un «nosotros» nacional considerado legítimo y grupos presentados como representantes de una supuesta decadencia cultural.
En las elecciones del 6 de septiembre en Sajonia-Anhalt, esta dimensión se manifestó de forma muy contundente. La AfD obtuvo el 43,8 % de los votos, lo que supone un aumento de aproximadamente 23 puntos porcentuales con respecto a 2021. La CDU cayó del 37,1 % al 17,2 %, y la AfD obtuvo 39 de los 83 escaños del Parlamento regional. Resulta especialmente relevante el hecho de que la expansión de la AfD no se limite a los grupos de edad más avanzada, que suelen asociarse con la extrema derecha. Entre los votantes de entre 18 y 24 años, la AfD alcanzó el 41 %, y entre los de 25 a 34 años, el 43 %. Sin duda, estas cifras deben interpretarse con cautela, pero hacen muy difícil sostener la idea de que la extrema derecha alemana sea, simplemente, un fenómeno asociado a la generación de más edad que reacciona ante los cambios sociales.
La AfD ha construido una propuesta política dirigida a los sectores jóvenes, utilizando un lenguaje de contestación cultural. Cuestiones como la inmigración, la seguridad y la economía se combinan con una crítica agresiva al feminismo, a la denominada «ideología de género», a la política de igualdad y a los derechos de las personas LGBTQIA+. Esta combinación permite transformar los cambios sociales reales en una narrativa de pérdida de estatus y amenaza identitaria. El avance de los derechos de las mujeres, de las personas queer y de las minorías sexuales se presenta no como una ampliación de la democracia, sino como una supuesta imposición de una élite cultural sobre una mayoría silenciosa.
El discurso de la AfD sobre el «género» no solo supone el rechazo de determinadas políticas públicas, sino que tiene por objeto promover la visión de un proyecto de sociedad basado en la centralidad de la familia heterosexual, en roles de género más tradicionales y en el rechazo de formas de vida que se salgan de esa norma. Del mismo modo, la retórica anti-LGBTQIA+ opera en conjunción con los discursos antiinmigración: ambas cuestiones se integran en una narrativa según la cual la sociedad alemana estaría siendo, simultáneamente, «desnacionalizada» y «destradicionalizada». Para ello, la extrema derecha ofrece una promesa de restauración: recuperar las fronteras, la autoridad, las jerarquías y una idea supuestamente estable de identidad colectiva.
De cara a las próximas elecciones federales, es fundamental no convertir los resultados electorales regionales en una predicción automática del futuro. Las próximas elecciones ordinarias al Bundestag están previstas para 2029, y el comportamiento electoral de dentro de tres años no puede deducirse, de forma mecánica, a partir de los resultados de 2026. Lo que los resultados actuales permiten observar, sin embargo, es la consolidación de un cambio estructural. En las elecciones federales de 2025, la AfD ya había alcanzado el 20,8 % de los votos, convirtiéndose en la segunda fuerza parlamentaria. Los resultados en Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental muestran que su capacidad de movilización puede ser aún mayor en algunas zonas del este de Alemania.
Por otra parte, la exclusión de la AfD de las coaliciones formadas por los principales partidos democráticos sigue siendo una barrera institucional relevante, incluso cuando sus resultados electorales, cada vez más amplios, ejercen una presión continua sobre ese llamado «cordón sanitario». Para la izquierda, el problema que plantea la AfD es especialmente difícil porque su fuerza no puede combatirse únicamente mediante la denuncia moral del extremismo. Una política antifascista eficaz debe cuestionar las condiciones sociales y culturales que hacen plausibles sus narrativas, sin aceptar sus supuestos. Esto significa hablar de salarios, vivienda, servicios públicos y desigualdad, pero también afrontar de lleno el debate sobre el género, la sexualidad y la reproducción social.
La extrema derecha describe los derechos LGBTQIA+, el feminismo y las políticas de igualdad y diversidad como privilegios de una élite urbana desconectada de la «gente corriente». La respuesta progresista debe demostrar que estos derechos no son una cuestión periférica o exclusivamente cultural: tienen que ver con la distribución del poder, la seguridad, la autonomía corporal y la participación social. Del mismo modo, debe argumentar que la defensa de los derechos de las personas migrantes no se opone a las preocupaciones materiales de la población trabajadora. Por otra parte, la fragmentación de estas cuestiones beneficia a la derecha radical, cuya estrategia consiste en fomentar la competencia entre grupos que sufren diversas formas de precariedad. El reto político para la izquierda alemana, por lo tanto, consiste en construir una alternativa que conecte la justicia económica, la democracia, la igualdad de género, los derechos sexuales y una política migratoria basada en los derechos, en lugar de convertir la agenda política de la extrema derecha en el punto de partida del debate electoral.
Uno de los aspectos más importantes, y potencialmente más duraderos, de lo que estamos presenciando es la popularidad de la AfD entre los jóvenes y la capacidad del partido para ocupar los espacios digitales en los que las nuevas generaciones construyen sus identidades políticas. En Sajonia-Anhalt, el 41 % obtenido por la AfD entre los votantes de entre 18 y 24 años resulta especialmente significativo. Evidentemente, esto no permite concluir que la totalidad de los jóvenes alemanes se esté volviendo, en su mayoría, de extrema derecha. Pero sí hace igualmente insostenible la idea de que la juventud sea, automáticamente, sinónimo de progresismo.
Parte de la explicación radica en la transformación de la comunicación política. TikTok, Instagram, YouTube y otras plataformas no funcionan simplemente como medios neutros de transmisión de posiciones políticas. Sus algoritmos favorecen formatos capaces de captar la atención, generar identificación emocional e interacción rápida. La AfD está demostrando una considerable capacidad para adaptar sus estrategias de comunicación a esta lógica, utilizando el humor, la provocación, los memes, la personalización y el antagonismo cultural para presentar posiciones políticas complejas de una manera muy accesible. Esto es especialmente importante en el debate en torno al género y la sexualidad. Un debate sobre políticas de igualdad puede reducirse a unos segundos de vídeo sobre la «ideología de género»; una discusión sobre los derechos trans puede transformarse en una narrativa sobre una supuesta amenaza para los niños; las políticas feministas pueden presentarse como una guerra contra los hombres; y los derechos LGBTQIA+ pueden asociarse a la idea de una élite que estaría imponiendo nuevos valores a la sociedad.
La eficacia de esta estrategia de comunicación no depende necesariamente de que los usuarios se dejen convencer por una ideología coherente. Funciona simplemente a través de la normalización de determinadas categorías de pensamiento, haciendo que lo que antes parecía extremista resulte cada vez más familiar, divertido o aceptable. Precisamente por eso, la izquierda no debería interpretar este fenómeno de forma simplista. Los jóvenes también utilizan las redes sociales para generar contranarrativas, organizar movimientos feministas y LGBTQIA+, denunciar el racismo y construir nuevas formas de solidaridad política. El problema no es la existencia de las redes sociales en sí, sino la lucha desigual por la atención y la mayor o menor capacidad para transformar las frustraciones sociales en narrativas políticas.
En este sentido, el auge de la AfD entre los jóvenes debe entenderse no solo como un cambio electoral, sino como parte de una disputa cultural por la definición de lo que significa ser joven, alemán, hombre, mujer, queer, migrante o ciudadano en una sociedad en transformación. La respuesta de la izquierda no puede consistir simplemente en pedir a los jóvenes que sean «más progresistas». Debe ofrecer formas convincentes de pertenencia, comunidad y futuro, en las que la igualdad, la libertad sexual y de género y la seguridad material no aparezcan como proyectos separados, sino como dimensiones de una misma transformación democrática.
Uno de los ámbitos en los que las consecuencias del avance electoral de la AfD se hacen especialmente evidentes es el de los derechos reproductivos y la autonomía sobre el propio cuerpo. La AfD no solo defiende una interpretación conservadora de la legislación vigente, sino también una restricción drástica del acceso al aborto. En su borrador de programa electoral para las elecciones federales, bajo el lema «Willkommenskultur für Kinder» («Cultura de acogida para los niños»), el partido propone que la interrupción voluntaria del embarazo quede prácticamente prohibida, permitiéndose únicamente en circunstancias excepcionales. Entre las medidas previstas se encuentran la presentación obligatoria de imágenes de ecografía del embrión durante el asesoramiento a mujeres en situación de conflicto y el fomento de la adopción como alternativa al aborto. En julio de 2026, el grupo parlamentario de la AfD en el Bundestag presentó una propuesta para excluir a Pro Familia, una organización alemana dedicada a la planificación familiar, la salud sexual y los derechos reproductivos, del asesoramiento obligatorio para las mujeres que desean abortar, y para suspender la financiación pública destinada a este servicio. Se trata, por lo tanto, de una organización con una postura favorable al derecho a decidir en materia reproductiva, y no de una organización antiabortista, como podría sugerir su denominación en el contexto brasileño o latinoamericano. La AfD también se opuso categóricamente a las iniciativas para flexibilizar el artículo 218 del Código Penal alemán, que regula jurídicamente el aborto.
Un aspecto importante para comprender el alcance de estas propuestas es la denominada «normativa sobre el asesoramiento» (Beratungsregelung). En Alemania, el aborto sigue figurando formalmente en el Código Penal, pero no es punible cuando la persona embarazada acude a una sesión de asesoramiento obligatorio en una institución reconocida, respeta un plazo mínimo de tres días entre el asesoramiento y la intervención y se somete al aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación. Es decir, se trata de una situación en la que el aborto sigue considerándose jurídicamente ilícito, pero deja de ser punible cuando se cumplen determinadas condiciones. En 2025, alrededor del 96 % de los abortos registrados en Alemania se realizaron de acuerdo con esta normativa de asesoramiento, mientras que aproximadamente el 4 % se basó en una indicación médica o criminológica. Limitar los abortos legales exclusivamente a los casos en los que existe un riesgo para la vida o la salud de la embarazada o en los que el embarazo es consecuencia de un delito, como la violación, significaría, por lo tanto, retirar la base jurídica de la gran mayoría de los abortos que se practican actualmente. Desde el punto de vista feminista, estas iniciativas van más allá del debate jurídico sobre la protección de la vida durante el embarazo: representan un intento de subordinar la autonomía reproductiva a una concepción tradicional de la familia, la maternidad y los roles de género.
Esta dimensión cobra aún mayor relevancia cuando las propuestas de la AfD se enmarcan en una ideología pronatalista más amplia. Alemania se enfrenta, de hecho, a una profunda transformación demográfica: en 2025 nacieron solo 654 241 niños, la cifra más baja desde 1946, y la tasa de fecundidad cayó a 1,32 hijos por mujer. Al mismo tiempo, el país registró un déficit natural de unas 352 000 personas, es decir, fallecieron muchas más personas de las que nacieron. La baja fecundidad y el envejecimiento plantean problemas reales para la seguridad social, el mercado laboral y la organización de los servicios públicos. Es en este contexto donde las políticas no etnonacionalistas de apoyo a la reproducción y la paternidad, como el Elterngeld (prestación que compensa parte de la pérdida de ingresos tras el nacimiento de un hijo), el Elternzeit (permiso parental con protección del empleo), el Kindergeld (prestación económica destinada a las familias por hijo), la ampliación de las Kitas (guarderías e instituciones de educación infantil), las desgravaciones fiscales y la Mütterrente (reconocimiento de los períodos dedicados a la crianza de los hijos en el cálculo de la pensión de jubilación), pueden entenderse como instrumentos de política social. Su objetivo es reducir los costes económicos de la crianza de los hijos y mejorar las condiciones materiales para que las personas puedan tener los hijos que deseen, sin determinar quién debe reproducirse. La cuestión cambia radicalmente cuando el natalismo se vincula a un proyecto nacionalista y etnonacionalista: en ese caso, la reproducción deja de entenderse fundamentalmente como una elección individual o una cuestión de justicia social y pasa a concebirse como un instrumento para garantizar la continuidad demográfica de una determinada comunidad cultural o étnica.
La historia alemana ofrece precedentes particularmente sombríos de esta transformación. Durante la Primera Guerra Mundial, los discursos sobre la maternidad comenzaron a presentar el embarazo y la reproducción como una especie de equivalente femenino del servicio militar. Bajo el nazismo, esta lógica se radicalizó: la Mutterkreuz (Cruz de Honor de las Madres Alemanas, condecoración otorgada a mujeres consideradas racialmente «valiosas» por tener varios hijos) premiaba la maternidad «racialmente deseable», mientras que el Lebensborn (programa de las SS destinado a promover los nacimientos considerados racialmente deseables y, posteriormente, a la germanización de niños secuestrados en los territorios ocupados) pretendía ampliar la reproducción de personas consideradas «arias». Al mismo tiempo, el Estado nazi aplicaba una política brutalmente antinatalista contra las personas consideradas «indeseables», mediante esterilizaciones forzadas, persecución y asesinato. Este contraste es fundamental: el natalismo fascista nunca significó simplemente «más niños», sino una mayor reproducción de determinados grupos y una menor reproducción de otros. La comparación histórica no significa equiparar a la AfD con el nazismo, pero ayuda a comprender por qué la relación entre reproducción, nacionalismo y poder estatal merece una atención crítica.
En la extrema derecha contemporánea, esta lógica reaparece bajo diferentes formas. La AfD defiende una «nationale Bevölkerungspolitik» (política demográfica nacional) y vincula el declive demográfico con la continuidad de la población alemana, contraponiendo las políticas de fomento de la natalidad a la inmigración. El antiguo eslogan «Kinder statt Inder» («niños en lugar de indios»), utilizado en el debate alemán del año 2000 sobre la inmigración de trabajadores cualificados, resumía esta idea de sustituir parcialmente la inmigración por la reproducción interna. Más recientemente, los discursos sobre un «giro demográfico» (demografische Wende) pueden combinar preocupaciones legítimas sobre el envejecimiento y la escasez de mano de obra con la idea de que la inmigración amenaza la continuidad cultural de Alemania. Es en este punto donde la restricción del aborto deja de ser una cuestión aislada y pasa a formar parte de una política de gobernanza de la reproducción: si cada nacimiento se concibe como una contribución a la supervivencia demográfica de la nación, la interrupción de un embarazo puede reinterpretarse como una pérdida para la colectividad. Esta visión también aparece en las subculturas digitales «tradwife» (movimiento que idealiza los roles de género tradicionales, el matrimonio, la maternidad y las familias numerosas), en las que la valorización de la maternidad puede combinarse con discursos antiinmigración y de «remigración» (proyecto político de expulsión o retorno forzoso de personas consideradas extranjeras o que no pertenecen a la comunidad nacional). Como sintetizó Maria Antonietta Macciocchi, «la plaga del fascismo desencadenó una epidemia familista y natalista». La cuestión contemporánea no es si el Estado debe apoyar a quienes desean tener hijos, sino si la política demográfica amplía la libertad reproductiva o convierte la reproducción en un deber nacional.