La Ley de Reforma de la Prostituci\u00f3n (LRP) entr\u00f3 en vigor en Nueva Zelanda en junio de 2003. La LRP despenaliz\u00f3 la prostituci\u00f3n, cre\u00f3 un marco legal para salvaguardar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales; promovi\u00f3 el bienestar y la salud laboral y la seguridad de las trabajadoras sexuales; y prohibi\u00f3 el uso en prostituci\u00f3n de personas menores de 18 a\u00f1os. La LRP estableci\u00f3 tambi\u00e9n un r\u00e9gimen de certificaci\u00f3n para los directores de burdeles y un marco para que las autoridades territoriales pudieran hacer reglamentos.<\/p>\n
La LRP est\u00e1 disponible online aqu\u00ed: A la implementaci\u00f3n de la LRP se adjunt\u00f3 un proceso de revisi\u00f3n a los cinco a\u00f1os y se estableci\u00f3 el Comit\u00e9 de Revisi\u00f3n de la Ley de Prostituci\u00f3n (CRLP) para llevar a cabo esta revisi\u00f3n. Sus conclusiones pueden verse en: El CRLP reconoce que la LRP fue un cambio desde un enfoque moralista de la prostituci\u00f3n a un enfoque de salud y derechos humanos. Su informe estuvo sustentado en una investigaci\u00f3n basada en la evidencia, recurriendo a la investigaci\u00f3n del Centro de Investigaci\u00f3n Crimen y Justicia (CICJ) de la Universidad Victoria, de Wellington (Nueva Zelanda) y de la Escuela de Medicina de Christchurch (EMC), de Christchurch (Nueva Zelanda).<\/p>\n Las entrevistas con los informantes clave del CICJ para la Revisi\u00f3n de la Ley de Reforma de la Prostituci\u00f3n 2003 pueden verse aqu\u00ed: El informe de la EMC sobre el efecto de la Ley de Reforma de la Prostituci\u00f3n sobre las pr\u00e1cticas de salud y de seguridad de las trabajadoras sexuales puede verse aqu\u00ed: Este resumen de la LRP est\u00e1 basado en el Informe del Comit\u00e9 de Revisi\u00f3n de la Ley de Prostituci\u00f3n sobre el funcionamiento de la Ley de Reforma de la Prostituci\u00f3n, 2003, del CICJ, y resalta los siguientes aspectos: LRP y derechos humanos; salud, seguridad y bienestar de las trabajadoras sexuales; salida de la industria del sexo; el sistema de certificaci\u00f3n del director de burdel; el uso de menores de edad en la prostituci\u00f3n; las trabajadoras sexuales de calle; la respuesta de las autoridades territoriales a la LRP; y las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales.<\/p>\n LRP y derechos humanos:<\/strong><\/p>\n La LRP salvaguarda el derecho de las menores de 18 a\u00f1os a no ser utilizadas en el trabajo sexual; el derecho de las adultas a no ser forzadas a hacer trabajo sexual, incluyendo el derecho a rehusar un cliente en particular o una pr\u00e1ctica sexual determinada; y el derecho a no verse sometidas a pr\u00e1cticas de empleo explotadoras. La comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n para la revisi\u00f3n hall\u00f3 que el 90% de las trabajadoras sent\u00edan que ahora ten\u00edan derechos legales bajo la LRP y m\u00e1s del 60% sent\u00edan que les era m\u00e1s f\u00e1cil negarse a proporcionar servicios sexuales comerciales. La LRP ha empoderado a las trabajadoras sexuales al eliminar la ilegalidad de su trabajo, permiti\u00e9ndolas as\u00ed acceder con m\u00e1s libertad a la ayuda de la polic\u00eda y a los procesos de resoluci\u00f3n de empleo.<\/p>\n Salud, seguridad y bienestar de las trabajadoras sexuales:<\/strong><\/p>\n La LRP trajo a la industria del sexo al \u00e1mbito de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, 1992. La investigaci\u00f3n se\u00f1ala que existe un alto nivel de conciencia de los requisitos de Salud y Seguridad Ocupacionales (SSO) en la industria del sexo, pero que no se puede medir su cumplimiento ya que no existe un sistema de inspecciones regulares de los burdeles por funcionarios m\u00e9dicos de salud y por el Departamento de Trabajo. La mayor\u00eda de las trabajadoras sexuales entrevistadas por la EMC dijeron que ahora se sent\u00edan m\u00e1s predispuestas a denunciar a la polic\u00eda incidentes de violencia. Entrada y salida de la industria del sexo:<\/strong> El sistema de certificaci\u00f3n de director de burdel:<\/strong> El uso de menores de edad en la prostituci\u00f3n:<\/strong> Trabajadoras sexuales de calle:<\/strong> Respuesta de las autoridades territoriales a la LRP:<\/strong> Condiciones de trabajo de las trabajadoras sexuales:<\/strong>
\nhttp:\/\/www.legislation.govt.nz\/act\/public\/2003\/0028\/latest\/DLM197815.html<\/a><\/p>\n
\nhttp:\/\/www.justice.govt.nz\/prostitution-law-review-committee\/publications\/plrc-report\/tables.html?search=true<\/a><\/p>\n
\nhttp:\/\/www.justice.govt.nz\/prostitution-law-review-committee\/publications\/key-informant-interviews\/index.html<\/a><\/p>\n
\nhttp:\/\/www.justice.govt.nz\/prostitution-law-review-committee\/publications\/impact-health-safety\/<\/a>.<\/p>\n
\nLos directores de burdeles deben adoptar y promover ahora pr\u00e1cticas sexuales m\u00e1s seguras. Si se encuentra que no han tomado todas las medidas razonables para asegurar que los servicios de sexo comercial cuenten con preservativos u otros m\u00e9todos de barrera apropiados, o no han proporcionado la correcta informaci\u00f3n sanitaria, pueden ser sentenciados a una multa que no exceda de $2.000. (Al Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda le preocupa que esta disposici\u00f3n pueda ser usada contra las trabajadoras sexuales).<\/p>\n
\nDe acuerdo con la investigaci\u00f3n, las razones para entrar y salir de la industria del sexo son diversas y complejas, aunque la raz\u00f3n que se expres\u00f3 con m\u00e1s frecuencia para entrar en la industria de sexo fue financiera: 93% de las trabajadoras sexuales encuestadas por la EMC mencionaron el dinero como una raz\u00f3n tanto para entrar como para permanecer en la industria del sexo. Las barreras m\u00e1s significativas para salir de la industria del sexo son la falta de ingresos alternativos, el rechazo a perder el horario laboral flexible, y el sentimiento de pertenencia y camarader\u00eda que declaran algunas trabajadoras sexuales. Hasta el momento no se ha desarrollado ning\u00fan modelo de mejor pr\u00e1ctica para ayudar a las trabajadoras sexuales a dejar la industria del sexo.<\/p>\n
\nTodo director de un negocio de prostituci\u00f3n debe tener un certificado expedido seg\u00fan lo establecido en la secci\u00f3n 35 de la LRP; cualquier persona que no tenga dicho certificado y est\u00e9 dirigiendo un burdel est\u00e1 sometido a una condena y multa que no exceda los $10.000. Los certificados se obtienen en el Registro del Juzgado de Distrito de Auckland (Nueva Zelanda) y son v\u00e1lidos por tres a\u00f1os. Diversas delitos identificados en la Ley (Subsecci\u00f3n 2 de la secci\u00f3n 36) descalifican a las personas que los hayan cometido para obtener un certificado de director de burdel. El CRLP concluy\u00f3 que el actual r\u00e9gimen de certificaci\u00f3n de burdel es efectivo, aunque sugiri\u00f3 que se a\u00f1adiera un criterio al proceso, seg\u00fan el cual toda persona que tuviera el certificado deberia estar dispuesto a facilitar la inspecci\u00f3n por el Departamento de Trabajo de los burdeles que regente. (El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda est\u00e1 preocupado porque el sistema de certificaci\u00f3n es demasiado restrictivo y hace que solo unas pocas personas puedan conseguir certificados). La certificaci\u00f3n no se aplica a los burdeles dirigidos por peque\u00f1os propietarios, (BDPP), definidos por la LRP como aquellos burdeles en los que no trabajan m\u00e1s de cuatro trabajadoras sexuales y en los que ellas mismas controlan sus ingresos.<\/p>\n
\nLa LRP tipifica como delito organizar o acoger, o facilitar o recibir un pago por los servicios de sexo comercial de una persona menor de 18 a\u00f1os. No comete delito la persona menor de 18 a\u00f1os que proporcione servicios de sexo comercial. La LRP ha proyectado luz sobre este tema, y parece que solo 1,3% del total de trabajadoras sexuales es menor de 18 a\u00f1os, y que muy pocas personas j\u00f3venes que pueden ser consideradas \u201cde riesgo\u201d est\u00e1n implicadas en trabajo sexual. Lo m\u00e1s importante es que las trabajadoras sexuales menores de 18 a\u00f1os ya no son procesadas por su implicaci\u00f3n en el trabajo sexual.<\/p>\n
\nEl sector de trabajo sexual localizado en la calle constituye el 11% de la industria del sexo, y es el sector m\u00e1s peque\u00f1o de dicha industria.
\nLa investigaci\u00f3n encontr\u00f3 que el n\u00famero de trabajadoras sexuales de calle ha permanecido estable desde la implantaci\u00f3n de la LRP. El CICJ ha sugerido una respuesta en tres frentes a los problemas potenciales con el trabajo sexual de calle: medidas proactivas tomadas por los gobiernos locales tales como la provisi\u00f3n de iluminaci\u00f3n y limpieza de calle, la presencia de polic\u00eda para prevenir las conductas desordenadas y servicios adecuados proporcionados por las ONGs.<\/p>\n
\nLa encuesta hecha por la EMC a las Autoridades Territoriales en relaci\u00f3n al impacto de la LRP, ha encontrado que las Autoridades Territoriales no han tenido problemas con la industria del sexo y han recibido pocas quejas. Poco despu\u00e9s de la instauraci\u00f3n de la LRP cierto n\u00famero de Autoridades Territoriales establecieron ordenanzas municipales o hicieron cambios en sus planes de distrito en relaci\u00f3n al trabajo sexual comercial. Estas Autoridades Territoriales han impuesto un sistema de licencias, tanto para los burdeles grandes como para los dirigidos por peque\u00f1os propietarios, (definidos estos como aquellos en los que no trabajan m\u00e1s de cuatro trabajadoras sexuales que, adem\u00e1s, controlan sus ingresos). Ha habido preocupaci\u00f3n porque estas medidas pudieran potencialmente recriminalizar a aquellas trabajadoras sexuales que, por diversas razones, no pudieran adaptarse a ellas. Ciertos puntos de algunas de estas ordenanzas municipales, en particular los relativos a la localizaci\u00f3n de los burdeles, han sido derogados desde entonces, ya que se vio que violaban la LRP.<\/p>\n
\nPara los fines del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DSST), una trabajadora sexual est\u00e1 \u201cactiva\u201d cuando est\u00e1 proporcionando servicios sexuales. Se han desarrollado gu\u00edas de seguridad y salud por parte del DSST, previa consulta con el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, las trabajadoras sexuales y los directores de burdeles.<\/p>\n